Una severa sequía impide que las empresas de energía eléctrica en Nicaragua funcionen en toda su capacidad. La crisis energética provocó un estallido social en los últimos días, cuando los períodos de racionamiento alcanzaron las 15 horas diarias.
Tras cuatro meses de apagones, miles de personas salieron el 22 de agosto a las calles de Managua para exigir la salida del país de la multinacional Unión Fenosa, principal distribuidora eléctrica del país, a la que responsabilizan por la falta del servicio.
En la sudoriental ciudad de Masaya, pobladores apedrearon las oficinas de la empresa durante las protestas.
La empresa española, que mantiene un contrato de distribución en Nicaragua desde el año 2000, deslindó su responsabilidad y dijo que el déficit energético del país (calculado en unos 140 megavatios) se debe a desperfectos en varias plantas generadoras y al alza de los precios del petróleo, pero sobre todo al bajo nivel de agua en la represa de Apanás.
El presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, David Castillo, había anunciado que la hidroeléctrica estatal Hidrogesa, que opera con las aguas represadas del lago artificial Apanás, dejaba de funcionar a causa de la sequía.
La represa de Apanás, en el septentrional departamento de Jinotega, genera 23 por ciento de la energía que consume Nicaragua.
Según Castillo, el próximo verano la planta podría colapsar por falta de agua. El presidente Enrique Bolaños advirtió que, si en los próximos días no llueve, la crisis energética se agravará a la par del descontento social.
Varios expertos vinculan la escasez hídrica con la deforestación de bosques y advierten que hay que frenar la tala indiscriminada.
"Estamos perdiendo (el agua) vertiginosamente. Tenemos un promedio de 38.000 litros de líquido per cápita en las reservas, pero las principales cuencas son afectadas por la sequía que genera la deforestación", dijo a Tierramérica Salvador Montenegro, director del Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
La represa de Apanás provee a 41.000 kilómetros de territorio urbano, justo donde comienzan las fuentes subterráneas que alimentan a los dos grandes lagos del país: el Xolotlán, contaminado desde hace más de 50 años, y el Cocibolca, o Gran Lago de Nicaragua, también afectado por la polución hace dos décadas.
Aunque Montenegro no tiene datos precisos sobre la cantidad de agua que Nicaragua pierde por la destrucción de bosques, ciertas señales reflejan una grave situación ambiental.
En 1964, el lago Apanás ocupaba 60 kilómetros cuadrados, incluyendo riberas boscosas. Ahora se redujo a 50 kilómetros cuadrados por la tala en su área de influencia, de donde desapareció el río Viejo de Jinotega, que alimentaba su embalse.
Según la titular de la Secretaría Ambiental de la Alcaldía de Jinotega, María Teresa Centeno, el lago artificial perdió volumen de agua debido a la deforestación en la cuenca y el uso incontrolado de bombas de riego de sembradíos vecinos.
De acuerdo con estudios del CIRA, en las meridionales mesetas de Carazo los pozos pierden casi un metro de caudal por año, mientras que en las serranías que rodean a la capital las pérdidas son de casi 10 metros en los últimos ocho años.
"Si seguimos así, pronto tendremos que cambiarle el nombre a la capital. Nos llamamos Managua porque, en un tiempo, de esta tierra manaba agua casi al pinchar la superficie", señaló Montenegro.
Especialistas advierten que la cobertura vegetal del país se ha reducido dramáticamente. Desaparecieron 85 por ciento de bosques secos y 65 por ciento de bosques húmedos, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El gobierno nicaragüense señala que esta cifra es "aproximada", y decretó estado de emergencia en varios departamentos donde el Ejército tiene órdenes de detener vehículos cargados de madera, para evitar el tráfico ilegal.
Esta medida se mantiene vigente y fue reforzada con la creación de una ley del Medio de Ambiente que pena los delitos contra bosques y fuentes hídricas.
Pero para Jaime Morales, presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, estas medidas llegan tarde.
"La mayoría (80 por ciento) de las cuencas del país está contaminada y degradada. Lo que queda es evitar que se sigan perdiendo y preservarlas", dijo Morales.
* El autor es colaborador de Tierramérica. Este artículo fue publicado originalmente el 26 de agosto por la red latinoamericana de Tierramérica.
