La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, originó un debate sobre la consulta popular en determinadas materias, al proponer un plebiscito para zanjar la espinosa reforma del sistema electoral en la que están enfrascados los partidos. Pero las críticas de los políticos congelaron la discusión.
"Los detractores del plebiscito en Chile son una minoría. ¿Y sabe quién integra esa minoría? Los dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria" que no quieren perder poder, dijo a IPS Edgardo Condeza, presidente del no gubernamental Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, que ha realizado más de 30 consultas populares simbólicas en el país.
Condeza respondió de esta manera a las críticas que recibió la propuesta de la mandataria chilena en cuanto a convocar un plebiscito en caso de que los partidos políticos no llegaran a un acuerdo para cambiar el sistema electoral binominal, una de las principales aspiraciones de la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990.
El sistema binominal, instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), rige para los comicios de diputados y senadores y consiste en la elección de dos representantes por cada una de las 19 circunscripciones de senadores y de los 60 distritos de diputados.
Su principal característica es que sólo permite la representación parlamentaria a las dos primeras mayorías por igual, si es que la lista más votada no dobla el porcentaje de sufragios alcanzado por la segunda, obstruyendo el paso a los partidos menores.
En la práctica, una lista que obtiene 34 por ciento de los votos logra la misma representación parlamentaria de una que alcance 66 por ciento. Cada una obtiene 50 por ciento de los escaños en disputa por distrito o circunscripción.
Esto incentiva la formación de coaliciones, beneficiando a los partidos más grandes y excluyendo a las minorías. Además, es una barrera para el acceso de las mujeres al Poder Legislativo, porque impone una elaboración restrictiva de las listas.
La reforma al sistema binominal fue una de las principales promesas de campaña de Bachelet, quien asumió el 11 de marzo, y motivó incluso un acuerdo con el Partido Comunista, sin representación en el parlamento, para que esa colectividad apoyara a la entonces candidata en la segunda vuelta del 15 de enero.
El 3 de abril Bachelet creó un grupo de trabajo sobre reforma electoral, conocido como Comisión Boeninger, en honor a su presidente, Edgardo Boeninger, ex ministro secretario general de la Presidencia de Patricio Aylwin (1990-1994).
El gobierno eligió para integrarla a 13 personas militantes, adherentes o simpatizantes de la gobernante Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de los Partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD), Demócrata Cristiano (DC) y Radical Social Demócrata (PRSD).
Ellos tenían la misión de presentar a la mandataria, una médica socialista de 54 años, un conjunto de alternativas que pudieran concitar acuerdos dentro de la Concertación y que sirvieran de base para negociar con la oposición derechista.
Pero el informe final de la Comisión Boeninger, presentado el 9 de junio con tres alternativas para modificar el actual sistema, fue desechado por los partidos de gobierno y de la oposición sobre todo por al nuevo mapa de distritos sugerido, que afectaba intereses de los congresistas en ejercicio.
Los partidos optaron entonces por buscar una nueva fórmula que conciliara todos los puntos en discusión. Pero la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) se negó de antemano a discutir el cambio del sistema binominal, ya que a su juicio éste ha traído estabilidad al país, al conformarse dos grandes bloques políticos.
El partido de derecha liberal Renovación Nacional (RN) decidió sentarse a conversar con el oficialismo, hasta que la presidenta Bachelet mencionó la palabra "plebiscito" en un congreso del PS al que asistió el fin de semana.
El presidente de RN, Carlos Larraín, indicó entonces que "no conversamos bajo amenaza. Cuando la presidenta de la República anuncia un mecanismo inconstitucional para zanjar un conflicto inexistente, evidentemente que alguien quiere recurrir a resortes no racionales".
Larraín argumentó que su colectividad había puesto todo de su parte parta avanzar en el diálogo. "Y ¿con qué nos encontramos? Que de repente, en el calor de la furia socialista, la señora anuncia un plebiscito, que además no existe en la Constitución", acotó.
Efectivamente, la Constitución chilena no contempla la figura del plebiscito para resolver asuntos políticos de carácter nacional. Para apelar a una consulta popular sobre la reforma electoral habría que modificar la Carta Magna o crear mediante ley un mecanismo nuevo, de resultado no vinculante.
Los dirigentes oficialistas criticaron la actitud de RN, pero a la vez consideraron "inoportuna" la propuesta de la presidenta, dado que congeló las negociaciones que se estaban llevando a cabo.
Ante estas críticas, el portavoz del gobierno, Ricardo Lagos Weber, debió "aclarar" las declaraciones de la mandataria, señalando que "lo que (Bachelet) está planteando es un gran debate, y si eso da pie a una consulta, bienvenida sea".
El ministro secretario general de la Presidencia agregó que "consultarle a la gente, que pueda expresarse a nivel nacional respecto a cómo le gustaría que fuera el sistema electoral, me parece democrático, participativo, transparente, e idóneo. En Chile nos hemos ganado ese derecho a consultar sobre esas materias, al margen de que sea vinculante o no".
Pero estas aclaraciones no calmaron las aguas, y el ministro del Interior, Belisario Velasco, señaló directamente que "la presidenta no ha planteado un plebiscito" y que "había sido mal interpretada". El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, criticó la actitud asumida por RN en cuanto a dilatar un debate tan esperado por su colectividad, que se considera entre "los principales perjudicados con el actual sistema binominal". Pese a lograr más de tres por ciento de votos en las últimas elecciones parlamentarias de diciembre de 2005, el PC no consiguió ni un escaño en las dos cámaras legislativas.
"Como PC estamos de acuerdo con la idea del plebiscito como una acción de última instancia si no se logran los acuerdos políticos y el quórum en el Congreso (legislativo) para reformar el sistema electoral", dijo Teillier a IPS.
"Nosotros esperamos que RN medite más profundamente su decisión" a no ser que quiera seguir estigmatizada con el golpe de Estado de 1973, dijo Teillier, confiado en que es "hora de democratizar el sistema electoral y que todos los chilenos y todos los partidos tengan los mismos derechos".
Para el activista Condeza, otros asuntos de interés nacional, como la reforma a la educación y al sistema de pensiones que lleva adelante la presidenta Bachelet, también deberían someterse al escrutinio popular.
Chile no sólo debería contar con el mecanismo de plebiscito vinculante, sino que la propia población debería ser capaz de convocar consultas populares reuniendo un cierto número de firmas, por ejemplo, cinco por ciento de los que votaron en la última elección.
La discusión originada por la presidenta es una gran oportunidad para perfeccionar la democracia chilena, pero el comportamiento de los partidos sólo deja en claro que nadie quiere perder poder en el país, dijo a IPS un chileno común, Javier Pérez, profesional de 30 años.
"¿Hasta cuándo las cosas se van resolver entre cuatro paredes en este país? Siempre buscando el acuerdo político, el consenso. Cuando existe la posibilidad de que la ciudadanía se exprese, se escandalizan. Creo que seguimos pegados en el pasado", apuntó.
El gobierno espera retomar las negociaciones con la oposición en los próximos días y lograr un acuerdo definitivo en unos dos meses más.
