En su primera presentación ante el parlamento, el primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, develó uno de los misterios del nuevo gobierno: las firmas mineras no pagarán impuesto a las sobreganancias sino que sólo harán un aporte voluntario para inversión social.
Los altos precios internacionales de los metales y las consecuentes ganancias extraordinarias de los empresarios del sector no serán objeto de gravamen, pese a que fue una de las promesas de campaña en las elecciones que llevaron a la presidencia a Alan García a partir del 28 de julio.
Luego de una negociación con las empresas mineras que se prolongó hasta la madrugada de este viernes, Del Castillo anunció en el Congreso legislativo que el monto fijado de entrega voluntaria de 757,5 millones de dólares en cinco años al Estado es "una solución consensuada que respeta el principio de estabilidad jurídica y, a la vez, permitirá un aporte inmediato".
De este modo quedó revelado el misterio sobre el cumplimiento o no de la oferta electoral de García respecto de imponer un impuesto a las ganancia minera elevadas, que, empero nunca explicó cómo se establecería ese cobro y sobre qué márgenes. Sólo la oposición elaboró un proyecto de ley que toma la abultada diferencia de precios de 2003 a la fecha.
Precisamente, Del Castillo sostuvo que el aporte acordado con las empresas se ha fijado ante la "imposibilidad legal" de cobrar regalías y un impuesto a las sobreganancias a las grandes compañías mineras que gozan de los llamados contratos de estabilidad tributaria. Pero aclaró que ello no las exceptúa de continuar pagando el canon correspondiente y el impuesto a la renta.
Las empresas que no tienen contrato de estabilidad y pertenecen a la mediana y pequeña minería son las que sí también abonan regalías en Perú. Sólo dos de las 27 grandes firmas del sector existentes en el país pagan por este concepto, debido a que se les venció ese amparo contractual y no es renovable.
Las mineras en esa condición pagaron sólo 100 millones de dólares en regalías desde 2005, cuando entró en vigencia la ley correspondiente y que establece un aporte al Estado de entre uno y tres por ciento del valor de su producción. El impuesto a la renta, en tanto, es de 30 por ciento de las utilidades netas.
Los contratos de estabilidad tributaria (que congelaba el cobro de nuevos impuestos) fueron firmados con todas las empresas extranjeras durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), que los impulsó en busca de inversiones.
Con el mensaje de este viernes, el jefe del gabinete ministerial confirmó que los 757,5 millones de dólares que volcará el sector minero en el lustro de gobierno de García reemplazarán el cobro de regalías y el frustrado impuesto a las sobreganancias para las grandes mineras que gozan de contratos de estabilidad, que en algunos casos vencen recién en 2018.
Hoy, ante la distribución desigual de los recursos, los reclamos ciudadanos crecen en busca de una revisión de los beneficios para las que ganan más.
Sin embargo, el representante del empresariado minero, Oscar González Rocha, sostuvo en conferencia con Del Castillo este viernes que las grandes compañías que gozan de los contratos pagarán más que las que no cuentan con este beneficio.
Bajo esta premisa, se ha establecido que firmas extranjeras, como Yanacocha y Barrica, aporten 3,75 por ciento de sus utilidades netas, mientras que las más pequeñas, casi todas de capitales nacionales, aportarán menos, aunque no se especificó cuánto, debido que pagan regalías.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, señaló que se evaluará si en el futuro se vuelvo a aplicar la política de contratos de Fujimori.
Del Castillo adelantó además, en su discurso ante el Congreso, que el aporte minero "será destinado, en el marco del Fondo para la Igualdad, para la lucha contra la pobreza, la desnutrición y la exclusión social en las zonas más deprimidas del país".
Datos del Instituto Nacional de Estadística indican que 51por ciento de los 27 millones de peruanos sufren pobreza y 24 por ciento son indigentes.
El jefe ministerial también señaló que el dinero pactado con los empresarios servirá para indemnizar a las victimas de la violencia política que se extendió de 1980 a 2000. Y resaltó que en los próximos cinco años las empresas mineras realizarán una inversión de 10.000 millones de dólares en la exploración de nuevos yacimientos.
Según la agencia de noticias económicas Bloomberg, en los últimos dos años el precio del cobre aumentó 111 por ciento, el oro 42,5 por ciento, la plata 65,5 por ciento, el zinc 150 por ciento, el plomo 36,5 por ciento y el valor del estaño 15 por ciento.
"Si es que sigue subiendo el precio es probable que también suba el monto del aporte total", manifestó optimista Valdivia, aunque admitió que en la negociación no se logró establecer qué pasaría si los precios bajan. "Eso aún no se ha visto, en todo caso, hay aspectos que aún quedan pendientes", agregó.
El economista Humberto Campodónico, columnista del diario La República, comentó a IPS que "el gobierno es poco transparente al no explicar cuál es la fórmula que se ha establecido para llegar al monto anunciado". Ello no da garantía de que el aporte se mantenga "en la época de las vacas flacas", en los días de crisis que puedan producirse en los siguientes cinco años, advirtió.
Lo cierto es que el auge del precio de los metales ha multiplicado las ganancias mineras privadas. La Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores indica, por ejemplo, que Yanacocha (boyante minera aurífera de propiedad de la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura) incrementó sus utilidades netas en 225 por ciento en los últimos dos años.
Al sumar solamente las utilidades netas obtenidas por cinco grandes mineras extranjeras en lo que va de 2006, se totaliza 2.759 millones de dólares.
El titular de Energía y Minas explicó que el aporte minero beneficiará sólo a las regiones donde hay explotación minera y con la siguiente prioridad: primero las comunidades aledañas a los yacimientos, segundo las zonas más pobres que pertenezcan a las regiones de explotación minera y tercero las víctimas de la violencia política que pertenezcan a esas jurisdicciones.
Campodónico cuestionó que, al llegar a este acuerdo con el sector minero, el Estado ha renunciado a su obligación de decidir el destino de los recursos según las prioridades del país. "Me parece inaceptable que el lugar de nacimiento sea un criterio para determinar si estás apto o no para beneficiarte de los recursos que pertenecen a todos los peruanos", agregó.
Fuentes cercanas al sector minero revelaron que fueron los empresarios quienes pusieron esta condición.
Al respecto el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Carlos del Solar, señaló a IPS que el aporte establecido era "bastante mayor de lo que todos esperaban" y que es un desembolso que "hacen los empresarios para el desarrollo del país".
El investigador de la no gubernamental Cooperación, especializada en temas mineros y sociales, José de Echave opinó que el dinero debe ser invertido en función de los planes estratégicos de las regiones y para obras de infraestructura básica, salud y educación.
"Creo que es oportuno que se invierta principalmente en las zonas pobres de las regiones de explotación minera con obras que atiendan necesidades básicas", dijo. "Pero tampoco nos olvidemos de otras áreas pobres del país donde no llega ningún tipo de beneficio como el canon o las regalías", añadió De Echave.
Pero así como hay otras zonas muy pobres como Ayacucho, donde no hay proyectos mineros, en regiones como Cajamarca, donde opera Yanacocha, 74,2 por ciento de la población es pobre.
En la región Cusco, donde opera la firma anglo-australiana BHP Billinton Tintaya, tercera productora de cobre del país después de Antamina y de la estadounidense Southern Perú, 59,2 por ciento de los 1,2 millones de habitantes son pobres, según el INEI.
En la región del norte andino, Ancash, pese a la explotación de oro de la empresa canadiense Barrick Gold, 55,3 por ciento de la población vive en la pobreza y 23,4 por ciento son indigentes.
Esa realidad había sido abordada en la campaña electoral por el hoy presidente García, quien increpó entonces al empresariado minero, planteando que impondría el hoy abandonado impuesto a las sobreganancias.
Pero García, en su primer mensaje a la nación el 28 de julio, cambió de discurso. "El diálogo puede conducirnos a un aporte extraordinario, antes de pensar en nuevos impuestos que ellos podrían objetar jurídicamente", dijo y surgió la propuesta de "aporte voluntario".
Para justificar la promesa incumplida, el ministro Valdivia sostuvo que esta vez el gobierno había analizado mejor la oferta electoral y se había dado cuenta que la "bolsa minera" era la mejor salida ante el entrampamiento jurídico de los contratos de estabilidad.
"Además, si aplicamos el impuesto a las sobreganancias se verían perjudicadas las pequeñas mineras que no tienen estos contratos", agregó.
Pero los legisladores de la opositora alianza liderada por el ex candidato presidencial Ollanta Humala insistieron en establecer el impuesto a las sobreganancias. Uno de ellos, Alado Estrada, entiende que "se hace necesario y fundamental que se actúe con mayor sentido de equidad y de justicia social, sobre todo cuando hay un alto porcentaje de extrema pobreza" en Perú.
