Legisladores de Iberoamérica finalizaron este martes un encuentro en la capital uruguaya con un llamado a no levantar muros fronterizos para impedir la entrada de inmigrantes y la convocatoria a una cruzada contra el tráfico de personas y la explotación laboral de extranjeros.
"Se condena expresamente la construcción de muros y barreras como soluciones al problema de la migración", así como políticas "racistas y xenófobas" que ignoran que "la integración de los emigrantes contribuye a la cohesión social y a la estabilidad de los países que los reciben", dijo el diputado ecuatoriano Xavier Sandoval, en el cierre del Foro Parlamentario Iberoamericano, iniciado el lunes.
Sandoval, al presentar el informe de una de las mesas de trabajo en que se dividió el encuentro, subrayó la necesidad de que "los modelos económicos y de desarrollo tengan como objetivo acabar con la desigualdad social y con la pobreza, elementos que potencian la emigración".
"Ante los desafíos de la seguridad global, hoy más que nunca, se debe dar respuesta a los desafíos de la inmigración de manera constructiva para reducir los riesgos de los emigrantes y sus familias", agregó.
El Foro finalizó este martes con la aprobación de una declaración, que incluye sugerencias a ser presentadas ante la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en noviembre también en Montevideo.
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En el documento, los legisladores de 19 países de América Latina, y de Andorra, España y Portugal proponen a los mandatarios la creación de un Foro Iberoamericano de Migraciones y Desarrollo, con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones.
También sugieren la adopción de políticas estatales que fomenten la inserción laboral de los inmigrantes en los países de recepción, con especial atención en la situación de las mujeres, así como medidas para reducir los costos de los envíos de remesas de dinero a sus países de origen.
Por su parte, en la declaración final, los parlamentarios se comprometieron a promover en sus respectivos países políticas de inclusión social de los inmigrantes, así como de retorno voluntario de los extranjeros a sus lugares de origen. También a adoptar una agenda legislativa común con un enfoque de género y que responda a las necesidades de las poblaciones indígenas.
El diputado Sandoval subrayó que las remesas de los emigrantes "son un componente esencial de las economías latinoamericanas" y propuso la creación de vías oficiales para las transferencias de dinero y medidas para facilitarlas, como la exoneración de impuestos.
Mientras, el senador dominicano Dionis Sánchez subrayó la necesidad de que los estados provean especial atención a la problemática de la trata de personas, así como a la situación de los indígenas y afrodescendientes emigrantes.
"El estado de derecho es el que tiene la responsabilidad de establecer las normas migratorias. Por tanto, se debe favorecer generación de consensos para la adopción de nuevas leyes y tratados internacionales sobre inmigración", añadió.
El senador paraguayo Alfredo Ratti también expresó su preocupación sobre el tráfico de personas.
"Para garantizar los derechos, la emigración debe ser regulada por los poderes públicos con políticas positivos desde el país de origen hasta la integración plena en el país de recepción", afirmó.
"La regulación positiva puede ordenar el fenómeno migratorio y evitar que se sitúe en los márgenes de la legalidad, donde los derechos no pueden ser garantizados por las autoridades públicas, al quedar las personas en manos de mafias de traficantes", añadió.
Subrayó, además, que "la defensa de los derechos de los emigrantes implica la condena de políticas discriminatorias, del tráfico ilegal de personas, de la xenofobia y el racismo".
Por su parte, la diputada cubana Tamara Valido puso énfasis en el enfoque de género que deben tener las políticas migratorias.
"Las mujeres constituyen casi la mitad del total mundial de emigrantes internacionales: 25 millones. Pese a que contribuyen al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza, sólo últimamente la comunidad internacional ha comenzado a tener a las mujeres en cuenta a la hora de elaborar sus políticas migratorias", afirmó.
Valido indicó que, para muchas mujeres, la emigración "es un fenómeno a través del cual comienzan a romper un círculo de exclusión y pobreza, gracias a las oportunidades que les ofrecen sus países de destino, como inserción laboral, empoderamiento, cambios de los roles y relaciones de género".
"Sin embargo, para otras mujeres, la mayoría, la condición de emigrante profundiza la vulnerabilidad a la que se ven sometidas en sus países de origen: vulneración de sus derechos, abusos de todo tipo y violencia", añadió.
Los legisladores aprobaron también por unanimidad el Estatuto de Montevideo, que rige el funcionamiento y establece los objetivos del Foro.
"Se trata de un documento de consenso, en donde con unos cuantos artículos se establecen las bases de lo que debe ser la institucionalización del Foro. Se podrá seguir construyendo sobre esos cimientos", explicó el senador español Luis Fraga, al presentar el texto.
"En la medida en que se fortalece a la comunidad, se fortalece a cada uno de nuestros pueblos. La voz de Iberoamérica será cada vez más fuerte en el mundo y, gracias a estos instrumentos, seremos esa importante comunidad de naciones", añadió. El Estatuto establece como meta contribuir "al fortalecimiento del estado de derecho, de la vida, de las instituciones democráticas, de los derechos humanos y de la ciudadanía, del desarrollo económico, social y educativo, del diálogo intercultural, así como del derecho internacional y de la paz entre nuestros pueblos".
