Indígenas organizados de Colombia presentaron un documento a la comunidad internacional en el que denuncian violaciones de derechos humanos, e instan a que se los apoye como grupo especialmente vulnerable y víctima del conflicto armado que ya dura más de 40 años.
En Colombia existen 94 pueblos indígenas con una población total de 750.000 personas, que representan 1,8 por ciento del total de la población. Veintiocho de estas comunidades tienen menos de 500 habitantes. Cuatro de ellas están conformadas por menos de 60 personas.
Las estadísticas de las organizaciones indígenas para 2006, y hasta el 9 de agosto, dan cuenta de 18 homicidios, 28 desapariciones, dos muertes por efecto de las minas antipersonal, 279 detenidos de manera irregular y sin respetar el debido proceso, 10.800 amenazados de muerte, 12 secuestrados, 75 heridos y 5.731 personas obligadas a abandonar sus territorios ancestrales.
En 2005 fueron asesinados 104, en 2004, 189, y en 2003 se cometieron 175 crímenes contra la población indígena, la mayoría de los cuales están en la impunidad.
Estas se consideran cifras parciales, pues algunas comunidades viven en medio de la selva sin facilidades de comunicación y expuestos a los actores armados, al miedo y al silencio.
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Estas denuncias fueron expuestas en el documento entregado por el Consejo Nacional Indígena de Paz (Conip) a la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (MIV), que visitó el país entre el 19 de septiembre y este viernes, conformada por organizaciones no gubernamentales (ONG) de Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Italia, Suiza, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Holanda y Francia.
La MIV fue convocada por el Conip, que está integrado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Asociación Indígena Colombiana, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana y la Confederación Indígena Tairona. El Conip se creó en 2001 en el Congreso de los Pueblos Indígenas.
La MIV contó con el acompañamiento de ONG colombianas especializadas en derechos humanos, como la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados, y con observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y las embajadas de Suiza y Alemania, además de una delegación de la Comisión Europea.
La MIV realizó una gira por los departamentos de Cauca (sudoccidente), Arauca y Guaviare (oriente) y Córdoba (noroccidente), y visitó la Sierra Nevada de Santa Marta (norte).
En ellas habitan comunidades indígenas que se ubican en regiones de enorme riqueza natural, propicias para el desarrollo de proyectos en el que se interesan empresas de capital extranjero.
El documento preparado por indígenas afirma que la "persecución y asesinato de sus autoridades, invasión de territorios para explotar y extraer hidrocarburos y madera, resistencia a fumigaciones aéreas y bombardeos, (los nativos) están constreñidos en su movilidad o son obligados al desplazamiento, están enfermos y tienen incertidumbre alimentaria".
Como resultado de las visitas regionales, la MIV emitió este viernes un documento con diez recomendaciones que fue dado a conocer por Charlie Roberts, coordinador del Colombia Human Rights Committee (Comité para los Derechos Humanos en Colombia), con sede en Washington.
Entre ellas se destaca el llamado urgente al gobierno colombiano para que respete el derecho internacional humanitario (DIH), considere los resguardos (territorios de indígenas legalizados) como zonas de paz, se tome en cuenta el llamado unánime de los grupos indígenas de no ser involucrados en la guerra interna, así como la protección de manera especial a los pueblos en riesgo de extinción.
A la Unión Europea y al G-24 (grupo de cooperantes internacionales de este país sudamericano) se les solicita un seguimiento detallado a la situación de los pueblos indígenas en el marco de lo acordado en la conferencia de Londres de 2003 y en la Cumbre de Cartagena sobre los Derechos Humanos y la Cooperación Internacional en Colombia, en 2005, resultante de aquella reunión.
A Estados Unidos, la MIV solicitó la observación detallada del respeto de los territorios y la propiedad indígenas en el desarrollo de los programas de la política de seguridad democrática que pone en práctica Bogotá con apoyo económico de Washington.
A los grupos armados ilegales, la misión los instó a respetar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, vida y autonomía, y los principios del DIH.
Al relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas se le solicitó una nueva y pronta visita de seguimiento, para monitorear el cumplimiento de sus recomendaciones al Estado colombiano.
La MIV, que concluyó este viernes su visita, se originó en las recomendaciones hechas en 2004 por el relator especial, Rodolfo Stavenhagen.
La agenda de la MIV también incluyó la realización del Foro Nacional por la Vida, que el jueves reunió en Bogotá a representantes de comunidades indígenas de distintas partes del país.
De manera simultánea se realizó el Foro de Mujeres Indígenas, con un llamado al respeto por su vida, honra y seguridad personal. De manera confidencial, 23 de ellas narraron actos de violencia contra sus personas y familias, para luego emitir el documento de conclusiones "Mujeres indígenas y sus voces de resistencia".
"Vivimos una situación muy compleja que afecta a todas las comunidades indígenas del país. Sin embargo, queremos avanzar en la recuperación de lo nuestro, en el reconocimiento de lo que nos pertenece, manteniéndonos fuera de la guerra" aseguró a IPS Feliciano Valencia, del pueblo nasa, ubicado en occidental departamento del Cauca.
"Necesitamos del apoyo internacional y de la gente en general", agregó este indígena sobreviviente de un ataque de granada y líder de un grupo poblacional que se ha destacado por expresiones y marchas pacíficas.
La MIV anunció una red de información constante sobre la situación de los pueblos indígenas de Colombia.
"Esta es una tarea que compete a todos. El seguimiento deben hacerlo los periodistas, las comunidades y los representantes de la agencias y la cooperación internacional en Colombia", dijo a IPS Roberts, portavoz de la MIV.
La misión se entrevistó con representantes de los ministerios de Educación, Agricultura y Medio Ambiente, y del Departamento Administrativo de Acción Social.
No hubo receptividad de parte de la Vicepresidencia de la República, ni de las carteras del Interior y de Justicia, y de Minas y Energía, fundamentales en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, dijo Roberts.
