A 21 años del juicio a los ex comandantes de la última dictadura militar argentina (1976-1983), el ex general Jorge Rafael Videla se sentará de nuevo ante un tribunal para responder por crímenes cometidos en los años 70 y 80 en el marco del Plan Cóndor sudamericano.
La causa está próxima a llegar a juicio oral porque comenzó en 1999 y desde entonces logró sortear uno a uno los argumentos planteados por la defensa para preservar la impunidad del ex dictador y de otros 15 ex jefes militares argentinos que ahora deberán rendir cuentas por el secuestro y desaparición de 110 personas.
El Plan Cóndor fue una concertación de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, sellada en 1976, para trabajar en forma mancomunada en la eliminación de opositores dentro y fuera de fronteras. En esos años, la región devino en territorio franco para el terrorismo de Estado.
A poco de puesto en marcha, el 20 de mayo de 1976, aparecieron asesinados en Buenos Aires el senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, dos políticos uruguayos asilados en este país, junto con otros dos ciudadanos de esa nacionalidad.
También fue hallado ese año cerca de la capital argentina el cadáver del ex presidente de Bolivia Juan José Torres, un militar izquierdista exiliado tras haber sido derrocado en 1971 por el dictador Hugo Banzer. Torres apareció con tres disparos en la nuca.
El chileno Orlando Letelier, que había sido canciller del gobierno de Salvador Allende (1971-1973), fue asesinado en Washington en septiembre de 1976, y los uruguayos Lilián Celiberti, sus hijos y Universindo Rodríguez fueron secuestrados en noviembre de 1978 en Brasil y entregados a autoridades militares en Montevideo.
Estos fueron apenas algunos de los casos más conocidos del Plan Cóndor. Una de las pocas sobrevivientes fue la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en Argentina en julio de 1976 con su bebé de 20 días. Los represores le quitaron al niño y Méndez lo encontró mucho después, ya con 25 años.
Las juntas militares que comandaron la dictadura argentina habían sido condenadas en 1985 por violaciones a los derechos humanos, y fueron indultadas en 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Menem. Pero la causa por el Plan Cóndor y el proceso referido a la apropiación sistemática de menores hijos de opositores secuestrados eludieron esas limitaciones.
En entrevista con IPS, el abogado Alberto Pedroncini, que representa a seis querellantes argentinos, explicó que la denuncia que permitió avanzar en la investigación del Plan Cóndor fue por "privación ilegal de libertad, en el marco de una política de desaparición forzada de personas".
Así se enmarcó el objeto de juicio en una norma superior a las leyes argentinas: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Para reforzar sus argumentos, los abogados formaron una cabeza multinacional con al menos un querellante por cada país involucrado. Respecto de los indultos, argumentaron la imposibilidad de invocar el perdón de un delito permanente como la desaparición de personas, y el tribunal aceptó el argumento.
"Sostuvimos además que el delito fue previo acuerdo de jefes de Estado de los países, que las víctimas pertenecían a todos esos países, y que por eso no podía el caso regirse sólo por la ley argentina sino que se requería de una norma internacional", recordó Pedroncini. El tribunal dispuso en 2004 el procesamiento de los acusados por desaparición forzada, y añadió el delito de "asociación ilícita" para delinquir.
Dos años después, en julio de este año, la Cámara Federal confirmó el pedido de procesamiento de los acusados, casi una veintena de ex jerarcas y agentes del régimen argentino. El tribunal de apelación consideró que la sola concertación de un acto de esa naturaleza con el objeto ilícito que tuvo y la investidura de quienes lo otorgaron era, por sí sola, "un delito de lesa humanidad".
La cámara confirmó entonces el procesamiento por "asociación ilícita para la desaparición forzada de personas" y declaró la aplicabilidad de la Convención. También reconoció la competencia de la justicia argentina para intervenir en la investigación del plan criminal en todo el territorio del delito.
Las medidas ordenadas fueron el procesamiento y prisión preventiva de Videla —que fue presidente de Argentina entre 1976 y 1981— y de los también ex militares Albano Harguindeguy, su ministro del Interior, Antonio Bussi, ex gobernador de la norteña provincia de Tucumán, y Jorge Rovere, ex segundo jefe del I Cuerpo de Ejército.
Fueron procesados asimismo el ex secretario de Planeamiento, Ramón Díaz Bessone, el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, y el ex jefe del III Cuerpo de esa fuerza, Luciano Benjamín Menéndez, además de otros nueve ex oficiales de menor jerarquía en el régimen.
La justicia pidió asimismo la captura internacional del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y de sus lugartenientes en la disuelta policía secreta del régimen, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los ex generales Manuel Contreras y Pedro Espinoza.
Asimismo se requirió la captura de los ex dictadores Banzer (1971-1978), Alfredo Stroessner, de Paraguay (1954-1989), y del ex comandante en jefe del ejército uruguayo Julio César Vadora, todos fallecidos.
La solicitud alcanzó a otros jefes policiales y militares paraguayos, y a agentes de Uruguay que se desempeñaron en el centro de detención ilegal conocido como Automotores Orletti de Buenos Aires, por donde pasaron muchos detenidos uruguayos y algunos argentinos, como la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena, secuestrada en agosto de 1976.
"Lo que nos interesaba era crear una estructura de investigación que sentara un precedente y que tuviera repercusión", sostuvo el letrado aludiendo a la amplia red de personas implicadas, muchas de las cuales no fueron encausadas.
Además de múltiples testimonios, el proceso incorporó una prueba documental "de importancia excepcional" remarcó Pedroncini: un documento del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos desclasificado por pedido de la justicia argentina.
En ese documento, un agregado del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) en la embajada estadounidense en Buenos Aires anunciaba en 1976 a su director general en Washington que se había concertado el Plan Cóndor, y mencionaba a los seis países del Cono Sur de América, subrayando que Argentina y Chile eran sus impulsores más activos.
El informe revelaba que la central de inteligencia regional funcionaría en Chile y que el objeto del Cóndor sería la "eliminación de subversivos, marxistas o izquierdistas" de los países del pacto que fueran localizados en cualquier país del mundo mediante personal enviado con tal fin.
Las acciones contra los opositores llegarían "hasta el asesinato", se afirma textualmente en ese documento.
Hubo además informes de los Archivos del Terror, encontrados en 1992 en una dependencia policial paraguaya, con constancias de interrogatorios y torturas conducidos por agentes chilenos y argentinos en Paraguay, e información oficial chilena sobre actividades de la DINA en Argentina.
"Es una escalofriante radiografía del eje Videla-Pinochet", remarcó el abogado sobre estas pruebas contra los ex dictadores.
Con todo ese material, el juez Guillermo Montenegro está en condiciones de elevar la causa a juicio oral. "Habrá una andanada de ataques de los abogados de los militares", vaticinó el querellante. "Pero esperamos llegar al juicio en un plazo que no signifique la pérdida de vigencia del proceso en la conciencia pública", manifestó.
Para ello, consideró que la justicia uruguaya debería responder a las solicitudes de extradición de militares. Para los demás países, los pedidos de captura siguen vigentes aunque hay dificultades para proceder y algunos de los acusados —todos mayores de 70 años— se van muriendo.
El inicio del juicio oral no significa el cierre total de la investigación. Sólo se trata de someter a proceso y eventualmente condenar a los involucrados cuya responsabilidad esté probada en la etapa de instrucción, de modo que la justicia les llegue antes que la muerte. (FIN/IPS/mv/dcl/ip hd ar sl/06).
