El caso de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú sorprendido con un magro soborno de 300 dólares expone la situación del máximo tribunal encargado de juzgar el más grave fenómeno de corrupción institucional de este país, el del ex presidente Alberto Fujimori.
Eduardo Palacios, magistrado provisional de la Corte Suprema de Justicia que menos de un año atrás fue noticia por absolver a Fujimori (1990-2000), fue sorprendido el lunes por la policía tras haber recibido de manos de un litigante un soborno de mil soles (307 dólares).
Palacios, miembro de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, la máxima instancia del sistema judicial peruano, pidió dinero al ex policía Wilfredo Ipanaqué a cambio de ayudarlo a resolver un juicio en el que el ex uniformado reclama ser reincorporado al cuerpo policial del que fue separado ilegalmente, según alega.
El caso se encuentra radicado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Tras la propuesta de Palacios, Ipanaqué decidió denunciarlo ante la comisaría situada al lado del Palacio de Justicia. Las autoridades organizaron entonces un operativo para sorprender al magistrado con el dinero entregado por el ex policía, previamente marcado.
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En el operativo participaron agentes policiales y representantes de la fiscalía anticorrupción, que ingresaron al despacho de Palacios y le pidieron que retirara de su bolsillo los billetes del soborno.
Ipanaqué no sólo pagó a Palacios. También abonó otros 400 soles (unos 123 dólares) a Gloria Ludeña, secretaria de la Mesa de Partes de la Sala Constitucional de la Corte. Se supone que el magistrado estaba conectado con los jueces de esa Sala.
No se registraba un caso similar en Perú desde el régimen de Fujimori, cuando su entonces asesor Vladimiro Montesinos llevaba una planilla secreta de altos magistrados pagados por el Servicio de Inteligencia Nacional que él dirigía.
Las autoridades filmaron todo el operativo. Cuando pidieron a Palacios que vaciara sus bolsillos, allí estaban los billetes marcados, una suma notablemente reducida si se tiene en cuenta que por su cargo percibe honorarios equivalentes a 5.538 dólares.
Por eso, el diario limeño La República tituló con ironía en su portada "Vocal supremo coimeaba a lo pobre".
En las imágenes se observa al juez resistiéndose a salir de su oficina, de la que tuvo que ser llevado por la policía prácticamente en vilo.
"Yo sólo quería justicia y tuve que hacer esto porque no podemos aceptar la corrupción", dijo a los reporteros el ex policía Ipanaqué, mientras se dirigía a la comisaría para testificar.
"Es un golpe muy duro", dijo a los periodistas el presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano. "Este hecho nos perjudica, consterna y lacera".
La captura se dio en un momento inoportuno para el Poder Judicial, que había rechazado el pedido de la presidenta del Congreso legislativo, Mercedes Cabanillas, de que los magistrados imitaran a los altos cargos de los otros dos poderes, rebajándose los sueldos como medida de austeridad.
El propio Vásquez Vejarano argumentó contra el reclamo alegando que el sistema judicial es autónomo y responde a sus propias reglas. Sin embargo, una ley vigente indica que los magistrados de la Corte Suprema deben ganar lo mismo que los legisladores.
El caso también coincide con la campaña del proyecto Justicia Viva, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), que reclama la publicación del currículum vítae de cada uno de los aspirantes a integrar la Corte Suprema, ahora que están próximos los procesos para elegir a un nuevo presidente del Poder Judicial y a varios magistrados.
Ante la propuesta de transparencia, algunos jueces reaccionaron de forma negativa, como Robinson Gonzales Campos, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte, quien denunció una "grosera intromisión de las ONG", organizaciones no gubernamentales.
Gonzales Campos es uno de los magistrados cuestionados por resoluciones a favor de miembros del régimen de Fujimori —preso en Chile a la espera de un proceso de extradición a su país— y del sistema delictivo montado por Montesinos, detenido en Perú y procesado por múltiples delitos.
Al igual que Gonzales Campos, el magistrado Palacios fue criticado por las autoridades anticorrupción debido a algunos de sus fallos, como el que emitió el 19 de octubre de 2005 a favor de Fujimori, juzgado en ausencia.
A pesar de que un general del ejército aseguró ante la justicia que, siendo Fujimori presidente, le había ordenado comprar equipos de defensa al traficante israelí Moshe Rothschild sin licitación, como manda la ley, Palacios y los demás miembros de la Sala Penal exculparon al ex mandatario de los delitos de asociación ilícita para delinquir y abuso de autoridad.
El abogado de Fujimori en ese caso, César Nakazaki, es ahora quien se ha acreditado como defensor del magistrado Palacios en el caso de su pequeño soborno.
Palacios también desató polémica al acoger el pedido de excarcelación del ex ministro del primer gobierno del actual presidente Alan García (1985-1990), Agustín Mantilla, sentenciado a cuatro años de prisión por haber sido filmado cuando Montesinos le pagaba un soborno de 30.000 dólares.
Otro fallo en el que participó Palacios fue la absolución en 2005 de la legisladora fujimorista Martha Chávez Cossío, acusada por testigos de haber recibido dinero de Montesinos para financiar su campaña.
Poco después, el 1 de enero de este año, y contra todo pronóstico, la Corte Suprema nombró a Palacios presidente de la Sala Penal que deberá juzgar a Fujimori si es extraditado desde Chile.
El caso de Palacios pasó a manos de la Comisión Permanente del Congreso, pues por su investidura tiene la prerrogativa del antejuicio. Pero debido a que es un magistrado provisional, el parlamento resolvió que no le correspondía ese beneficio y remitió lo actuado a la Fiscalía de la Nación para que lo investigue y denuncie como a un ciudadano común.
El legislador Víctor Andrés García, miembro de la Comisión Permanente del Congreso, dijo a IPS que el Poder Legislativo estaba conmovido por el grado que ha alcanzado la corrupción en la máxima instancia judicial.
"Obviamente, Palacios no decidió volverse corrupto ayer (por el lunes), sino que estaba acostumbrado a recibir dinero. Es un 'coimero' (sobornable) de larga data. Lo ha sido siempre. No me cabe duda que le puso precio a sus decisiones", opinó García, del Partido Acción Popular.
El ex magistrado Guillermo Cabala Rossand, quien en 2001 asumió la dirección de la Oficina de Control de Magistratura, órgano fiscalizador del Poder Judicial, y denunció y expulsó a medio centenar de jueces relacionados con la organización criminal de Montesinos, dijo a IPS que Palacios refleja el colapso de la judicatura.
"Es un hecho lamentable pero tiene su lado positivo", explicó. "Se trata de una dura lección para la Corte Suprema, que siempre cerró los ojos ante la realidad judicial. Debido a esa actitud pasiva, la corrupción le ha reventado en la cara".
Ahora, la Corte Suprema revisará los nombramientos de todos los magistrados provisionales y la aplicación de operaciones en los despachos de los jueces.
Pero, ¿son suficientes esas acciones?
"Lo que pasa ahora es que los corruptos observan que quien ha visto los juicios en su contra, quien los ha juzgado o condenado, es uno igual o peor que ellos", dijo el abogado Carlos Rivera, del IDL.
"Es un mensaje muy malo que Palacios haya nombrado como su abogado a Nakazaki, el mismo defensor de Fujimori y de varios procesados por corrupción. Ahora nadie le va a creer cuando diga que hay voluntad de luchar contra la corrupción. Si a un ex policía le pidió mil soles, ¿cuánto le habrá cobrado a los que tienen más recursos?", interrogó.
En 2003, el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) instaló la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) en la que estaban representados magistrados, fiscales, universidades y sociedad civil. Pero las medidas sugeridas allí no se llegaron a aplicar.
Roberto Miranda, uno de los representantes de la sociedad civil en la Ceriajus, señaló a IPS que una de las vigas maestras de la reforma judicial es la lucha contra la corrupción.
"Es necesario aplicar mecanismos para evaluar la moral y ética de los jueces supremos. Hasta el caso de Palacios, se creía que la corrupción estaba instalada en los niveles inferiores del sistema judicial", indicó.
"Pero también es importante resolver el problema de la carga de expedientes que ventila la Corte Suprema. Ese cuello de botella genera corrupción, la posibilidad de que un magistrado pueda ofertar la resolución de un caso rápidamente, o a favor de uno u otro procesado. Eso es terrible y es lo que está pasando", manifestó Miranda.
"Soy inocente. Soy víctima de un complot", se defendió el destituido Palacios cuando lo ingresaban en la cárcel del Palacio de Justicia, a sólo unos pasos del despacho donde acabó su carrera.
