Ante los anuncios de múltiples proyectos conjuntos de infraestructura a gran escala entre países de América del Sur, organizaciones sociales alertan sobre la necesidad de una legislación común para la protección de los recursos naturales y el ambiente.
"El ambiente no entiende de fronteras políticas. Los recursos naturales son compartidos y la responsabilidad también", señaló a IPS Cecilia Iglesias, de la Asociación Red Ambiental y miembro de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la cancillería de Argentina. Por iniciativa del gobierno venezolano, Bolivia, Paraguay y Uruguay se sumaron finalmente al proyecto de construcción del denominado Gasoducto del Sur, ya pactado entre Caracas, Brasilia y Buenos Aires y que se extenderá en un eje de 8.000 kilómetros desde la costa del mar Caribe hasta el Río de la Plata.
"Estamos muy preocupados no sólo por el Gasoducto del Sur sino por la más amplia Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que trata de unir a los 12 países sudamericanos con puentes, caminos, represas, canales, tuberías y gasoductos a altos costos financieros y ambientales", alertó Víctor Ricco, del no gubernamental Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
IIRSA es un foro de coordinación de áreas de infraestructura de los gobiernos regionales que nació en la cumbre regional de 2000 en Brasilia, punto de partida para la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, nacida formalmente en diciembre de 2004 en la ciudad peruana de Cusco.
Esas obras tendrán financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, entre otras entidades de crédito.
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Se trata de unos 335 megaproyectos de infraestructura, básicamente de energía, transporte y telecomunicaciones, que tendrán un costo estimado en 37.400 millones de dólares.
"Hay poca información sobre estos proyectos, que sabemos implicará un alto endeudamiento. Si hubiera una regulación dentro del Mercosur que contemplara la relación integral de los ecosistemas, podríamos ver el impacto conjunto de estos proyectos", sostuvo Ricco.
Es que estos planes de interconexión tiene como principales impulsores a Argentina, Brasil y Venezuela, miembros plenos del Mercosur (Mercado Común del Sur) junto a Paraguay y Uruguay. De este bloque son asociados externos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
La necesidad de ver los recursos naturales desde una perspectiva regional y ambiental también fue una preocupación expuesta en el "I Encuentro Regional por un Mercosur Productivo y Social", realizado del 19 al 21 de este mes en la central ciudad argentina de Córdoba y cuya última jornada coincidió con la cumbre del bloque en la misma urbe.
"Un río está conectado a una cuenca y a un acuífero, y la regulación ambiental del bloque debe proteger el ecosistema en su conjunto", declaró Ricco a IPS.
"Que se regulen las actividades e industrias altamente contaminantes en el marco de una protección ambiental regional que reconozca los ecosistemas como unidades integrales", fue una de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil presentes en el encuentro.
También recomendaron que se armonicen las normas de protección ambiental de los países del bloque, se garantice el acceso a la información pública y que se establezcan evaluaciones ambientales regionales.
"Independientemente del estudio de impacto ambiental de cada proyecto, la evaluación estratégica implica ver en conjunto la región, sin los límites políticos, y anticiparse a la llegada de los proyectos", explicó Iglesias.
Para los ambientalistas de organizaciones no gubernamentales, este enfoque permitiría evitar conflictos bilaterales como el que protagonizan Buenos Aires y Montevideo a raíz de la instalación de dos plantas de celulosa sobre la margen oriental del río Uruguay, que sirve de límite entre ambos países..
Las fábricas de pasta para elaborar papel se levantan sobre la ribera uruguaya, muy cerca una de otra y está previsto que arrojen sus vertidos al río, cuyo uso y cuidado de sus aguas está regulado por un tratado bilateral firmado en 1975.
El gobierno de Argentina apeló este año a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para denunciar la presunta violación de ese tratado. Mientras continúa ese proceso, el alto tribunal decidió el 13 de este mes no hacer lugar a la demanda cautelar de Buenos Aires de suspender la construcción de las dos plantas.
"Sin ninguna duda que ese conflicto argentino-uruguayo se podría haber evitado si el Mercosur tuviera una regulación que contemplara las acciones frente a la radicación de industrias altamente contaminantes, y sobre todo si se garantizara el acceso a la información sobre el impacto de estos proyectos", ejemplificó Ricco.
Sin embargo, este no es el único proyecto que ha despertado polémica por sus eventuales impactos ambientales internacionales. También la explotación del yacimiento minero Pascua-Lama, en la cordillera de los Andes, ha sido denunciada por amenazar los glaciares a ambos lado de la frontera entre Argentina y Chile.
Para Ricco el desarrollo económico no puede comprometer las posibilidades de las futuras generaciones a satisfacer sus necesidades. "Esta es la visión que debería tener el Mercosur, la del desarrollo sustentable, porque eso permitirá prevenir daños que pueden ser irreversibles", recomendó.
