En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de Argentina encabezó este martes una audiencia pública orientada a que el Estado y empresas privadas se comprometan con el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, un símbolo de la contaminación hídrica en el país.
"¿En qué plazos concretamente estarán las cloacas que faltan?", interrumpió desde el estrado el presidente del más alto tribunal argentino, Enrique Petracchi, cuando la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, detallaba aspectos del proyecto integral para recuperar el área de influencia y el propio río que desemboca en el Río de la Plata en pleno Buenos Aires.
Picolotti aseguró que en 15 años los siete millones de personas que viven en la amplia zona que abarca esta cuenca, estén en riesgo ambiental o no, estarán conectados a la red de agua potable y al sistema de cloacas, además de aclarar que en el corto y mediano plazo habrá múltiples medidas para aliviar la exposición a la contaminación de la población más vulnerable.
"Esta Corte está muy preocupada por la contaminación y los males que eso provoca en la salud y el medio ambiente, pero también vemos que las empresas (privadas) que contaminan dan empleo a miles de personas. ¿Cómo harán para solucionar un problema sin generar otro mayor?, quiso saber el juez Petracchi.
La inquietud fue respondida por la funcionaria indicando que las acciones del gobierno "tendrán como prioridad mantener las fuentes de trabajo", Empero, sostuvo, "no podemos permitir la extorsión de las empresas".
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"El Estado va a proveer de mecanismos para la reconversión, pero no nos vamos a poner de rodillas para preservar las fuentes de trabajo", subrayó la funcionaria.
Con esa dinámica de propuestas y consultas se llevó a cabo la audiencia que fue convocada en junio por la Corte Suprema de Justicia para encontrar un camino de solución a la contaminación centenaria de este curso fluvial que nace al oeste de la ciudad de Buenos Aires y se extiende por 64 kilómetros hasta desembocar pegado al famoso barrio capitalino de La Boca.
La cuenca Matanza-Riachuelo abarca un área de 2.240 kilómetros cuadrados, donde se asientan alrededor de 3.500 industrias, 13 asentamientos irregulares, y múltiples conexiones de cloacas clandestinas que aguas servidas vierten al río, además de 42 basurales a cielo abierto.
El tribunal citó a las partes en el marco de una causa iniciada hace dos años por 144 personas que viven o trabajan en la zona baja de la cuenca, que es la más contaminada. Los querellantes plantearon los perjuicios que les ocasiona vivir junto a un río de olor nauseabundo, de gran polución por materia orgánica y desechos industriales.
"La contaminación de la cuenca es un hecho público y notorio", afirmó ante los jueces el abogado querellante, Jorge Iturraspe. "Esta es una oportunidad histórica para sancionar a los responsables de la transformación del Riachuelo en una cloaca inmunda y devolver a los ciudadanos la fe en el derecho", dijo el profesional.
La secretaria admitió que el Estado carece de estudios epidemiológicos sobre los afectados por esta cuenca, pero admitió que hay una relación entre la presencia de materia orgánica, plomo, mercurio, cromo y otros residuos industriales en el agua, y la patología de múltiples vecinos de la ribera.
Picolotti habló en nombre del gobierno nacional, que integra, pero también de las autoridades de la capital argentina y de la oriental provincia de Buenos Aires.
Es que la Secretaría de Ambiente coordinará el plan de saneamiento y control integral acordado por los tres gobiernos con jurisdicción sobre la cuenca de este río, que marca el límite sur entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia vecina y recorre 14 municipios de este último distrito.
La funcionaria comentó que la actual situación es producto de "décadas de degradación social y ambiental", prometió que el Estado "recuperará su papel regulador" y presentó el proyecto enviado a fines de agosto al parlamento nacional para crear una Autoridad de Cuenca integrada por delegados de los tres gobiernos.
El proyecto también convocará a la participación de los 14 municipios implicados mediante un consejo asesor, y habrá además una comisión de participación social integrada por organizaciones ambientales y de vecinos con funciones consultivas.
La Autoridad de Cuenca tendrá poder de policía sobre el río. "La superposición de jurisdicciones no favorecía la intervención", consideró Picolotti. En cambio, destacó que el organismo que se proyecta "es la expresión de la voluntad política unificada, el instrumento jurídico necesario para llevar adelante el plan".
También detalló los alcances del plan de saneamiento, que apunta a eliminar la polución y a aumentar el control sobre las empresas contaminantes. En este sentido, anticipó que las 3.000 fábricas asentadas en torno al río deberán ajustar su tecnología de tratamiento de efluentes o de lo contrario serán erradicadas.
"El plan apunta a que el Estado corrija desigualdades, porque estamos ante una situación de discriminación ambiental en la cual existen determinados sectores que soportan una carga de contaminación desproporcionada", alertó. Para eso habrá una planificación más ordenada sobre la radicación de industrias.
Al mismo tiempo, las autoridades van a encarar obras de infraestructura para dotar de servicios cloacales a particulares, ampliar las plantas de tratamiento de efluentes, construir nuevas, extender los drenajes pluviales para hacer frente a inundaciones y llevar agua potable a toda la población.
Mientras se concretan estas obras de infraestructura previstas, se brindará agua segura para el consumo humano mediante camiones cisternas, además de un refuerzo para la dieta de la población más vulnerable, indicó.
Picolotti aseguró que en 15 años la cuenca estará saneada, pero en 10 se verá muy mejorada. "Todo depende del tiempo que le lleve recuperarse", estimó, tratando de no generar falsas expectativas. De hecho, la construcción de una planta de tratamiento de residuos cloacales demandará entre cinco y siete años, explicó.
Para aumentar el control sobre las empresas, anticipó que la actual dotación de tres vehículos y dos inspectores para toda la cuenca será reemplazada por un equipo de 250 inspectores, 70 vehículos, un helicóptero, embarcaciones de la Prefectura Naval y laboratorios fijos y móviles a lo largo de la cuenca.
Respecto de más de un centenar de basurales a cielo abierto, precisó que se trata de 300.000 toneladas de residuos de los que la mitad contienen elementos peligrosos, y comprometió acuerdos con los municipios para limpiar la zona en menos de un año e impedir el depósito de nuevos desechos.
La audiencia continuará con la exposición de las 44 empresas acusadas de contaminar, en una sesión aparte convocada para el 12 de este mes. En esa misma cita disertarán las organizaciones no gubernamentales involucradas en la lucha contra la contaminación y a favor del saneamiento de la cuenca.
