Asediados por la explotación petrolera y maderera y por los turistas, los pueblos indígenas tagaeri y taromenani de Ecuador, que viven voluntariamente ocultos, han hecho sentir su presencia con varias muertes en su territorio, el amazónico Parque Nacional Yasuní.
El parque ocupa vastas extensiones del bosque húmedo tropical de la cuenca amazónica ecuatoriana, en las centro-orientales provincias de Napo y Pastaza, con una superficie de 982.000 hectáreas. En 1989 fue declarado Reserva Mundial de Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Allí, los pueblos amazónicos que han elegido permanecer sin contacto con otras culturas están en riesgo de desaparecer y defienden su territorio con lanzas.
Andrés Moreira quiere olvidar aquella tarde de lanzas del 12 de abril, en la que casi pierde la vida. Estaba aserrando un grueso árbol de ceibo en la mitad de la selva cuando escuchó el grito de su compañero William Angulo y lo vio caer con una lanza atravesada en el pecho.
Moreira quiso correr, tropezó, y la punta de una lanza se le incrustó en la espalda.
Los hombres de las lanzas eran altos, blancos y estaban desnudos, según el relato del maderero herido, rescatado más tarde.
Se trata de un grupo de tagaeri-taromenani que habita en la selva ecuatoriana en aislamiento voluntario. Moreira relató que, tras herirlo, se perdieron velozmente entre la fronda.
La de Angulo no fue la única muerte en un parque supuestamente protegido. En agosto de 2005, un maderero murió con 33 lanzas clavadas en su cuerpo.
Los dos ataques ocurrieron en el mismo lugar: sobre el río Cononaco Chico, parte de la denominada Zona Intangible decretada por el gobierno en 1999 para la protección de etnias ocultas o en aislamiento voluntario, pero que lleva siete años sin delimitar.
En 2003, un grupo de guerreros waoranis, vecinos de los tagaeri-taromenani que trabajan en la explotación de madera, atacó una vivienda y acabó con la vida de 26 personas (mujeres y niños) de un clan taromenani, en una masacre denunciada incluso en el plano internacional.
A fines de abril de este año corrió el rumor de otra masacre protagonizada por indígenas waoranis involucrados en el negocio de la madera, que no ha podido comprobarse.
Lo que sí está claro es el asedio a los tagaeri-taromenani por parte de madereros, petroleros, turistas y de algunos de sus vecinos, como los waorani de Ñoneno, Tigüino y Sandoval.
Ellos venden la madera de su territorio a un dólar por tablón, dejan entrar a los leñadores a zonas prohibidas y hasta han organizado expediciones para buscar a los hombres desnudos, veloces caminantes de la selva del pueblo llamado taromenani para "traerse una mujer" o para "civilizarlos".
Los waorani de esas comunidades han encontrado en la venta de madera un ingreso más pues desde que abandonaron su vida silvestre (hace apenas cincuenta años, cuando misioneros evangélicos los contactaron), necesitan dinero para sobrevivir. Más aún, la actividad petrolera los ha empujado a la economía del dinero, pues la contaminación ha acabado con los peces de sus ríos, los animales han huido gracias a la apertura de carreteras y las compañías han vuelto a muchos waoranis, mendicantes de motores, techos de zinc, medicinas u otros insumos básicos.
En Ecuador hay al menos dos grupos de pueblos sin contacto, los tagaeris y los taromenanis, aunque se presume la existencia de otros, caminantes y nómadas, que habitan la Amazonia ecuatoriana.
Los tagaeri-taromenani han dado varias señales de "ya no más". Pero dentro del Parque Nacional Yasuní operan las compañías petroleras extranjeras Andes Petroleum, Petrobras, Petrobel y la propia empresa estatal Petroecuador en el eje de yacimientos ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambacocha), los extractores ilegales de maderas y algunos complejos turísticos.
Pocos días después del incidente del 12 de abril, Manuel Kawilla, de la comunidad de Ñoneno y uno de los waorani que trabajan en la madera, organizó una expedición en busca de los taromenanis. Encontró apenas una vivienda deshabitada, de la que se llevó una olla, una manta y muchas lanzas de chonta (una variedad de palma espinosa) que ahora vende a 100 dólares la unidad.
Ante los rumores de nuevas muertes, los ministros de Ambiente y Defensa se reunieron el 2 de mayo en Coca, provincia de Orellana, con autoridades provinciales y con dirigentes waorani, y se comprometieron a acciones mínimas de control forestal.
El 10 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares "para proteger la vida y la integridad personal de los pueblos tagaeri y taromenani que habitan en la selva amazónica ecuatoriana".
El pronunciamiento de la CIDH busca que el Estado ecuatoriano "adopte medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos tagaeri y taromenani, en especial, adopte las medidas que sean necesarias para proteger el territorio en el que habitan, incluyendo las acciones requeridas para impedir el ingreso de terceros".
Pero varios testimonios indican que desde entonces la actividad maderera sigue a tope en los ríos Shiripuno, Cononaco, Tiguino y Tiputini.
Enormes canoas cargadas de tablones de cedro surcan los ríos. Las maderas se embodegan en el puente de Shiripuno y se cargan en camiones con destino a Colombia, según los relatos de los propios madereros, de turistas que han recorrido la zona y de waoranis que trabajan en la actividad turística y que se oponen a la extracción de madera.
La propia ministra del Ambiente, Ana Albán, constató el problema en un vuelo sobre la zona el 28 de junio.
David Gilbert, becario de la estadounidense asociación Fulbright, quien visitó la comunidad waorani de Bameno, relató a IPS que en su viaje por el río avistó al menos 10 campamentos madereros, canoas llenas de madera y troncos tirados por mulas y caballos en pleno corazón del parque.
Los líderes de la organización waorani han centrado sus acciones en la cuestión petrolera.
Vicente Enomenga, presidente de la Organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, Onwae, dijo el 18 de mayo ante el Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas que la operación de la compañía brasileña Petrobras en un yacimiento de la zona llamado bloque 31 ponía en peligro la vida de los pueblos aislados o sin contacto, pero no se refirió al tema de la madera.
"Petrobras ha transgredido normas internacionales al realizar actividades en un territorio intangible y ha violado derechos indígenas pues el proyecto no ha sido consultado al pueblo waorani ni cuenta con su consentimiento libre, previo e informado", dijo Enomenga.
"Si bien el proyecto ha sido suspendido momentáneamente, se prevé que Petrobras reiniciará su trabajo en cualquier momento poniendo en riesgo a los pueblos aislados taromenani y tagaeri", añadió el dirigente.
Armando Boya, quien fue presidente durante ocho años de la Onwae, montó una expedición hacia la comunidad de Boameno, para saber más de los taromenani, "porque queremos, como pueblos hermanos, protegerlos, reunirles en un solo lugar y ayudarlos", dijo y manifestó que su interés en el tema empieza en el 2003, cuando fue a rescatar a los muertos de aquel entonces.
Según dijo a IPS, Boya fue a "explicar a Manuel Kawilla, a Babe Ima y a otros, que no deben sacar madera" e insistió en que buscará apoyo logístico para continuar visitando a las comunidades. La Onwae soporta divisiones internas y presiones externas en tres frentes: la explotación ilegal de madera, contratos de usufructo de los recursos de sus territorios y el petróleo, según la Campaña De Selva Tropical De Yasuní, de la organización estadounidense Save America's Forests. Boya ha sido acusado por otros miembros de la Onwae de haber cedido parte del territorio waorani para el usufructo de la compañía EcoGenesis, del estadounidense Daniel Roscom.
El Ministerio de Ambiente tiene lista una propuesta de decreto para delimitar la Zona Intangible, en la que estarían prohibidas las actividades extractivas.
La ministra Albán dijo —en un taller realizado para comprometer a varios sectores en dicha propuesta— que faltaba limar algunos detalles del decreto y que esperaba la inminente firma y promulgación del presidente Alfredo Palacio.
Pero, frente a la complejidad del problema, la delimitación de la Zona Intangible es apenas un primer paso para la protección de los pueblos ocultos que podrían encaminarse a la extinción.
