Testimonios elevan hasta 12 la cantidad de muertos a balazos por efectivos del ejército de Venezuela en las explotaciones ilegales de oro de la zona selvática de La Paragua, unos 600 kilómetros al sudeste de la capital del país. Pero las autoridades admiten sólo cuatro hasta ahora.
La acción represiva disparó violentas protestas en zonas mineras del sudeste, mostró la dificultad para erradicar esta actividad ilegal en la Guayana venezolana y es una carga explosiva de profundidad para el programa gubernamental de convertir a los trabajadores artesanales del sector, que depredan el ambiente, en agricultores, guías de turismo u obreros forestales.
Además de la violación a los derechos humanos fundamentales, el caso mostraría "un cambio progresivo, que observamos en los últimos meses, con la aparición de cada vez más elementos de represión del gobierno frente a la protesta popular", dijo a IPS Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea.
El sábado pasado, Manuel Lizardi, minero del sector Turumbán junto al río La Paragua, se presentó herido en el hospital de la capital regional, Ciudad Bolívar, y denunció que efectivos militares llegaron el día anterior a la "bulla" (explotación rústica), sometieron a los mineros y los acribillaron. Cuatro compañeros suyos perecieron pero él pudo escapar tras fingirse muerto.
Los fallecidos, cuyos cadáveres encontró ese mismo sábado la Policía Judicial, son José Rondón, Ramón García, Livardo Sánchez y Yovanny Lima, estos dos últimos de nacionalidad brasileña.
[related_articles]
Empero, aún no hay claridad sobre el número de personas que había en la bulla cuando apareció el ejército ni sobre la cantidad de asesinados.
Lizardi y Katiuska Sánchez, hija de Livardo, dijeron que al menos dos indígenas también perecieron allí, pero sus comunidades retiraron los cadáveres y rehúsan informar, y otros parientes dan cuenta de al menos tres desaparecidos más.
Como reguero de pólvora corrieron los rumores por esa zona de unas 50.000 hectáreas donde actúan unos 40.000 mineros, según estimados de sus dirigentes. Hubo versiones de otros tres brasileños y más indígenas asesinados, lo cual puede llevar a una cifra de víctimas fatales de 12.
También se comenta en el lugar de la supuesta apropiación por parte de los militares de 10 kilogramos de oro, al mismo tiempo que destruían la maquinaria, materiales y emplazamiento de los mineros en Turumbán.
El general Francisco Enrich, comandante del teatro de Operaciones 5, que cubre el sudeste venezolano, informó primeramente que se trató de "un pleito entre mineros por una bulla de oro", y luego el ministro de Defensa, general Raúl Baduel, habló de un enfrentamiento armado entre buscadores de oro y militares.
Según Baduel, efectivos a bordo de un helicóptero observaron que en la zona se ejercía la minería en forma ilegal "y la aeronave apenas pudo posarse en tierra para desembarcar a las personas que iban a actuar, y debió salir del área". "Personas armadas se adentraron en la selva circundante y desde allí dispararon a la comisión. En el lugar fueron incautadas armas", añadió.
Sin embargo, el ministro ordenó una investigación, puso a la orden de la Fiscalía General de la República a los militares que actuaron en Turumbán y dijo que "la Fuerza Armada no cohonestará ningún acto ilícito ".
Alvarado reconoció que "es positiva esta actitud declarativa del Ministerio de la Defensa, su disposición a colaborar y a que actúe allí la justicia civil".
El ingeniero Víctor Castillo, habitante de La Paragua, poblado minero junto al río, dijo que la versión que recogió de Lizardi es que los soldados bajaron y dispararon sobre los mineros sin mediar palabra. También le dijo que varios fueron rematados de rodillas.
Javier Lezama, activista de los mineros en La Paragua, dijo a IPS en conversación telefónica que "no es creíble que unos mineros, que quizá tenga una o dos armas de caza o artesanales, se enfrenten a efectivos del ejército que llegan a bordo de un helicóptero artillado y provistos de fusiles y otras armas automáticas".
Centenares de enfurecidos mineros, vecinos y familiares salieron a protestar el domingo y en la víspera en La Paragua y en Maripa, capital municipal y cuyo alcalde, Juan Carlos Figarella, fue mencionado por Baduel como denunciante de la explotación rústica ilegal.
Un puesto de vigilancia del ejército fue tomado e incendiado, así como camionetas de la gobernación del estado de Bolívar y del Ministerio de Ambiente. La misma suerte corrió la casa del alcalde Figarella, mientras la carretera de la zona fue bloqueada durante horas por los neumáticos y vehículos incendiados.
El gobernador del sudoriental estado de Bolívar, Francisco Rangel, aseguró que tomará medidas para garantizar el orden público y contener la violencia, precisamente con apoyo del ejército.
La Fiscalía General designó a tres de sus miembros para investigar los hechos, el Defensor del Pueblo abogó por una investigación y, desde los gobernantes Movimiento Quinta República y Podemos, hicieron lo propio los dirigentes Freddy Bernal e Ismael García.
Los partidos opositores criticaron acremente el uso de la violencia contra los mineros, y el ex gobernador izquierdista de Bolívar Andrés Velásquez dijo que, "aun tratándose de minería ilegal, nadie puede arrebatarle la vida a los mineros".
William Saúd, dirigente de un gremio de minería, dijo que "el problema es que el gobierno decidió que esta zona debe preservarse ambientalmente y debemos ir a otras labores. Muy bien. Pero ¿dónde están los programas y, mientras llegan, cómo sostiene el minero a su familia?, preguntó.
"En la zona somos unos 40.000, o sea que somos el sostén de unas 200.000 personas en Bolívar", un estado con 1,5 millones de habitantes.
Un buscador de oro y diamantes en la región, que se identificó como Manuel, comentó a IPS que un minero puede lograr, un día de suerte, hasta ganar 1.500 dólares y, en cambio, los programas del gobierno, a lo más, le entregan esa cantidad en forma de préstamo para que trabaje un cuatrimestre en agricultura, reforestación, artesanía o turismo.
Gran parte del sudeste, la Guayana venezolana, tiene territorio bajo alguna clase de protección ambiental. Tanto para preservar flora, fauna y paisaje como las fuentes de agua, en particular la cuenca del río Caroní, de 90.000 kilómetros cuadrados, que alimenta Guri y otras represas que generan 12.500 megavatios hora, suministran 70 por ciento de la electricidad que consume el país y exportan el fluido al norte de Brasil.
El gobierno prohibió, desde agosto, toda actividad minera en la cuenca del Caroní, cuyo mayor afluente es el río Paragua, Simultáneamente, instrumentó un programa para reubicar a parte de los mineros en otras zonas de Bolívar y convertir al resto, con apoyo financiero, en labradores, personal para reforestar, artesanos, guías turísticos o proveedores de otros servicios.
La viceministra de Ordenación Territorial en el Ministerio de Ambiente, Nora Delgado, informó, antes del actual estallido de violencia, que en la cuenca del río Caroní se habían acogido al programa de reconversión "a otras actividades compatibles con la vocación hidroeléctrica de la cuenca" un total de 1.954 mineros.
La cifra, según el Ministerio, representa 24 por ciento de la población censada en esa actividad, por lo cual el gobierno esperaba solucionar el problema con la reconversión de otros 6.000 mineros. Las cifras obviamente discrepan de las que aportan los activistas y sindicalistas sobre el terreno. Todo el sudeste venezolano es escenario de enfrentamientos entre las actividades mineras, energéticas y forestales, y las de conservación ambiental.
Esa región está pendiente de concesiones para extraer oro y diamantes y para la explotación de madera, que el Estado podría optar entre compañías privadas o emprender con las suyas propias en el flanco más oriental, junto a la frontera con Guyana.
También la zona es cruzada por un tendido eléctrico que lleva hasta 500 megavatios hora al norte de Brasil. En el futuro, esa área será atravesada, si se concreta el proyecto, por el gasoducto que empalmará los yacimientos en el Caribe con centros de consumo hasta el Río de la Plata.
Ahora aparece el tema de violación a los derechos humanos fundamentales por fuerzas encuadradas en teatros de operaciones, una figura extraordinaria dentro de la arquitectura castrense que hasta ahora era empleada en la frontera con Colombia, para combatir incursiones de guerrilleros izquierdistas, paramilitares de derecha, secuestradores y narcotraficantes.
