El idioma quechua resuena enérgico e imponente quebrando la solemnidad del primer día de la Asamblea Constituyente de Bolivia. De inmediato una voz en aymara responde, y la multitud suma voces a un murmullo que se convierte en un desconcierto de lenguas disonantes de rostros morenos, blancos y cobrizos.
Esta es apenas la antesala del debate que se instaló la semana pasada en Sucre, capital de de Bolivia, en el reacondicionado y monumental Teatro Gran Mariscal con una encendida discusión para aprobar un reglamento de debates, incluida la crucial cuestión de la forma de votación para aprobar cada punto de la nueva carta magna que deberá aprobar la Asamblea en un plazo máximo de un año.
Sobre la mesa de la directiva de la Asamblea Constituyente, presidida por Silvia Lazarte, una humilde dirigente sindical que representa al desarrollado departamento oriental de Santa Cruz, esperan su consideración por el plenario nueve proyectos de reglamento de debate.
Hasta la semana pasada, sólo se dio lectura a las propuestas, pero aún resta el debate y la votación.
El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), al que pertenece Lazarte, tiene 137 asambleístas del total de 255, la mayoría indígenas, y a ellos encomendó el presidente aymara Evo Morales la misión de refundar el país asentando en la nueva constitución el reconocimiento de los derechos y oportunidades de los grupos étnicos, la recuperación de los recursos naturales y la independencia económica.
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La meta es sumamente ambiciosa y descarta simples cambios constitucionales, y por eso, unos días antes de reanudarse la Asamblea Constituyente, Morales reunió a sus representantes y los comprometió a seguir su plan.
Para garantizar esos objetivos, Morales y los asambleístas del MAS resolvieron impulsar la modalidad de la mayoría de 50 por ciento más uno de los votos del plenario, 129, un número que el partido gobernante supera inclusive con sus 137 constituyentes, frente a otras fuerzas políticas, alianzas y agrupaciones ciudadanas que juntas acumulan 118.
Esa decisión desató la protesta de la oposición, que exige una mayoría especial de dos tercios de los constituyentes (170), lo que obligaría al oficialismo a pactar con otras corrientes políticas, renunciando a la contundencia de las transformaciones que persigue.
Con 9,6 millones de habitantes, este país andino, uno de los más pobres de América Latina, eligió el 2 de julio a 255 asambleístas encargados de redactar un nuevo cuerpo legal para cerrar un ciclo republicano, iniciado con la Constituyente de 1825.
Ese período fue señalado por Morales como excluyente de los 36 grupos étnicos que habitan entre la zona andina, los valles y la Amazonia, en el centro de América del Sur.
Cinco años de turbulencia en la democracia boliviana, con el cambio de tres mandatarios como efecto de una efervescencia popular alimentada por la defensa de los recursos naturales —agua, gas natural y territorios de grupos étnicos—, finalizaron en diciembre de 2005 con la elección de Morales, quien propuso refundar el país.
La promesa del presidente, que al mismo tiempo ejerce el liderazgo sindical de los cultivadores de hoja de coca, le permitió obtener 53,7 por ciento de votos en los comicios generales.
Desde la recuperación de la democracia boliviana, el 10 de octubre de 1982, la obtención de acuerdos para alcanzar los dos tercios de votos en el parlamento permitió el funcionamiento de una "democracia pactada", que en opinión del abogado constitucionalista José Luis Gutiérrez Sardán, se convirtió en un mecanismo de "obstaculización y chantaje".
A semejanza de lo sucedido en las últimas décadas en el funcionamiento del Congreso legislativo, donde la negociación de votos a cambio de espacios de poder fue moneda de todos los días, el gobierno se vería obligado a ceder embajadas y cargos públicos en instituciones estatales para obtener el respaldo a sus propuestas de cambio en la Constituyente, explicó Gutiérrez Sardán.
Un tercio de los escaños, ocupados por asambleístas de oposición y en particular de partidos de derecha, conforman una minoría con capacidad de quebrar la viabilidad de la Asamblea y de tender un cerco para aprisionar al cuerpo, en opinión de Gutiérrez Sardán.
Pero, admitió, los representantes de 50 por ciento más uno podrían equivocar el camino e ignorar las demandas de las minorías, convirtiendo su mandato en una dictadura.
"Si desean hacer una refundación es necesario poner en práctica el consenso y el disenso en atención a un principio democrático", de lo contrario simplemente deben aplicar el programa del partido de gobierno, dijo a IPS el coordinador del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, Franklin Pareja.
"Por la salud y estabilidad democrática, es prudente llegar a los dos tercios, porque las minorías tienen el derecho a ser escuchadas", dijo Pareja y de inmediato advirtió de los riesgos de perder el espíritu democrático en la Constituyente.
El representante por la derechista Unidad Nacional (UN), el empresario del cemento Samuel Doria Medina, llamó a la reflexión de los constituyentes para elegir una modalidad de voto flexible.
Doria Medina sugirió aplicar los dos tercios sólo para temas fundamentales como la modificación del reglamento de debate, el presupuesto de la Asamblea, el cambio de miembros de la directiva, la admisión de propuestas, la aprobación de informes de las comisiones, la suficiente discusión sobre un tema particular y la privación del derecho a voz a alguno de los constituyentes.
Otro de los objetivos de Morales es dar a la Asamblea el carácter de "vinculante" y "originaria", términos que implican, según Gutiérrez Sardán, otorgar al cuerpo el poder plenipotenciario para dar origen a una nueva república mediante la reforma total de la Constitución.
Bajo esta modalidad, los representantes reciben facultades por encima de los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para "modificar la estructura del Estado", porque de lo contrario el país continuará viviendo en conflicto, según el constitucionalista.
Finalizada la redacción de la nueva constitución, en agosto de 2007, los ciudadanos bolivianos asistirán nuevamente a las urnas para decidir la aceptación o el rechazo del documento que aprueben los constituyentes.
Entretanto, en Sucre, un aguerrido grupo de asambleístas de origen indígena continuarán protagonizando luchas verbales, ataviados con sombreros, gorros y ponchos de colores, en una boliviana combinación con elegantes trajes de empresarios, abogados y profesionales que asisten a la refundación en condición de minoría.
