Cuando sólo faltan 10 días para las elecciones de Brasil, la última esperanza de la oposición de llegar a una segunda vuelta presidencial es que el nuevo escándalo de corrupción que involucra a dirigentes del partido de gobierno cause una rápida erosión en la popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente Lula tendría que perder cerca de 10 por ciento de las adhesiones que le atribuyeron las últimas encuestas de intención de voto para no ser reelegido en la primera ronda electoral del 1 de octubre y tener así que competir con el segundo más votado el 29 de octubre.
Pero esa es una posibilidad prácticamente descartada, pues "el pueblo está definido" y no cambiará su voto, sostuvo Joao Pedro Stédile, uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en rueda de prensa con corresponsales extranjeros este jueves en Río de Janeiro.
El tiempo se convirtió en un elector decisivo. La oposición tiene 10 días para explotar al máximo el escándalo que afecta al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y forzar así una segunda vuelta. En caso de lograrlo, contará con cuatro semanas más para acentuar la corrosión del oficialismo, tratando de vincular a Lula con los delitos de los que se acusa a colaboradores suyos.
El caso se agravó desde que dos miembros del comité de la campaña de reelección de Lula fueron detenidos el viernes pasado con más de 1,7 millones de reales (790.000 dólares) en moneda brasileña y estadounidense, destinados a la compra de documentos que supuestamente vincularían a candidatos socialdemócratas opositores a una red de corrupción que investiga el parlamento.
Las nuevas revelaciones obtenidas por la Policía Federal apuntaron a varios amigos personales del presidente Lula, como Freud Godoy, su asesor especial de seguridad, Jorge Lorenzetti, jefe de análisis de riesgo e informaciones de la campaña, y Osvaldo Bargas, antiguo compañero de luchas sindicales y ex secretario de relaciones laborales del Ministerio del Trabajo.
El "efecto dominó" alcanzó al presidente del PT, Ricardo Berzoini, destituido en la víspera de la función de coordinador de la campaña de Lula, después de que admitió haber conocido, aunque de modo parcial, el intento de ofrecer a una revista de alcance nacional informaciones contra candidatos opositores.
Ya no se puede impugnar la candidatura de Lula, porque se agotó el plazo para ese tipo de medidas ante la justicia electoral, pero se podrá, luego de su probable triunfo, intentar "la impugnación de su mandato electivo" por "abuso del poder económico", explicó a IPS el abogado Ivan Nunes Ferreira, experto en leyes electorales.
Sería necesario presentar "pruebas robustas" de que el dinero incautado por la policía en manos de un funcionario y un militante del PT fue "usado ilegalmente, sin rendición de cuentas, en favor del candidato victorioso", señaló.
En casos que involucran al presidente de Brasil y a otros cargos que exigen mayoría de votos, como gobernadores estaduales, la jurisprudencia estableció la exigencia de "pruebas de participación del mismo candidato" en los hechos, acotó.
Algunos juristas destacaron que en el escándalo actual no se concretó ningún delito, porque la detención de los dos agentes del PT y la incautación del dinero hicieron abortar la operación. La compra de documentos no es ilegal, sólo su uso puede configurar un delito, explicaron.
Sin embargo, la revista Isto É publicó el fin de semana pasado una entrevista con el empresario Luiz Antonio Vedoin, quien acusa a los socialdemócratas, especialmente a José Serra, ex ministro de Salud y candidato al gobierno estadual de Sao Paulo, de haber participado en los negocios ilegales con ambulancias adquiridas por el sector público con precios sobrefacturados.
El empresario fue el principal actor de la llamada "mafia de las sanguijuelas", que durante muchos años desvió dinero público a través de proyectos patrocinados por cerca de 100 parlamentarios para la adquisición de ambulancias para centenares de municipalidades.
A Vedoin fue que miembros del comité electoral del PT pretendían comprar un dossier que podría golpear la imagen de Serra y del principal adversario de Lula en las elecciones presidenciales, Geraldo Alckmin.
Otra posible forma de destituir a Lula, en caso de ser reelegido, sería la inhabilitación por juicio parlamentario, una vía más política, que "depende del clima político", observó Ferreira.
El experto recordó el único caso similar, como fue la destitución en 1992 del entonces presidente Fernando Collor de Mello, inhabilitado bajo fuerte movilización popular ante las denuncias de corrupción. Por ése es un proceso prolongado, de muchos meses.
La impugnación por vía judicial puede ser más rápida, en dos o tres meses después de las elecciones, pero también en este caso pesan factores políticos, admitió el abogado.
En opinión de Stédile, "la burguesía" no correrá los "riesgos políticos" de derrocar a Lula aun con la popularidad confirmada en las urnas, sino que aprovechará el escándalo para debilitar más aún al presidente y al PT para mantener al gobierno en la senda "neoliberal".
Lula debería triunfar en la primera vuelta, pero asumirá su segundo período de gobierno, de cuatro años, sin fuerza política y obligado a hacer más concesiones que las que hizo hasta ahora a los banqueros, el capital transnacional y los poderosos del país, sostuvo el líder del MST.
La tarea del MST y de los movimientos sociales es intensificar su organización y movilización, además de construir un "proyecto de desarrollo nacional" que está en discusión en las "asambleas populares" que reúnen a miles de personas, especialmente las vinculadas a pastorales de la Iglesia Católica, para crear condiciones para cambios en el futuro, concluyó.
