Diez por ciento, mínimo, vale en el nororiental departamento colombiano del Cesar el impuesto que cobran paramilitares ultraderechistas por cada contrato con entidades oficiales, afirmó la Sociedad de Ingenieros de esa región (SIC) en un comunicado conocido por IPS.
Los extorsionistas se presentan a nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas este año tras una negociación con el gobierno.
Se trata de "los mismos autores y recaudadores de años anteriores, quienes a nombre de los jefes supuestamente desmovilizados causan terror, desazón e inconformismo total en el seno de la asociación", sostiene la SIC. Las AUC declararon un cese al fuego en diciembre de 2002 y hace tres años iniciaron formalmente negociaciones para su desmonte. Entre tanto, han cometido más de 3.000 asesinatos, según Alirio Uribe, director del humanitario Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Los paramilitares han sido señalados por la Organización de las Naciones Unidas como responsables de cometer 80 por ciento de los crímenes en la guerra colombiana, en la que actúan también guerrillas izquierdistas surgidas en 1964.
La desmovilización "se ha dado en un clima de escepticismo y poca credibilidad", reconoció el miércoles el argentino Sergio Caramagna, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), a cargo de la verificación.
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Caramagna habló en el foro "Altas y bajas del proceso de desmovilización de las AUC".
Según cifras avaladas por MAPP-OEA, se han desmovilizado 30.944 personas vinculadas a estas estructuras comandadas por varios connotados narcotraficantes, que dicen apoyar al Estado y de hecho actuaron o actúan aún con la fuerza pública, atacando sobre todo a civiles a los que señalan de simpatizar con la guerrilla.
Aunque a finales de 2002 se calculaba que las AUC tenían menos de cuatro mil combatientes, pronto la cifra se estableció entre 13.000 y 15.000.
"Las dudas en torno a la desmovilización han estado centradas en la real pertenencia de las personas (a las AUC), la inflación de las tropas y sus apoyos, el crecimiento exponencial de algunas estructuras en medio del proceso, así como la persistencia de estructuras armadas en algunas regiones del país", resumió Caramagna en el foro organizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), junto con la revista Semana.
El gobierno mantiene además diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana, y, con el apoyo militar estadounidense, enfila sus baterías de guerra total contra las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), de unos 46.000 combatientes según el estudioso canadiense James Brittain.
Colombia es el único caso del mundo en que una desmovilización no se hace en el marco de acuerdos políticos globales, sostuvo Caramagna.
El diplomático llamó la atención sobre los departamentos del Chocó (noroccidente), Putumayo y Meta (ambos en el sur), Vichada y Arauca (en el oriente) y la alta Guajira (nororiente), "donde a pesar de que se han producido procesos de desmovilización, la población no percibe ninguna realidad vinculada al proceso de paz".
A su vez, para los ingenieros del Cesar, los extorsionistas "en la actualidad se encuentran 'desmovilizados'; entonces no encontramos razones valederas para continuar con esta práctica aberrante, despiadada e injusta".
Según una publicación de febrero del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, "las autodefensas actúan en esta zona no solamente como una estructura militar, sino que también lo hacen como una organización que impacta en la política local, realizando acciones que van desde la presión sobre quién puede aspirar a un cargo público hasta la aprobación de proyectos en las localidades".
El Observatorio consigna las "enormes proporciones que ha tomado la extorsión" en Valledupar, capital del Cesar, donde "desde los expendedores de tinto (café) hasta los propietarios de cadenas de supermercados deben pagar una cuota a los grupos de autodefensas".
"La frase 'Aquí todo el mundo tiene que pagar' parece ser una premisa de supervivencia", se lee en la publicación oficial. El control, ejercido hoy sin uniformes, ha sido logrado a sangre y fuego.
Aparte de ese control, que se repite en otras regiones, los paramilitares apenas se han desmovilizado parcialmente.
Según el ex ministro Camilo González, director de Indepaz, el mapa de los 43 grupos paramilitares activos coincide con el de cultivos de coca, materia prima de la cocaína y combustible estratégico de la guerra.
Esta guerra, dijo González, entre 1994 y 2004 y sólo por cuenta de los paramilitares, generó 200.000 familias desplazadas, 8.386 ejecuciones sumarias en masacres y 3.294 desaparecidos.
En el foro se le pusieron por primera vez cifras a la reparación de las víctimas, incluidas las del secuestro extorsivo y los actos terroristas de la guerrilla. Esta equivaldría a destinar durante 15 años uno por ciento del presupuesto nacional de 2006, según Indepaz.
Para Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada por el gobierno en 2005 y con un mandato de ocho años, los bienes obtenidos mediante la violencia "tienen que ser entregados por los desmovilizados", a lo que ellos se resisten.
"La Comisión ha decidido reconocer a todas las víctimas, incluidas las de miembros de la fuerza pública y los grupos armados ilegales. El periodo tiene que estar ajustado a lo que ha significado el conflicto interno actual", y por ello sólo hará cuentas a partir de la creación de las guerrillas en 1964, aunque la confrontación desde mediados de los años 40 fue "dramática", dijo Bernal a IPS.
"El problema de la Comisión es que puede definir una fecha para empezar (la contabilización), pero no puede elegir una fecha de terminación. Cuándo se acaba el conflicto colombiano es una pregunta enorme", agregó.
"En la medida en que haya una actuación eficaz del Estado para que esto funcione, vamos a evitar que haya más víctimas mañana", señaló Bernal, quien también hace parte de la mesa directiva de la Red de Iniciativas para la Paz, Redepaz.
Tanto MAPP-OEA como la CNRR reciben un creciente apoyo gubernamental internacional. Mientras, los peores casos de violación de derechos humanos siguen su curso. Por ahora ante la justicia interamericana, que ha fallado ya varias veces condenando al Estado colombiano por su connivencia con paramilitares.
El defensor de derechos humanos Alirio Uribe advirtió que "la verdad no debe negociarse" en los procesos judiciales contra los responsables de crímenes de lesa humanidad, que constituyen cerca de siete por ciento de los paramilitares desmovilizados, según sus cuentas.
"La verdad debe ser completa", el paramilitarismo debe desaparecer y debe haber garantía de que los crímenes no se repetirán, porque "están matando gente todos los días". Sólo así resultarían aceptables penas de cárcel que no sean proporcionales a los delitos cometidos, tal como el gobierno negoció con los paramilitares, agregó Uribe.
La verdad "implica conocer todo lo que pasó en Colombia con la creación de estos grupos, con los promotores, los financiadores y los beneficiarios. Esa gran verdad que se oculta en estos foros, y es la responsabilidad estatal" del paramilitarismo, señaló.
El jurista recordó que MAPP-OEA reconoció apenas el año pasado la violación del cese al fuego por parte de los paramilitares, y sólo este año aceptó que hay grupos activos, aunque ahora se dice que "ya no son paramilitares. Que eso es otra cosa. Que son grupos delincuenciales".
"¿Nos vamos seguir diciendo mentiras?", inquirió.
