En el meridional estado mexicano de Oaxaca maestras lideran una huelga de cuatro meses, activistas encapuchados y armados de garrotes toman por la fuerza medios de comunicación, y policías disparan contra las multitudes, detienen y torturan.
"La situación se tornó dramática y podría derivar en una rebelión civil armada", dijo en entrevista con IPS Adrián Ramírez, presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddeh), que sigue muy de cerca el conflicto.
La protesta del magisterio oaxaqueño, aglutinado en la llamada Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los más combativos del país, se inició con demandas de mejoras salariales.
Pero con el paso de las semanas, la movilización se radicalizó sumando a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), que aglutina a diversas organizaciones sociales y de izquierda, y ahora pide la destitución del gobernador del estado, Ulises Ruiz, al que se acusa de malversación de fondos entre otros cargos, y la instalación de un nuevo gobierno de carácter popular.
El movimiento se señala solidario con los reclamos del candidato presidencial de la izquierda, Andrés López Obrador, quien sostiene que hubo fraude en las elecciones del 2 julio a favor del oficialista y conservador Felipe Calderón, que obtuvo una diferencia de apenas 0,58 por ciento de los votos sobre su contrincante, según el escrutinio oficial.
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El lunes y el martes se registraron en Oaxaca varios hechos violentos, quizá los más graves hasta ahora en la capital del estado homónimo, epicentro del conflicto.
Luego que hombres armados, aparentemente policías, llegaron a destruir las antenas de una televisora y radio estatales que desde hace 20 días permanecen en manos de APPO, los miembros de esa organización extendieron el campamento que tienen en el centro de la ciudad de Oaxaca.
Esa zona se ha convertido en un territorio fuertemente protegido por barricadas, alambres de púas, camiones y hombres, varios de ellos encapuchados y portando piedras y garrotes, que incendiaron al menos dos autobuses.
Además, los manifestantes se tomaron por la fuerza 12 radioemisoras privadas para transmitir sus proclamas e insultaron a comunicadores que, según su punto de vista, no están diciendo la verdad sobre el conflicto.
Las acciones, que también incluyeron el cierre de varias carreteras de acceso a Oaxaca, fueron repelidas en la noche del lunes y la madrugada del martes por cientos de policías que salieron a las calles en un operativo denominado "limpieza", dispararon contra los huelguistas, matando a uno, y contra reporteros y camarógrafos.
Si el gobierno (del presidente Vicente Fox) no decide intervenir para promover el diálogo y la solución del conflicto en Oaxaca, la situación "que es ya dramática, se tornará muy violenta", señaló el presidente de la Limeddeh.
Esa organización, junto a otras 50 de carácter humanitario y social, pidió intervención a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reclamó al gobierno de Fox acciones contundentes para evitar la violencia.
El presidente de la Limeddeh recordó que en Oaxaca hay presencia de algunos grupos guerrilleros de corte marxista, como el Ejército Popular Revolucionario, que podrían decidirse a actuar.
Tal guerrilla ha tenido presencia marginal en los últimos años, sólo con actos de propaganda, y los servicios de inteligencia estatal le atribuyen escaso poder de acción.
La semana pasada, la Federación Internacional de Derechos Humanos manifestó a través de un comunicado su "preocupación por la escalada de violencia en Oaxaca que ha incluido asesinatos, actos de tortura y de violencia, detenciones arbitrarias, amenazas y represión de la protesta social".
Tras los hechos de los últimos días, volvieron a activarse los intentos de diversos sectores para establecer un proceso de diálogo en Oaxaca, hasta ahora fracasados.
El gobierno de Fox afirma que la solución está en manos de las autoridades estaduales. Según grupos humanitarios, el conflicto dejó ya al menos seis muertos, más de una docena de activistas encarcelados además de abusos y torturas contra los maestros, cuya huelga mantiene sin clases a 1,3 millones de niños y jóvenes de escuelas y colegios de la enseñanza media.
El gobierno no quiere ensuciarse las manos en Oaxaca, pero tampoco permitir que un grupo violento derroque a un gobernador, pues eso representaría un acicate para López Obrador y su movimiento de protesta, señaló la politóloga Denis Dresser, del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Lo que está haciendo Fox es esperar que los tribunales resuelvan las elecciones de presidente y que la rebelión en Oaxaca se aplaque con el tiempo, opinó esta observadora.
A fines de este mes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá dictar sentencia sobre la validez de las elecciones de julio y la proclamación del nuevo presidente.
López Obrador interpuso denuncias legales de fraude y advirtió que, de no revertirse su derrota, mantendrá por tiempo indefinido acciones de resistencia civil, como el campamento que sus seguidores instalaron a fines de julio en calles céntricas de la capital mexicana.
Oaxaca es hoy uno de los espejos donde se miran y evalúan tanto el gobierno de Fox como la izquierda, dijo a IPS el consultor político Alberto González.
En las elecciones presidenciales de julio ganó con amplitud en ese estado el candidato de la izquierda, con 45,9 por ciento de los votos, según la información del Instituto Federal Electoral.
Para González, la situación en Oaxaca se complicó por la ineptitud y cerrazón del gobierno estadual en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también porque en la APPO hay grupos radicales "antisistema" que no están dispuestos a negociar.
Para la procuradora general (fiscal) de Oaxaca, Lizbeth Caña, quien dispuso junto a autoridades policiales el operativo represivo de "limpieza", la APPO actúa como una "guerrilla urbana".
Organizaciones de derechos humanos consideran que los incidentes de los últimos meses en Oaxaca son una reacción al patrón de conducta de los gobiernos de ese estado, controlados por el PRI desde hace más de 70 años.
En ese distrito sureño, en el que la pobreza afecta a la mayoría de sus 3,2 millones de habitantes, se cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos, no se respeta la libertad de expresión, y los poderes Legislativo y Judicial están a merced del Ejecutivo estadual, afirman esas organizaciones.
