Las comunidades mapuches volverán a movilizarse dentro y fuera de Chile por los tres comuneros y una activista que permanecieron 67 días en huelga de hambre este año, y que esperaban la aprobación de un proyecto de ley que les concediera la libertad condicional, el cual fue rechazado por el Senado.
"El único responsable de las consecuencias de estas movilizaciones va a ser el gobierno de Chile", declaró a IPS Domingo Marileo, miembro del comité político por la vida y la libertad de los presos políticos mapuches, quien no descarta que los cuatro huelguistas decidan reponer su radical protesta ante el fracaso de las iniciativas legales para sacarlos de la cárcel.
Juan Huenulao, Patricia Troncoso y los hermanos Patricio y Jaime Marileo, recluidos desde 2001 en la prisión de Temuco, capital de la austral región de la Araucanía, cumplieron una huelga de hambre durante 67 días entre marzo y mayo de este año.
Los indígenas, ahora en otra prisión de la región, manifestaron de esa manera su rechazo a la sentencia judicial que los condenó a 10 años y un día de reclusión y al pago de más de 800.000 dólares por el delito de incendio terrorista, del que se declararon inocentes.
El incendio en diciembre de 2001 destruyó 100 hectáreas de una plantación de pinos en el predio Poluco Podenco de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, cercana a Temuco. Para juzgar a los inculpados, el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) invocó la ley antiterrorista de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y modificada bajo la transición democrática.
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Luego de una campaña nacional e internacional en reclamo de la libertad de los presos —en la cual el escritor portugués y premio Nobel de Literatura, José Saramago, pidió a la presidenta chilena Michelle Bachelet una "solución"—, el gobierno accedió a ponerle suma urgencia a un proyecto de ley que hubiera permitido liberar a los condenados.
Pero este miércoles, y después de varios aplazamientos, el Senado rechazó por 20 votos en contra, 13 a favor y dos abstenciones, la iniciativa legal que modificaba el decreto de libertad condicional, presentada por los senadores Alejandro Navarro y Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista (PS), y Guido Girardi, del Partido Por la Democracia (PPD), los tres oficialistas.
Todos los senadores de la oposición derechista, agrupados en los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), se pronunciaron contra el proyecto. A ellos se sumaron tres senadores del oficialista Partido Demócrata Cristiano (DC). A favor sólo lo hicieron legisladores del bloque gobernante, mientras que otros dos senadores de la DC se abstuvieron.
"Esta fue la crónica de una muerte anunciada", dijo a IPS Richard Caifal, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que el proyecto presentado por los senadores Navarro, Girardi y Letelier estaba mal redactado y seguramente iba a ser objetado por el Tribunal Constitucional (TC).
Caifal explicó que después de cuatro meses de infructuosas negociaciones, el pueblo mapuche está sumamente decepcionado con el gobierno, ya que éste se comprometió a buscar la fórmula necesaria para dejar en libertad a los indígenas. Confiando en ello, los comuneros y la activista optaron por deponer la huelga de hambre que los mantenía al borde de la muerte.
Al finalizar la sesión, el senador Navarro señaló que la iniciativa intentaba "remediar" el grave error político de haber aplicado la ley antiterrorista a este caso, "porque está claramente establecido, incluso por tribunales chilenos, que no hay asociación ilícita ni hay acto terrorista en el caso de los comuneros mapuches, a quienes se buscaba beneficiar" con el proyecto.
El legislador pronosticó que la errónea decisión del gobierno del ex presidente Lagos "le va a costar caro al país en materia internacional y, lamentablemente, va a estar asociada sin duda a elementos de movilización social porque es un portazo en la cara para quienes buscan la pacificación en la Araucanía".
Más aún, el senador democristiano Jorge Pizarro, quien se abstuvo en la votación de este miércoles, criticó la ausencia del ministro de Justicia, Isidro Solís, en el debate de la cámara alta, considerando que "el gobierno había quedado en hacer una serie de indicaciones que mejoraran el proyecto" y que no fueron efectuadas.
Como "no hubo coordinación, presencia del gobierno, ni decisión del Ministerio de Justicia en una materia tan delicada, yo me abstuve", explicó el legislador.
Caifal dejó al descubierto la poca voluntad y desprolijidad gubernamental en este caso. "Luego de aceptar, en una primera instancia, ponerle suma urgencia al proyecto de ley presentado por el senador Navarro, el Ejecutivo consideró que la iniciativa contenía ciertos vicios y que sería rechazada por el TC, por lo que planteó en su reemplazo modificar la ley antiterrorista", relató.
Pero, a las pocas semanas, el gobierno cambió de parecer y manifestó que esa alternativa tampoco era viable, acotó el también portavoz de la Alianza Territorial Wenteche. De esta forma, la administración de Bachelet optó por reponer el imperfecto proyecto de ley de Navarro, rechazado este miércoles.
"El comité político por la vida y la libertad de los presos políticos mapuches, al que asesoré jurídicamente, presentó una serie de indicaciones para mejorar los dos proyectos, pero no fue escuchado", indicó Caifal.
El representante del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con sede en la ciudad de Temuco, cree que esto fue resultado de la campaña en contra del movimiento indígena realizada por la oposición derechista, amparada por parlamentarios del DC.
Sergio Laurenti, director del capítulo chileno de Amnistía Internacional (AI), señaló a IPS que es muy decepcionante que se no haya logrado solucionar la situación de los presos mapuches y que el problema de fondo radica en la aplicación de la "inconstitucional e irregular" ley antiterrorista.
"Me temo que se esté arrinconando al gobierno desde la oposición para que se tomen otras medidas más cómodas, como el indulto, que no es una medida que apoyemos ni recomendemos", declaró Laurenti, quien advirtió que es probable que recrudezca la violencia, por lo que el gobierno tiene que actuar de forma urgente.
"No hay una política indígena en el país. El gobierno está dando palos de ciego", graficó Caifal, mencionando la grave situación que se vive en la localidad de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, novena región, donde las comunidades mapuches denuncian constantes y violentos allanamientos de fuerzas especiales de Carabineros (policía uniformada).
En Nueva Imperial, también en la novena región de la Araucanía, el 27 de agosto murió un agricultor mapuche de 71 años, mientras que sus dos hijos quedaron heridos, cuando la policía repelió a balazos el supuesto robo de animales que el grupo estaba cometiendo.
Marileo considera que es hora de que el pueblo mapuche tenga su propia voz política, dado que ya no confía en la coalición de centroizquierda que gobierna el país hace 16 años. "Tiene que abrirse un proceso democrático, una alternativa a este sistema al que no le interesa la vida de las personas", afirmó el dirigente indígena.
Por eso, las entidades mapuches convocarán a todos los sectores que se sientan excluidos y discriminados por el sistema, muchos de los cuales ya se encuentran movilizados, como los estudiantes secundarios, los profesores y los sindicatos de la salud, para crear una gran plataforma de cambio, dijo.
Según el censo de 2002, casi 700.000 personas —4,6 por ciento de la población chilena— pertenecen a diversas etnias, entre las que se destaca la mapuche, que constituye 87,3 por ciento de esas minorías.
