Acapulco, el famoso centro turístico internacional del sur de México, se convirtió en las últimas semanas en campo de una feroz batalla entre bandas criminales por el control del tráfico de drogas. Su último reto a las autoridades fue el secuestro y asesinato de dos militares.
Las víctimas del narcotráfico fueron un capitán retirado del ejército que se desempeñaba como jefe de seguridad del alcalde de Acapulco, Félix Salgado, y un teniente de corbeta de la marina de guerra asignado a inteligencia militar. Ambos fuero secuestrados a comienzos de esta semana por un grupo de hombres vestidos con uniformes negros y portando armas de gran poder de fuego.
El subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, informó que la investigación apunta los sicarios conocidos como «Los Zetas», una célula desertora del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del ejército y hoy al servicio del cartel del Golfo, y a la banda «Los Pelones», que opera para el cartel de Sinaloa.
Vasconcelos no descartó que pueda estar involucrado un tercer grupo de sicarios, al servicio éstos del cartel de Juárez, ya que se han detectado operaciones de las tres mafias en la guerra por el control del apetitoso tráfico de estupefacientes en Acapulco, el balneario mexicano más conocido en el mundo ubicado sobre el océano Pacífico en el meridional estado de Guerrero.
Policías municipales y militares se habían enfrentado a balazos con un grupo de narcotraficantes el 27 de enero en la zona suburbana conocida como La Garita.
En ese tiroteo murieron varios delincuentes y, después de estos hechos, en ese mismo sitio han sido abandonadas tres cabezas cercenadas de policías que participaron en el enfrentamiento. Los autores anexaron macabros mensajes firmados por «Los Zetas».
Las dos víctimas últimas, el capitán retirado Eusebio Palacios Ortiz y el teniente de corbeta Marcelino Marcelo García, también habían formado parte de la patrulla que se enfrentó con los narcotraficantes en enero, admitieron autoridades judiciales de Acapulco.
Tras el secuestro de los dos militares, los turistas se asombraron por la inusual movilización de fuerzas de la armada, del ejército, de la policía municipal y de agentes federales, que desplegaron una intensa búsqueda por tierra, mar y aire por todo el puerto de Acapulco y la zona montañosa.
La búsqueda finalizó en la noche de la víspera con el hallazgo e identificación de los dos cadáveres abandonados dentro de un vehículo estacionado en un complejo habitacional. Los cuerpos presentaban signos de tortura y tenían la cabeza cubierta.
La violencia desencadenada por narcotraficantes, que se disputan el control de plazas para la venta al menudeo, es un asunto que no sólo inquieta a las autoridades mexicanas sino también a Estados Unidos, según lo indica el informe titulado «Estado bajo asalto: la narcoviolencia y corrupción en México», elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Ese documento de la organización no gubernamental analiza las estrategias a seguir por el gobierno estadounidense de George W. Bush para apoyar al próximo presidente de México con el fin de enfrentar esta ofensiva del narcotráfico, entre ellas, recomienda, luchar para reducir la demanda de drogas en su país.
También la WOLA hace un recuento de los hechos sangrientos atribuidos a las pugnas entre narcotraficantes y añade que «la violenta competencia entre los carteles mexicanos en gran parte se dirige hacia un solo objetivo: beneficiarse del robusto mercado ilegal de las drogas en Estados Unidos».
El 1 de diciembre asumirá en México el sucesor del presidente Vicente Fox surgido de las elecciones del 2 de este mes con resultado aún incierto.
El Tribunal Federal Electoral desahoga controversias entre Felipe Calderón, del gobernante Parido Acción Nacional y quien en el conteo primario sacó una ventaja de apenas 0,58 puntos porcentuales sobre el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
«Lo peor que le puede pasar a la gente de Guerrero es que se acostumbre a estos elevados niveles de violencia. Cuando eso sucede, es más difícil lograr que la sociedad se sume a la lucha contra el delito», dijo a IPS María Elena Morera, presidenta nacional de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia.
En su opinión, la violencia que se vive en Acapulco es producto de la fractura de los carteles del Golfo y el de Sinaloa, que luchan por controlar el tráfico de estupefacientes.
Morera urgió a las autoridades estatales y federales a reforzar el combate al crimen organizado mediante estrategias de fondo que partan de diagnósticos reales y no sólo se limiten a incrementar las penas carcelarias a los delincuentes. Hay que depurar a las corporaciones policiales, porque muchas de ellas están infiltradas por los narcotraficantes, añadió.
La activista recordó que México era una década atrás un territorio de tránsito de droga, pero ahora también se consume en el país y para impedirlo se necesitan estrategias bien diseñadas, una policía honesta y leyes penitenciarias que no sólo aumenten los castigos, sino que rehabiliten a los delincuentes.
Opinó, además, que la violencia que afronta Acapulco tiene tintes que superan a la oleada de asesinatos perpetrados el año pasado en los estados de Baja California, Tamaulipas y Sinaloa, donde las víctimas recibían el tiro de gracia. En esta ciudad turística, dijo, se separa la cabeza del cuerpo y se dejan mensajes macabros.
Al conocerse el secuestro de los dos militares, el portavoz de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, dijo que estos hechos «no son un problema de seguridad nacional», sino de delincuencia común que deben atender las autoridades locales.
Por su parte, el alcalde Salgado, del PRD, expresó que él también está amenazado de muerte, pero responderá a esta violencia con movilizaciones sociales, y para este sábado convocó a la marcha por la paz.
Inicialmente Salgado atribuía la violencia a presiones políticas para inhibir el voto el 2 de julio, sin embargo, ya se realizó la jornada electoral y los secuestros y asesinatos continúan.
A su vez, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, también del PRD, comentó que el problema de la inseguridad no es exclusivo de esa región y anunció el lanzamiento próximo del plan nacional de vigilancia llamado México Seguro, creado en junio de 2005 y que consiste en patrullajes del ejército y de las policías locales para inhibir la delincuencia.
Por su parte, José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, sostuvo que estos hechos de violencia confirman que las instituciones del Estado han sido rebasadas por el crimen organizado.
