Los biocombustibles crecen en América Latina y alimentan los sueños de abundancia de países como Argentina y Colombia. Pero la experiencia de Brasil, el pionero, plantea interrogantes sobre el potencial impacto ambiental de esta fuente energética.
De la mano del etanol y el biodiesel, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se propone convertir en una potencia energética a su país, cuyo vuelo económico fue atajado en los años 70 por la dependencia del petróleo importado y sus bruscas alzas de precios.
Sin embargo, ecologistas advierten que, aunque los biocombustibles reducen los gases del efecto invernadero (causantes del cambio climático), también pueden desatar una fuerte expansión de monocultivos, que deforestan y destruyen la biodiversidad.
Solitario durante tres décadas en el uso masivo del etanol, o alcohol etílico, para sustituir parte de la gasolina, Brasil desarrolló tecnologías y una economía cañera que le aseguran una competitividad absoluta en la exportación del insumo, aún limitada por barreras proteccionistas y un mercado internacional titubeante. Y pretende disputar el mercado de biodiesel, donde no tiene la misma calidad de pionero.
Otros países de la región quieren emular la estrategia brasileña. Colombia y Argentina se destacan por fortalecer legislaciones para el fomento de los biocombustibles.
Una ley aprobada en 2001 estipula que la gasolina colombiana deberá tener 10 por ciento de etanol en 2009 y deberá alcanzar gradualmente 25 por ciento en 15 a 20 años. Una legislación similar se prepara para el biodiesel, con base en la palma africana, de la que ya se producen 600.000 toneladas anuales de aceite con fines alimentarios.
"Colombia puede ser el tercero en producción de biocombustibles, superada sólo por Estados Unidos y Brasil, si le resulta favorable la producción de aceite de palma para el biodiesel", dijo a Tierramérica David Cala, director de la Corporación para el Desarrollo Industrial de la Biotecnología (Corpodib), que reúne a universidades, empresas y centros tecnológicos.
Las exportaciones podrían llegar a 10 millones de litros diarios de alcohol de caña y remolacha y tres millones de toneladas anuales de biodiesel, entre dos y tres veces el consumo interno, dentro de 15 o 20 años, estimó Cala.
En Argentina, la Ley de Biocombustibles, aprobada en abril, impone cinco por ciento de biodiesel y de etanol en los derivados petroleros a partir de enero de 2010.
"Ese mínimo obligatorio, que puede ser más", exige 600.000 toneladas anuales de biodiesel y 160.000 de etanol para el mercado interno, que absorberían sólo ocho y tres por ciento de la actual producción nacional de soja y maíz, respectivamente, señaló a Tierramérica Miguel Almada, economista del Programa Nacional de Biocombustibles.
Pero además "se está desarrollando una industria de exportación de etanol y biodiesel de alrededor de dos millones de toneladas por año", acotó.
Estos pronósticos económicos optimistas deben, sin embargo, tomar en cuenta la variable ambiental. Y la experiencia brasileña puede aportar algunas lecciones.
"Preocupa que un nuevo ciclo económico basado en biocombustibles desate la expansión de monocultivos y su consecuente deforestación", dijo a Tierramérica Délcio Rodrigues, experto en energía de Vitae Civilis, organización no gubernamental brasileña muy activa en el control del cambio climático.
La economía cañera no es un buen ejemplo ambiental. En el sudoriental estado de Sao Paulo, que produce 70 por ciento del alcohol brasileño, las empresas en general no respetan el Código Forestal, que exige preservar la naturaleza en 20 por ciento de las propiedades rurales. Además, la industria incendia los cañaverales para facilitar la cosecha, lo que provoca una grave contaminación del aire local, observó Rodrigues.
Y la soja, la principal materia prima del biodiesel por su gran producción actual, "ya se convirtió en uno de los principales factores de la deforestación amazónica y del Cerrado, bioma de sabanas y bosques bajos que ocupa la extensa área central de Brasil", según el experto.
El biodiesel empezó a adicionarse al diesel petrolero en Brasil en una proporción de dos por ciento, y se elevará a cinco por ciento en 2013. Y el país también optó por el H-BIO, un proceso de hidroconversión desarrollado por la estatal Petrobras, que añade hasta 18 por ciento de cualquier aceite vegetal o animal en la propia refinación del petróleo para producir el diesel.
Petrobras ya adaptó tres de sus refinerías y pretende empezar su producción en diciembre, buscando ahorrar la importación de 256 millones de litros de diesel el próximo año y 1.000 millones a partir de 2010. El aceite de soja será el principal insumo. El H-BIO no afectará al biodiesel porque son complementarios, aseguran las autoridades energéticas.
Se prevé un consumo de 840 millones de litros de biodiesel en 2007, con la mezcla de dos por ciento. El programa fue diseñado para favorecer la agricultura familiar en la producción de ricino, palma y otras fuentes de aceite vegetal, con exenciones de impuestos especialmente en las regiones más pobres de Brasil, la nordeste y la norte.
Sin embargo, el plan involucra a los pequeños agricultores sólo como simples proveedores de oleaginosas, sin incluirlos en el proceso agroindustrial, en cooperativas que produzcan por lo menos el aceite, criticó Rodrigues. Petrobras debe asumir su "responsabilidad social", mientras la presión de importadores europeos en favor de patrones ambientales podría evitar mayores daños, señaló.
Por lo pronto, estudios hechos por los ministerios de Agricultura y Ambiente identificaron, en los estados brasileños que ya cuentan con infraestructura para producción de alcohol, 15 millones de hectáreas de zonas degradadas propicias para la expansión agrícola, informó a Tierramérica Vania Araújo, del Ministerio de Medio Ambiente.
Así, se podrán triplicar las seis millones de hectáreas hoy ocupadas por la caña de azúcar, teóricamente sin invadir áreas conservadas, pero eso exige articular un buen sistema de control con los gobiernos estatales, ya que la autoridad ambiental es descentralizada, advirtió la funcionaria.
* El autor es corresponsal de IPS. Con aportes de Marcela Valente (Argentina) y Yadira Ferrer (Colombia). Este artículo fue publicado originalmente el 16 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
