Una fuerza militar de paz de África oriental debe superar varios obstáculos para desplegarse en Somalia, país que carece de instituciones estatales y está a merced de señores de la guerra desde 1991.
Un ministro del gobierno interino somalí lo consideró una medida "bienvenida". En cambio, el analista Kizito Sabala, del no gubernamental Foro de Paz en África con sede en Nairobi, consideró que se trataba de un "suicidio".
Las dudas ocupan a políticos y expertos tanto de Somalia como de los países de la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo (IGAD), el bloque de África oriental que resolvió el jueves el envío de tropas para imponer la paz en aquella nación.
El grupo de naciones que integran Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Uganda condujo las extensas negociaciones que permitieron instalar un gobierno somalí de transición en 2004, luego de los 13 años de caos que siguieron a la caída del dictador Mohamed Siad Barre.
En aquellos tiempos, la debacle institucional somalí dio pie al envío de una fuerza de paz de la ONU que debió retirarse en 1993, debido a las numerosas bajas sufridas.
El gobierno de transición no ha sido capaz de ejercer su poder más allá de la ciudad meridional de Baidoa, donde está radicado. La semana pasada hubo, incluso, un sangriento combate por el control del aeropuerto local.
Las autoridades sufrieron un nuevo retroceso en junio, cuando las milicias de la Unión de Tribunales Islámicos tomaron el control de Mogadiscio, la capital, hasta entonces en poder de milicias a las que se consideraba apoyadas por Estados Unidos.
Estados Unidos acusa a los Tribunales Islámicos de vínculos con la red terrorista Al Qaeda, lo cual es rechazado por esa organización, que también controla buena parte del centro y sur del país. Allí ha logrado imponer la ley islámica (shariá), y no con unánime beneplácito.
El gobierno de transición apoya el despliegue de tropas de IGAD, pero los Tribunales Islámicos se oponen con vehemencia a cualquier presencia militar extranjera. Varios miles de personas se manifestaron el jueves y el miércoles en las calles de Mogadiscio contra la misión de paz.
"Enviar pacificadores a Somalia en este momento será un suicidio", dijo Sabala a IPS. "Los líderes de los Tribunales Islámicos se han opuesto con mucha claridad."
De cualquier manera, la misión debería contar con suficientes potestades para cumplir con su cometido, agregó.
"Si IGAD logra desplegar pacificadores en Somalia, el alcance del mandato es un asunto clave. ¿Qué facultades se le adjudicarán? ¿Tendrá capacidad suficiente para lidiar con las milicias? Podría reiterarse el fiasco que sufrieron los soldados estadounidenses en los años 90", consideró.
Dieciocho militares de Estados Unidos murieron en Mogadiscio en octubre de 1993, y 75 resultaron heridos, en una emboscada iniciada con el derribo de un helicóptero.
Estos soldados integraban una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a cargo de estabilizar el país y distribuir ayuda humanitaria en medio de una intensa sequía y de un recrudecimiento de los combates.
En esa ocasión, también murieron cientos de somalíes. Aquel mismo año, habían caído 24 soldados nepaleses atacados por las milicias que lideraba Mohammed Farah Aideed.
El Grupo Internacional de Crisis, organización de especialistas con sede en Bruselas, alertó en agosto contra el despliegue de una misión de paz.
Los expertos consideraron que IGAD debe postergar sus planes hasta que el gobierno de transición y los Tribunales Islámicos acuerden los objetivos, la composición y los plazos del contingente africano.
Actualmente, la discusión sobre el despliegue de "pacificadores extranjeros para fortalecer el gobierno de transición" tuvo el efecto de sembrar para sus autoridades una imagen de "ineficaz y dependiente del apoyo extranjero", aprovechada por "diversos grupos opositores", según el Grupo Internacional de Crisis.
Pero IGAD pareció no atender esta posición.
El despliegue de la misión del bloque "ha recibido una bienvenida unánime", dijo el canciller keniata Raphael Tuju luego de la resolución, adoptada por representantes del bloque reunidos en Nairobi.
"No hay nada nuevo que pueda considerarse un obstáculo al despliegue", agregó el canciller somalí Muhammed Hurreh.
De hecho, el gobierno de Etiopía debió asegurar que no había tropas suyas apostadas en Baidoa para apoyar a las autoridades de la transición somalí, como indican insistentes versiones.
La supuesta presencia de tropas etiopes constituía una amenaza para las negociaciones entre el gobierno de transición y los Tribunales Islámicos, con la mediación de la Liga Árabe.
Los Tribunales, incluso, declararon la guerra santa (jihad) contra Etiopía, país con el que Somalia ha tenido conflictos durante décadas. Pero Eritrea —país enfrentado, a su vez, con Etiopía— es acusada de enviar armas a las milicias islámicas.
La fuerza de paz de IGAD aún debe esperar un acuerdo entre el gobierno de transición y los Tribunales Islámicos, que la semana pasada lograron coincidencias para repartirse el poder político.
El bloque también aguarda para implementar su decisión financiamiento de la Unión Africana y un levantamiento del embargo de armas que pesa sobre Somalia, dispuesto por la ONU. (FIN/IPS/traen-mj/jm/jh/af ip hd/06)
