Miles de personas, entre profesores, trabajadores de la salud, empleados públicos y estudiantes secundarios y universitarios, marcharon pacíficamente este martes en distintas ciudades de Chile, uniendo reclamos al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Las marchas fueron convocadas por el Colegio de Profesores, sindicato que protesta por el lento avance de la negociación colectiva que mantiene desde hace algunos meses con el Ministerio de Educación por mejoras salariales y profesionales a los que se sumaron empleados fiscales y estudiantes.
En Santiago, entre 3.000 y 5.000 personas partieron a las 10.30 de la mañana desde la céntrica Plaza Italia, arribando pasado el mediodía al edificio sede de la cartera de Educación, donde se registraron algunos pequeños incidentes.
La columna se manifestó de manera pacífica con carteles y cánticos, acordonada por más de 1.000 efectivos de la policía de Carabineros, dirigidos por primera vez por un general, dado que el gobierno temía que se repitieran los graves desórdenes vividos en la víspera del aniversario del golpe militar de 1973, el 11 de este mes. En otras ciudades del país también se realizaron protestas. En la quinta región de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, se reunieron cerca de 1.000 manifestantes, los cuales caminaron hacia el Congreso legislativo. Lo mismo sucedió en las sureñas ciudades de Temuco y Valdivia y en la austral Aysén.
Pero la movilización de este martes no sólo responde a una presión por acelerar las tratativas del sector magisterial con el Ejecutivo. Los docentes decidieron aprovechar la coyuntura social para levantar sus históricas demandas de una gran reforma al sistema educativo, que devuelva al Estado su rol regulador y fiscalizador.
[related_articles]
Los maestros piden la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), promulgada el 10 de marzo de 1990 por el entonces dictador Augusto Pinochet, un día antes de entregar el gobierno al presidente democrático Patricio Aylwin (1990-1994).
La LOCE permitió la creación de colegios privados con subvención estatal y el traspaso de los establecimientos que estaban bajo dirección del Estado nacional a los 345 municipios del país, iniciando un cuestionado proceso de descentralización y privatización de la educación.
El ministro portavoz del gobierno, Ricardo Lagos Weber, señaló el lunes que "el gobierno no entiende por qué se lleva a cabo (la marcha), ya que el Ejecutivo está dialogando con los profesores hace meses. No ha terminado la negociación, por lo que es injustificado este acto".
Los primeros en adherirse a la protesta convocada por los maestros fueron los estudiantes secundarios, quienes protagonizaron en mayo y junio de este año un masivo paro nacional, con marchas multitudinarias, exigiendo beneficios en materia de transporte, alimentación e infraestructura.
Los "pingüinos", como se les apoda en alusión a sus uniformes, también exigen revisar la Jornada Escolar Completa (JEC), implementada durante el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1995-2000), y derogar la LOCE.
La importante crisis provocada por los estudiantes hace tres meses obligó al gobierno a establecer una numerosa y heterogénea comisión asesora, encargada de elaborar propuestas para modificar el actual sistema escolar.
La entidad multidisciplinaria, encabezada por el académico e investigador Juan Eduardo García- Huidobro, entregará su primer informe a la presidenta este viernes, aconsejando modificar la "municipalización" de la educación, entre otros aspectos.
No obstante, los estudiantes están impacientes y quieren que el gobierno defina cuanto antes su posición en torno a la derogación de la LOCE y otras reformas estructurales.
Los trabajadores estatales de la salud también se plegaron a la marcha, ya que hace 19 días se encuentran de huelga, exigiendo aumentos de salarios y otros beneficios laborales.
Según el gobierno, son 5.000 los funcionarios públicos movilizados, mientras que la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats), único sindicato (de un total de cinco) que continúa en conflicto, aseguró que esa cifra se eleva a 35.000.
La situación se ha tornado crítica en varios hospitales públicos del país, donde se han debido aplazar más de 5.000 cirugías por falta de personal. Los pacientes más graves están siendo derivados a clínicas privadas.
Hasta hace una semana, los técnicos, administrativos y auxiliares seguían atendiendo a los enfermos más graves, no obstante algunos decidieron abandonar los turnos "mínimos" o "éticos" para sumarse a las manifestaciones callejeras.
En varias ciudades del país se han realizado marchas y barricadas y se informó de 53 trabajadores en huelga de hambre. En una de las protestas, los empleados incluso quemaron un ataúd con el nombre de la ministra de Salud, Soledad Barría.
El abandono de los turnos mínimos por parte del personal motivó que la cartera iniciara sumarios administrativos. El lunes se informó del despido de una decena de empleados de un servicio de urgencia de la capital.
Ese mismo día, el gobierno dio por terminada la negociación colectiva y anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que reajusta los salarios y mejora la carrera funcionarial en un plazo de cuatro años.
La ministra Barría declaró que "la propuesta es excelente", ya que contiene los acuerdos alcanzados hasta ahora con cuatro de los cinco sindicatos. De igual forma, el portavoz Lagos Weber señaló que el gobierno está consciente de que "existe una gran deuda" con los trabajadores de la salud, y que la oferta gubernamental es "un esfuerzo muy grande, muy mayúsculo, que implica muchos recursos".
Sin embargo, el presidente de la Confenats acusó al gobierno de "soberbio" por enviar un proyecto de ley al parlamento antes de haber terminado las negociaciones con todos los trabajadores movilizados.
La Iglesia Católica, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, manifestó su disposición a facilitar el diálogo entre las partes, preocupada por la extensión del paro y el perjuicio que están sufriendo las personas más pobres.
Por otra parte, las organizaciones que participaron en la protesta de este martes criticaron la decisión del Ejecutivo de prohibir el paso de la columna por la Alameda, la principal avenida de la capital, y por las calles contiguas al palacio de La Moneda, sede del gobierno.
Esta fue una de las consecuencias de los disturbios registrados el día 10, durante la marcha convocada por la Asamblea de Derechos Humanos, para recordar los 33 años del golpe de Estado perpetrado en 1973 por el Ejército contra el entonces presidente Salvador Allende.
Grupos de anarquistas con los rostros cubiertos lanzaron ese día una bomba molotov a una de las ventanas de La Moneda, la cual ardió unos minutos, provocando el inmediato repudio de Bachelet y de la dirigencia política.
Los primeros seis meses de gobierno de Bachelet han sido sumamente complejos, ya que ha debido enfrentar sucesivas y fuertes movilizaciones, dijo a IPS el director del Centro de Estudios Socioculturales, Raúl Zarzurri.
"Estamos en presencia de la reconfiguración del movimiento social chileno", situación que no se veía desde el retorno a la democracia en 1990, opinó el experto.
"La gente está pidiendo que se resuelva la desigual distribución de la riqueza, alentada por la actual situación económica del país", considerando que el fisco tiene importantes reservas gracias a las exportaciones de cobre que en los últimos años se ha transado a altos precios en el mercado internacional, acotó Zarzurri.
La ciudadanía le está cobrando la palabra a la presidenta, ya que ésta llegó al poder promoviendo la participación de la población, sostuvo. "Claro que el gobierno nunca esperó una efervescencia social tan grande" que seguramente continuará con nuevas manifestaciones, previno.
