El ex candidato presidencial peruano Ollanta Humala será juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1992 en la base militar contrainsurgente de Madre Mía, en la selva del central Alto Huallaga, cuando él era su jefe y actuaba bajo el nombre de guerra de «capitán Carlos».
La jueza Cano sostiene en su resolución que el fiscal Campos halló indicios contundentes de que el "capitán Carlos" perpetró delitos de desaparición forzada, asesinato y lesiones graves, al ordenar a sus tropas secuestrar, torturar y eliminar a presuntos miembros del grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso.
Como parte del proceso, Cano ordenó el cierre de fronteras y el embargo preventivo de los bienes del militar, así como el abono de una fianza de algo más de 6.000 dólares.
Con el caso de Humala, suman alrededor de 280 los oficiales del Ejército que afrontan juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada guerra sucia contra la subversión (1980-2000), pero ninguno está preso.
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Muchos se encuentran en actividad y no pocos se han refugiado en el extranjero, como el teniente Telmo Hurtado Hurtado, acusado de matar a 69 personas en agosto de 1985 en la localidad de Accomarca, en los Andes centrales de Ayacucho, o el capitán de fragata Álvaro Artaza Adrianzén, responsabilizado de asesinatos en Huanta, en la misma región, cometidos a mediados de los años 80.
Ambos salieron del país y viven en Estados Unidos.
Humala, quien perdió por escaso margen en la segunda vuelta de los comicios presidenciales del 4 de junio, alegó en conferencia de prensa su inocencia y señaló que la acusación es parte de una campaña política contra el movimiento que encabeza hacia el cambio estructural del país.
"Si yo tenía la intención del voto de sólo uno por ciento de la población, probablemente nadie habla del caso de Madre Mía. Pero salió en la campaña cuando comencé a subir al 12 por ciento y continuó hasta el final", explicó.
Las acusaciones contra Humala fueron difundidas por los medios de comunicación antes de la primera vuelta de los comicios del 9 de abril. Los periodistas se desplazaron hasta Madre Mía, en el central departamento de Huanuco, donde recogieron testimonios de pobladores que reconocieron en el candidato del Partido Nacionalista Peruano al "capitán Carlos".
Esos testimonios lo señalaron como jefe de la base militar de la zona y autor de operaciones de desaparición, tortura y muerte de sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso.
En primer lugar, Humala negó haber actuado bajo el alias de "capitán Carlos", pero luego admitió que fue jefe de la base de Madre Mía, aunque no cometió delitos.
La independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe sobre violaciones de derechos humanos durante la guerra contrainsurgente, señaló que en la zona del Alto Huallaga, el Ejército cometió gravísimos crímenes contra la población civil.
Aunque el informe publicado en 2003 no identificó a los autores, la CVR entregó a la Fiscalía de la Nación el testimonio de pobladores que señalaban al "capitán Carlos" como uno de los militares protagonistas de los crímenes.
Entre los testimonios registrados por la CVR, a los que tuvo acceso IPS, se consignan los de los familiares de los esposos Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, detenidos por órdenes del "capitán Carlos" y luego desaparecidos, en junio de 1992. El caso jamás fue investigado por el Ministerio Público hasta que Humala se presentó como candidato presidencial.
Catorce años después de aquellas desapariciones, en plena campaña electoral, la hermana de Natividad y cuñada de Benigno, Teresa Ávila, se presentó ante las autoridades asegurando que Humala era el "capitán Carlos".
"Tú sabes quién soy yo porque yo hablé contigo y te rogué por la vida de mi hermana y mi cuñado. Tú eres el 'capitán Carlos', yo te supliqué por ellos", declaró Teresa Ávila. Su testimonio es uno de los más impactantes consignados en la acusación fiscal.
Según Teresa Ávila, cuando se dirigió a la base de Madre Mía y reclamó a Humala por la suerte de sus familiares, éste negó que hubiera ordenado apresarlos y añadió sarcásticamente que si los hubiera tenido presos no habría dudado en matarlos porque "toda manzana podrida hay que tumbarla", y añadió: "Tu familia es una lacra".
Era el 18 de junio de 1992. Seis días después, el 24, Teresa Ávila halló el cadáver de Benigno Sullca con un balazo en la cabeza. El cuerpo de su hermana nunca fue encontrado.
Humala insistió en que jamás mató ni ordenó matar a nadie durante el periodo en que combatió en Madre Mía.
Otro pariente de Teresa Ávila, Jorge Ávila Rivera, dijo a la prensa que también había sido detenido por el "capitán Carlos", al que identificó como Humala.
Según Ávila Rivera, Humala ordenó su muerte, de la que pudo escapar de milagro cuando los soldados estaban a punto de cumplir la orden.
Sin embargo, pocos días después de haber ratificado su testimonio ante el fiscal Arturo Campos, sospechosamente Ávila Rivera se desdijo.
Este incidente, sin embargo, no melló la acusación contra el líder nacionalista porque se han acreditado otros testimonios, entre ellos de dos ex militares que estuvieron bajo sus órdenes.
El portavoz de Humala, Carlos Tapia, quien paradójicamente fue miembro de la CVR, afirmó que en la acusación fiscal y el inicio del juicio había "un tufillo político".
"Primero que todo, Humala va a afrontar el juicio. No va a huir, no va imitar a Alan García (el actual presidente), quien se fue del país y esperó que los procesos judiciales en su contra prescribieran. Eso no hará Humala", dijo Tapia a IPS.
El argumento de la jueza es inconsistente, añadió. "No hay ningún testimonio ni ninguna prueba que indique que Humala fue quien desapareció u ordenó desaparecer a personas. Nosotros lamentamos la desaparición y nos solidarizamos con la familia, pero no hay nada que indique que Humala participó en estos hechos", dijo Tapia.
La jueza Cano dijo a la prensa que el fiscal presentó una denuncia sólida que imputa a la autoría intelectual de Humala de la desaparición forzada y asesinato de Natividad Ávila y Benigno Sullca.
"Para iniciar el juicio no reexigen pruebas contundentes o de culpabilidad plena, necesitamos elementos de prueba iniciales, que sumados hacen que el juzgador considere que hay elementos razonables de que existe un delito. Este es el caso", arguyó.
La magistrada lamentó que Humala y sus representantes afirmaran que había "motivaciones políticas" para procesarlo. "No existe injerencia ni presión de ningún tipo", señaló Cano.
Empero, el líder nacionalista insistió en que el juicio es una maniobra para liquidarlo como cabeza de la oposición del gobierno de García.
"Ha habido una guerra y yo he participado en esa guerra, pero no soy violador de derechos humanos", dijo. "Quiero afrontar con honestidad mi proceso, voy a defender mi inocencia. Pero quiero alertar a la población de que esto es parte de una campaña política".
Fuentes del Ministerio Público con acceso a la acusación fiscal dijeron a IPS que los ex militares interrogados aseveraron que en Madre Mía "todo se hacía por órdenes y en presencia del capitán Carlos" y que, por lo tanto, "estaba perfectamente enterado de las torturas y asesinatos".
Según la CVR, en el Alto Huallaga se cometieron asesinatos o desaparición forzada de 2. 244 personas.
En 1992 se reportaron 276 casos, "lo que constituye la cifra más alta de víctimas de dicho escenario", afirma el informe "Contexto de violencia en la Región Nororiental y los sucesos de la base militar de Madre Mía", de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
"Las denuncias contra Humala han demostrado ser serias y consistentes, y por ello se han logrado dos cosas: la primera, que el fiscal denuncie, y, segundo, que la jueza Cano abra instrucción por estos hechos. Eso quiere decir que existen pruebas indiciarias de la comisión de estos delitos y de la participación de Humala, y por eso es necesario profundizar las investigaciones", dijo a IPS el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Pablo Rojas.
"La actitud que debe tomar es ponerse a derecho y no intentar desacreditar a los testigos. Tampoco debe decir que el caso se trata de una persecución política", dijo Rojas.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional también respaldó la decisión de la jueza, en medio de un clima de presión por parte de sectores las Fuerzas Armadas que ven detrás de los procesos judiciales contra ex combatientes de Sendero Luminoso una "campaña terrorista", y acusan a las organizaciones de derechos humanos de ser parte de ese plan.
"La decisión de la jueza se ajusta a las condiciones que plantean este tipo de procesos. La jueza tenía 15 días para determinar si abría o no instrucción, y ella ha considerado que existen indicios para abrir instrucción", dijo a IPS el director de la filial de Amnistía Internacional en Perú, Ismael Vega Díaz.
"Se están siguiendo los canales normales en este procedimiento. Nosotros estamos viendo que el juicio se desarrolle dentro de lo que es el debido proceso, y no hemos encontrado ningún tipo de presión especial, ni ningún tipo de injerencia. Es un proceso que se está llevando a cabo regularmente", aseveró.
El informe de la CVR aseveró que en las dos décadas de "guerra sucia" las víctimas llegaron a 69.280.
De ser encontrado culpable de los delitos de desaparición forzada y asesinato, Humala podría ser condenado a una pena no menor de 15 años de prisión.
