El mundo del restaurador Mohamed Samsudin, de 41 años, se desplomó un día de diciembre de 2000 cuando fue detenido por la policía de Malasia y recluido tres años, sin cargos.
"Estábamos en la habitación del hotel con unos amigos esperando para levantar un envío de mercancías cuando la policía allanó el lugar y nos arrestó", recordó Samsudin el comienzo de su pesadilla.
De origen indio, Samsudin fue liberado tres años después, pero su suplicio como "presunto delincuente" no terminó. "Fui maltratado, detenido sin proceso y padecí dolores intolerables en varios calabozos mugrientos y hacinados e instituciones carcelarias", relató a IPS.
"Estuve preso con criminales hechos y derechos. Cuando me duermo la pesadilla regresa".
"No podré borrar nunca ese capítulo doloroso de mi vida", señaló Samsudin, quien demanda ahora la policía y al gobierno de Malasia por detención y reclusión ilegal, violación de sus derechos fundamentales y por una compensación por los daños sufridos en el cautiverio.
Como cientos de otros "presuntos criminales", Samsudin fue arrestado en el marco de un decreto de emergencia de 1969 que permite a la policía detener por tiempo indefinido sin cargo ni juicio.
Samsudin fue liberado en 2003 tan repentinamente como había sido detenido, sin explicación ni disculpas.
El último informe de 35 páginas de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Londres, documenta experiencias similares a la de Samsudin.
"Culpable antes del juicio: Detención indefinida en el marco de la ordenanza (decreto) de emergencia" evidencia cómo el gobierno malasio mantiene personas detenidas sin plazos, cargos ni juicios, y las somete a tratos degradantes y torturas, e inclusive las vuelve tras órdenes judiciales de libertad.
Miles de malasios quedan detenidos, por mera sospecha policial, y confinados en calabozos, golpeados y luego recluidos en la prisión de Simpang Rengam, en el meridional estado de Johore. Las personas arrestadas no sólo son consideradas culpables por el gobierno sino que también son juzgadas y condenadas por la prensa, revela el informe.
Los diarios controlados por el gobierno califican a los detenidos de matones y mafiosos, como si los cargos estuvieran comprobados.
La mayoría de los afectados son pobres y trabajadores que terminan victimizados por lo que HRW califica la ley de "antigua, primitiva y totalmente inaceptable".
"Es importante que los malasios comprendan que todo el sufrimiento vivido por Samsudin fue por meras sospechas. Nunca fue acusado, procesado ni hallado culpable", dijo la investigadora y autora del informe, Sahr Muhammed Ally, de la división para Asia de HRW.
Con ayuda de defensores de derechos humanos, las víctimas del decreto de 1969 pueden por fin defenderse. Los damnificados reclaman al gobierno revocar esa norma, liberar a todos los detenidos, utilizar sólo los códigos Penal y de Procedimiento Penal para la investigación de delitos y la acusación de sospechosos, y dejar que los tribunales dicten sentencia.
"Esta es la forma adecuada y civilizada de proceder en la justicia, detener y encarcelar sospechosos es primitivo y retrotrae a Malasia a la edad de piedra", afirmó el activista S. Arulchelvam.
El decreto fue concebido para sofocar la escalada de violencia y de incendios intencionales desatados tras la disputas étnicas (entre la mayoría malaya y la comunidad de origen chino) de 1969. Pero ahora se utiliza como herramienta de prevención de delitos para arrestar a "presuntos delincuentes".
Unos 700 "sospechosos" son arrestados por año sin plazos en el marco de esa norma, afirma el informe de HRW. La detención puede extenderse o el presunto delincuente puede ser liberado tras su "rehabilitación".
El documento revela que uno de los damnificados lleva preso ocho años.
"Los disturbios que originaron la norma se acabaron, pero ésta no fue derogada y se aplica con frecuencia por mera sospecha", dijo Yap Swee Send, director ejecutivo de la destacada organización no gubernamental de derechos humanos Suaram.
"En vez de llevar adelante una investigación y un proceso adecuado, la policía toma un camino fácil y encierra a las personas sin juicio", dijo Yap a IPS. "Aun si los liberan no tienen garantías de que no los vuelvan a detener. Esta ley es totalmente injusta y debe ser derogada".
Y lo que es peor aun, los detenidos no pueden recusar su arresto salvo por razones de procedimiento, y cuando por fin consiguen la libertad, mediante recursos de hábeas corpus, la policía los espera fuera de los tribunales para volver a detenerlos.
"El veredicto de culpable o inocente debe dictarlo un tribunal independiente y no un decreto del Poder Ejecutivo, es un principio básico", señaló Ally. "Malasia debe revocar la ordenanza y utilizar la normativa penal común para juzgar a los sospechosos", sostuvo.
La Comisión Real para Mejorar la Policía Real de Malasia, creada por el gobierno, recomendó el año pasado revocar el decreto por concluir que había "sobrevivido a sus objetivos y violado el derecho a la libertad".
Pero el gobierno no ha dado señales, a pesar de la recomendación. Mientras, la presión para su derogación, en el ámbito local e internacional, se fortalece.
