Un alto tribunal federal de México revisa la impugnación de la oposición de izquierda a los comicios presidenciales del 2 de este mes, mientras observadores electorales y figuras independientes señalan irregularidades y situaciones sospechosas configuradas antes, durante y después de aquel domingo.
Las denuncias de fraude señalan el uso del programa de ayuda social Oportunidades para coaccionar a los votantes a favor del candidato del gobierno, la posible falsificación de 60 por ciento de las actas con errores aritméticos, la falta de sustento de un millón y medio de sufragios, alteración del cómputo y de los resultados preliminares, y una campaña de la corporación empresarial y de sectores de la Iglesia Católica contra el postulante de la izquierda.
Según el escrutinio oficial, el candidato Felipe Calderón del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN) se impuso por una diferencia de 0,58 por ciento a su más cercano oponente, el izquierdista Andrés López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Alicia Alonso, de la organización no gubernamental Alianza Cívica —que formó parte de los casi 24.000 observadores independientes de los comicios—, dijo a IPS que antes del 2 de julio su grupo confirmó el uso del programa de asistencia social Oportunidades para inducir y coaccionar el voto a favor de Calderón.
"No podemos sostener que se cometió un fraude generalizado pero sí que se registraron irregularidades que pudieron incidir en los resultados", expresó.
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Alonso narró que, semanas antes de las elecciones, Alianza Cívica efectuó 11.500 entrevistas a beneficiarios del programa Oportunidades en 23 de los 31 estados del país. Los entrevistados aseveraron que las autoridades les habían hecho saber que necesitaban votar a Calderón para mantener ese beneficio.
El coordinador nacional de Oportunidades, Rogelio Gómez Hermosillo, negó que el programa se hubiera usado con fines electorales, mas admitió que el gobierno había intensificado el apoyo en áreas urbanas con altos índices de pobreza. Pero "les dijimos (a los beneficiarios) que no había fines electorales y que su voto era libre".
Carlos Rojas, senador del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y encargado durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) del Programa Nacional de Solidaridad, hoy llamado Oportunidades, sostuvo que la actual administración de Vicente Fox usó la asistencia social para inducir el voto.
En un debate transmitido por televisión, en el que participó Gómez Hermosillo, Rojas presentó una carta en la que el aspirante al gobierno de la ciudad de México por el PAN pedía el voto a líderes de las organizaciones civiles beneficiadas con programas sociales de la Secretaría (ministerio) de Desarrollo Social.
El 6 de enero, la secretaria (ministra) de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, renunció a su cargo para coordinar la campaña de Calderón. En su momento, los opositores denunciaron que la ex funcionaria tenía pleno control de los padrones de beneficiarios de la asistencia social del Estado, algo que ella siempre desmintió.
Según la Alianza Cívica, en el norteño estado de Nuevo León sacerdotes de la Iglesia Católica promovieron entre sus fieles la plataforma electoral de Calderón y convocaron a no votar por quienes defendían la legalización del aborto y leyes a favor de personas no heterosexuales, en abierta referencia a López Obrador.
La organización sostuvo que otra anomalía fue la acción del patronal Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que "a través de un bombardeo" de cuñas publicitarias en radio y televisión lanzó una gran ofensiva contra del candidato de izquierda, al que comparó con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y definió como un peligro para la estabilidad del país.
Consultado por IPS, Alberto Núñez Esteva, presidente del CCE, se defendió alegando que su campaña sólo tenía la finalidad de sensibilizar a la población para que emitiera su voto con responsabilidad.
López Obrador, de la coalición Por el Bien de Todos, integrada por el PRD y los pequeños partidos del Trabajo y Convergencia, afirmó que el 2 de julio más de 15 millones de personas votaron por él y advirtió que no abandonaría la lucha para que las autoridades contaran voto por voto de modo de exponer el fraude cometido.
En la noche de la misma jornada comicial, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) puesto en marcha por el Instituto Federal Electoral (IFE) para un conteo rápido, indicó una competencia muy cerrada, pero registrando un comportamiento estadístico cuestionado por algunos expertos.
Tres días más tarde, con el cómputo de las actas, el IFE declaró vencedor a Calderón con una diferencia de 0,58 por ciento de los votos respecto de López Obrador y anticipándose a la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, único organismo facultado para ese fin.
Víctor Romero Rochín, investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Bolívar Huerta, profesor de ciencias de esa misma institución pública, coincidieron en que el PREP y el cómputo de las actas registraron comportamientos estadísticos "atípicos" e "improbables".
En entrevista con la estación nacional W Radio, Rochín explicó que junto con otros investigadores hicieron el cómputo de los sufragios con base en los datos que el IFE colocó en su página web, y observaron que se registraron "patrones extraños".
"En el campo de la estadística, los resultados se salen de cualquier patrón razonable. O hubo interferencia o no sé que sucedió", expuso.
De igual forma, Huerta sugirió "no descartar la pista de una eventual intervención del contero del PREP" por algún hacker (atacante informático), pues "hay muchas evidencias de irregularidades en el conteo", y propuso realizar uno nuevo con un sistema distinto al usado por el IFE para garantizar la transparencia del proceso.
René Miranda, coordinador general del PREP, alegó que el resultado fue atípico porque nunca antes un candidato había obtenido una ventaja tan reducida para ganar.
En defensa de lo que considera su triunfo, López Obrador presentó vídeos en los que se aprecia a personas (funcionarios de casilla, según el PRD) llenando urnas, una actividad ilegal.
"Hay un millón y medio de votos que no tienen sustento. Se reportaron más votos a favor de Calderón de los que realmente tiene", dijo López Obrador al exhibir como ejemplo dos actas, la 766, de San Luis Potosí, y la 798, de Nuevo León.
La primera tenía un total de 1.449 votos, a pesar de que la lista de votantes indicaba 412, y en la segunda, los sufragios sumaron 960 y la cantidad de electores era de 603.
El IFE admitió el domingo que durante el cómputo de las actas se abrieron 2.870 urnas y en 95 por ciento de ellas se hallaron inconsistencias en las sumas de votos registrados.
El 31 de agosto vence el plazo para que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones. El 6 de septiembre, el organismo deberá calificar la elección y entregar la constancia de ganador al próximo presidente de México.
El analista Raymundo Riva Palacio alertó sobre el riesgo de que el encono aumente, y sugirió que era sano para el país (y principalmente para Calderón), que se recontaran los votos y se legitimaran los comicios.
