El privatizado sistema de pensiones instaurado por la dictadura en 1981 en Chile, otrora mostrado como ejemplar en el exterior, llevará a que dentro de 20 años casi la mitad de quienes se retiren no puedan siquiera acceder a la pensión mínima. Por eso el gobierno ahora se propone reformarlo.
El proyecto en elaboración por ministros de la presidenta Michelle Bachelet, para ser enviado al Congreso legislativo próximamente, recoge propuestas formuladas por un consejo de expertos convocado en marzo. Empero, el documento emitido por ese grupo es criticado en parte por organizaciones de la sociedad civil por su enfoque "estrictamente técnico".
"El actual sistema de pensiones es una incubadora de la pobreza, pero de la pobreza más dura, que es la del adulto mayor. Por lo tanto tiene que haber una reforma sí o sí", señaló a IPS Cristian Paiba, investigador del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda).
Este centro fue parte de una decena de organizaciones sindicales, empresariales, académicas y sociales que presentaron sus inquietudes e ideas al Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, creado por la propia Bachelet el 17 de marzo, seis días después de haber asumido como la primera presidenta de este país de 15,6 millones de habitantes.
Los 15 economistas que integran el Consejo entregaron el 30 de junio un informe en el que formulan una serie de iniciativas para mejorar el régimen de pensiones de capitalización individual, instaurado por el entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990), que prácticamente eliminó el antiguo sistema estatal de reparto.
A través de un decreto, Pinochet creó las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), constituidas como sociedades anónimas habilitadas para invertir en el país y en el exterior las aportaciones obligatorias de los empleados y las voluntarias de los trabajadores independientes, así como están obligada a pagar las pensiones.
Cuando este sistema se lanzó, se incentivó desde el gobierno a los afiliados de las antiguas Cajas de Compensación, agrupadas en el Instituto de Normalización Previsional (INP), a cambiarse a las AFP, a través de la entrega de un beneficio especial. No obstante, un número importante de personas optó por quedarse en el INP.
Además de jubilaciones, el INP entrega hoy y con fondos estatales pensiones mínimas de 87.853 pesos (unos 170 dólares), a los cotizantes de los dos sistemas que no tengan saldos suficientes en sus cuentas para obtener un beneficio mayor, y pensiones asistenciales a personas de escasos recursos, la cual asciende a 44.186 pesos (88 dólares).
El consejo de expertos asegura que el sistema no está en crisis, pero reconoce que no es capaz de resolver las necesidades previsionales de todos los chilenos, como consecuencia de los cambios demográficos y las tendencias en materia laboral, entre ellas, la alta rotación y los largos periodos de cesantía que ha sufrido la población económicamente activa.
A pesar de identificar una serie de beneficios reportados hasta ahora por el régimen de capitalización individual, como el desarrollo del mercado de capitales del país, el informe critica la insuficiente cobertura poblacional, la desigualdad en materia de género, los altos costos operacionales y la concentración del mercado.
Esta alta concentración se verifica con la existencia en Chile de sólo seis APF, tres de las cuales atienden a 80 por ciento de los 7,3 millones de afiliados que hay en el país.
"De seguir así (el sistema), se estima que dentro de 20 años sólo la mitad de los adultos mayores podrán contar con una pensión superior a la mínima, menos de un cinco por ciento tendrá acceso al ingreso mínimo garantizado por el Estado y el resto apenas obtendrá una pensión inferior a la mínima, una asistencial, de sobrevivencia o no tendrá ninguna", proyecta el consejo asesor.
Entre los sectores más vulnerable se encuentran los empleados de bajos ingresos, los temporarios, los trabajadores independientes y una importante proporción de mujeres, añade el documento preparado por el grupo de economistas dirigidos por Mario Marcel, ex director de presupuesto del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
Actualmente, el informe de la conocida como "Comisión Marcel" es analizado por un comité de ministros integrado por las carteras de Trabajo, de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia y el Servicio Nacional de la Mujer, que elaborarán el proyecto que la presidenta se comprometió a enviar al parlamento en el segundo semestre de este año.
En concreto, el consejo asesor propuso ampliar el actual pilar solidario (pensiones mínimas y asistenciales), creando una pensión básica universal. Mantiene el básico de aporte, costeado por los trabajadores, y le da énfasis a un tercer perfil, basado en el ahorro voluntario de los contribuyentes para aumentar el fondo de las cuentas individuales.
También planteó eliminar la distinción entre trabajadores dependientes e independientes, crear un comité de usuarios integrado por el Estado, las AFP y los trabajadores, para hacer un seguimiento mejor del funcionamiento del sistema.
Sugieren aumentar las competencias por precios entre las administradoras, que el año pasado lograron 24 por ciento de rentabilidad sobre su patrimonio y 30 por ciento de rentabilidad operacional, liderando la lista de las empresas más rentables del país.
Pero una de las ideas más controvertidas fue la de aumentar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años, lo cual fue desechado por la propia Bachelet, quien señaló, al recibir el informe, que el gobierno analizaría todas las propuestas, pero no tenía considerada esa disposición en específico.
"Quiero que las mujeres de Chile estén tranquilas, ya que esta presidenta no va a tomar ninguna decisión que pueda precarizar su situación a la hora de jubilar", advirtió. En Chile, la edad legal de retiro es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres.
Sin embargo, la comisión propone algunas alternativas para terminar con la desigualdad de género, entre ellas, que las mujeres que integran la franja de 60 por ciento más pobre del país reciban una bonificación especial de un año de cotización adicional por cada hijo nacido vivo, algo que es considerado un avance por las organizaciones sindicales.
Considera necesario autorizar aportes previsionales solidarios en cuentas de terceros, permitiendo, por ejemplo, la contribución de un cónyuge que trabaja, a otro que no lo está haciendo por dedicarse al cuidado de los hijos o las tareas domésticas.
En general, el documento no fue bien recibido por las organizaciones sociales. "Consideramos que es un informe técnico, sin un enfoque social", dijo a IPS Ana María Muñoz, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Prueba de ello sería la intención de aumentar la edad de jubilación de la mujer.
Muñoz asegura que no esperaban más, dado que los economistas convocados al consejo eran, a su juicio, seguidores del modelo de desarrollo y representantes de las AFP.
Se criticó en particular la presencia del ex ministro de Hacienda de la dictadura Martín Costabal (1989-1990), ya que los detractores del régimen de capitalización individual aducen que es ilegítimo precisamente por haber sido impuesto por la dictadura.
No obstante, la dirigente sindical destacó la propuesta de fortalecer el pilar solidario, ya que consideran que va en la dirección correcta. El proyecto de la CUT, sin embargo, considera tres aportes para esta columna: estatal, de los trabajadores y de los empleadores.
Algunas organizaciones, como Cenda, piden volver gradualmente al sistema de reparto suprimido en 1981, basándose en el modelo adoptado recientemente en Suecia. El Partido Socialista (PS), integrante de la coalición centroizquierdista gobernante y al cual pertenece Bachelet, planteó, por ejemplo, crear una AFP estatal.
Rossana Costa, investigadora del Instituto de Libertad y Desarrollo, ligado a la oposición derechista e integrante del consejo asesor, refutó las críticas en torno al carácter técnico del grupo, señalando a IPS "que se dio un salto más allá de lo que puede ser incluso razonable". El consejo asesor reconoce lo pequeño que es el pilar social y propone fortalecerlo", apuntó.
Según la economista, "en los países industrializados la rentabilidad del capital es más alta que la evolución de las remuneraciones, por lo tanto lo que es posible entregar en términos de beneficios es más con un sistema contributivo que uno de reparto". Además, aclaró que la presidenta Bachelet nunca pensó en reemplazar el actual régimen sino en mejorarlo.
Al investigador de Cenda le preocupa enormemente la gran ignorancia que existe entre los trabajadores chilenos en torno a este tema.
"Si no conocen el actual sistema no pueden evaluar la reforma que viene", planteó Paiba, quien cree que el nuevo esquema se diseñará prácticamente en el Congreso y el resultado final dependerá de la movilización ciudadana.
En este sentido, la dirigente de la CUT adelantó que ya están en conversaciones con el gobierno y los parlamentarios, tratando de frenar el lobby que realizan las AFP, y que organizarán encuentros informativos en todo el país.
"No creemos que se consiga el sistema de reparto en este proceso de reforma, pero es el faro al que tenemos que apuntar y construir de a poco", comentó Muñoz.
Aseguró, además, que sólo en la discusión parlamentaria se conocerá el grado de compromiso de la coalición de gobierno y de la oposición derechista con la reforma. Aunque esperan que el gobierno le otorgue al proyecto la urgencia que requiere.
Hoy, la población mayor de 60 años alcanza a casi dos millones de personas. Se estima que en 2020 los mayores de 60 años superarán los tres millones, mientras que en 2025 llegarán a 5,7 millones.
