Uzonna Tochi levantó el teléfono la semana pasada en su casa en Nigeria. «Por favor, haz algo rápido para salvar mi vida. Podrían ejecutarme en cualquier momento», le suplicó desde el otro lado del tubo su hermano mayor, Iwuchukwu Amara Tochi, desde Singapur.
En marzo, Iwuchukwu Amara Tochi, de 19 años, fue condenado a muerte en Singapur junto a Okele Nelson Malachy, de 31, por ingresar a ese país del sudeste asiático con más de 700 gramos de heroína.
La ley sobre drogas de Singapur establece la máxima pena, con carácter obligatorio, para cualquier que traficar más de 15 gramos de heroína. Los dos condenados serán ejecutados este año si el presidente de Singapur no se inclina por la clemencia.
Uzonna y las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que se ocupan del caso de su hermano no pierden las esperanzas. De todas maneras, señalan que es difícil concitar una manifestación tal de consternación internacional que permita salvar la vida de un pobre nigeriano.
Según la apelación presentada por el abogado especialista en derechos humanos y dirigente opositor de Singapur M. Ravi, Iwuchukwu y Malachy, en tanto que africanos, corren peligro de ser ejecutados si no se hace nada urgente para salvarlos.
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A diferencia de Iwuchukwu, se entendió que Malachy no tenía patria, por lo que ningún país tiene la responsabilidad directa de realizar un alegato por él. Portaba pasaporte sudafricano, pero los funcionarios creen que es nigeriano.
"Hubo una serie de ejecuciones de personas de origen africano en Asia que han pasado desapercibidas. Las personas de origen australiano y occidental obtienen una atención diferente en la prensa", escribió Ravi en el documento.
Un ejemplo de ello es el caso de la alemana Julia Bohl, acusada en Singapur de tráfico de drogas en 2002. Escapó de la horca y fue deportada en 2005.
Este año, Ravi emprendió una gira por los países europeos en un esfuerzo por conseguir apoyo para Iwuchukwu y Malachy.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, también lanzaron campañas para salvar la vida de los dos hombres.
En Lagos, la mayor organización de derechos humanos del país, Organización de las Libertades Civiles (CLO) comenzó una iniciativa para obligar al gobierno nigeriano a intervenir por la vida de los dos condenados.
"Desde que perdió la apelación, siempre temo que el instante siguiente sea el último", dijo a IPS su contrariado hermano.
Uzonna tiene motivos para preocuparse por su hermano, a quien describió como el sustento de su familia. Iwuchukwu, quien fue jugador de fútbol, se dedicó al comercio antes de ir a Pakistán por cuatro años.
Iwuchukwu viajaba desde Pakistán a Singapur cuando fue detenido en el aeropuerto Changi, el 27 de noviembre de 2004, acusado de introducir heroína a ese país. Su abogado dijo al tribunal que él no sabía que las píldoras que llevaba contenían esa sustancia, él creía que eran medicamentos.
Los padres no han sido informados del arresto y condena de su hijo, señaló Uzonna. "Mis pobres padres morirán si se enteran que un muchacho que trabajó tan duro para mantenerlos está condenado a muerte", señaló.
Uzonna fue dos veces al Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria y los funcionarios le prometieron que escribirían cartas para apoyar a su hermano, pero él no está seguro de que hayan cumplido con su promesa.
Funcionarios de ese Ministerio no pudieron dar una respuesta definitiva cuando IPS los consultó respecto de las acciones que se estaban siguiendo para salvar la vida de Iwuchukwu.
"El gobierno nigeriano no ha realizado nada público que muestre que está interesado en salvar la vida de Iwuchukwu", señaló Princewill Akpakpan, director de Proyecto de Reforma Penal de la CLO.
"El gobierno apenas se ha molestado con el asunto de Iwuchukwu porque Nigeria, al igual que Singapur, mantiene la pena de muerte", dijo a IPS Akpakpan.
Si los dos hombres hubieran sido acusados de los mismos cargos en Nigeria, se los habría condenado a una pena menos dura, de entre tres años a cadena perpetua, dijo a IPS el director de Asuntos Públicos de la Agencia Nacional Antidroga, Jonah Achema.
La condena "habría dependido del criterio del juez y de otros factores, como por ejemplo si se trataba de un infractor primario o no", señaló Achema.
En 1986, una ley nigeriana abolió la pena de muerte para delitos vinculados a la droga. "Esto es un indicio de la evolución de la naturaleza de nuestras leyes", dijo a IPS Achema.
No hay cifras disponibles de personas ejecutadas por delitos vinculados a la droga en ninguna parte del mundo.
Empero, Ryan Schlief, de la oficina para Singapur en la sede de Amnistía Internacional en Londres, dijo a IPS que los países de Asia y Medio Oriente que mantienen la pena capital actúan así para tomar medidas enérgicas contra ese tipo de delitos.
Singapur, en especial, ha sido muy criticado por la dureza de sus leyes que sentencian a la pena máxima. Desde 1991, ese país ha ejecutado a 420 personas, la mayoría por tráfico de drogas. Se considera que es el país con mayor proporción de ejecuciones por habitante, en el mundo.
Los detractores critican que justifique las ejecuciones por tratarse de delitos vinculados a la droga. En cambio, proponen que la mejor forma de impedir las infracciones es aumentar la seguridad de las investigaciones, los arrestos y las condenas.
"Los convictos por delitos vinculados a la droga no deben pagar con sus vidas", dijo Akpakpan.
Además, no hay estudios que prueben que la pena de muerte reduce la cantidad de infracciones.
En Irán, se informó que 2.000 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con drogas entre 1988 y 1999. Un informe de la estatal agencia de noticias IRNA observa que a pesar de las ejecuciones, el problema del tráfico de drogas no se ha resuelto.
En 1995, 26 gobiernos adoptaron leyes que penalizan con la muerte a este tipo de delitos, pasibles de muerte. Esos países consideran que el máximo castigo es una forma efectiva y barata de eliminar a los delincuentes de la sociedad.
Las crecientes presiones de las organizaciones de la sociedad civil, para abolir la pena capital, obligaron al gobierno nigeriano a iniciar un debate nacional respecto de si hay que mantener o eliminar la pena máximo.
En Singapur no hay lugar para tales discusiones, sostienen activistas de derechos humanos.
"Normalmente no hay muchos debates públicos en Singapur sobre a la pena de muerte, en parte, a causa de los férreos controles del gobierno sobre la prensa y las organizaciones de la sociedad civil", señala un informe de Amnistía Internacional.
En abril de 2005, esa organización fue víctima de ese control del gobierno, cuando Singapur negó un permiso a un integrante suyo para hablar en una conferencia de prensa dedicada al tema, organizada por dirigentes de los partidos de oposición y defensores de derechos humanos.
Además, rara vez el gobierno de ese país otorga clemencia a los traficantes de drogas, señalaron Ravi y Amnistía Internacional, por lo que es más urgente la necesidad de mantener la presión internacional para salvar las vidas de Malachy e Iwuchukwu Tochi.
