A menos de un mes de que Álvaro Uribe asuma su segundo mandato presidencial en Colombia, la paz en este país es una posibilidad para algunos expertos, es improbable para otros y es la esperanza de la inmensa mayoría de colombianos.
"Creo que Colombia entró en un momento esperanzador. Siento que se han dado señales de cambio que me llevan a pensar en la firma negociada de paz en un término más breve que largo", afirmó Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz, durante la presentación el miércoles 5 del Anuario 2006 de Procesos de Paz, dirigido por él y publicado en este país por el PNUD.
Fisas, quien desde su juventud quiso luchar por la paz, es experto en conflictos armados, diálogo y docencia, y reconocido mundialmente por haber fundado en 1999 la Escuela de Cultura de Paz, el curso de postgrado más solicitado de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
El conflicto armado de Colombia, que data de hace cuatro décadas, se agudizó en los últimos 10 años, como producto de la consolidación de grupos armados privados, las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas para combatir a la guerrilla rural, principalmente a la izquierdista Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El escenario se caldeó aún más con la presencia del dinero del tráfico de cocaína, que sirve de combustible al conflicto armado.
El lema de Uribe en su primera administración que termina el 7 de agosto fue "mano dura, corazón grande". Es decir, mano dura contra la guerrilla, y ayuda a los que entreguen las armas.
El gobierno llevó a cabo una negociación secreta con las AUC para su desmovilización, y recrudeció la campaña militar contra las FARC. Según la página de la Presidencia de Colombia, entre 2003 y 2006 se han desmovilizado 41.026 combatientes de ambos bandos, de los cuales 30.944 corresponden a desmovilizaciones colectivas de las AUC. Sin embargo, estos últimos han entregado solamente 17.000 armas, según datos oficiales.
Además, esas cifras son dudosas. El propio Ministerio del Interior admitió la semana pasada que 40 por ciento de los 30.944 desmovilizados, unos 12.000, "no estaban en los que las AUC llamaban 'frentes de choque', sino que eran integrantes de redes de apoyo y colaboradores ocasionales", según el diario El Tiempo.
Por tanto, se depurarían las listas de los beneficiarios de los programas de reinserción, dijo el periódico citando fuentes oficiales.
Para Fisas es "posible que el presidente Uribe reflexione sobre la poca utilidad de su estrategia en los cuatro primeros años de mandato, y que las FARC entiendan que sus métodos no lograron acabar con el establecimiento (el poder establecido). La negociación se lograría con la participación de todos los actores, incluidos narcotraficantes y paramilitares", aseveró.
Pero pese a las desmovilizaciones, los enfrentamientos armados no han cesado, ni la secuela de personas huyendo de los escenarios de la guerra. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en este país hay más de un millón de desplazados internos, los cuales aumentan diariamente.
Organizaciones no gubernamentales (ONG), como la Consultoría para los Derechos Humanos, sostienen que la cifra de desplazados podría llegar a tres millones.
Pese a que existen programas gubernamentales, los desplazados "no reciben la debida atención por parte del Estado", declaró esta semana Edgardo Maya Villazón, procurador general de la Nación, entidad estatal encargada principalmente de vigilar el buen funcionamiento y transparencia del Estado.
Hernando Gómez Buendía, director del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 – "El conflicto, callejón con salida", considera "poco viable la posibilidad de que los narcotraficantes se sienten en una misma mesa de negociación con los demás actores. Así se desvirtúa la hipótesis de Fisas".
En la última década, organizaciones de base, comunitarias, indígenas y campesinas se han convertido en actores destacados de iniciativas de paz exitosas en el plano local. Asimismo, se han generado redes de promotores de paz, colectivos de profesionales y organizaciones no gubernamentales que trabajan fundamentalmente con miras a la paz y la justicia social.
Camilo Borrero, investigador y abogado del Centro de Investigación y Educación Popular, una de las ONG con más trayectoria en defensa de derechos humanos, dijo a IPS que percibe "movimientos alrededor de la paz con algo de optimismo, sin que por ello considere que ésta sea viable en el gobierno de Uribe".
"Como la guerra, la paz también genera beneficios. Eso lo sabe Uribe y lo pondría en práctica si se analizan o avanzan las negociaciones del TLC (Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos) o el ingreso al Mercosur. Para algunos sectores gremiales, que se llegue a una paz es un buen negocio. Es lo que se entiende como una paz con interés comercial", agregó Borrero.
Entre las redes pacifistas se destaca la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, que reúne a 11 organizaciones sociales de Colombia. Su director ejecutivo, Jaime Zuluaga, consideró viable el enunciado de Fisas.
"Después de las elecciones del 28 de mayo pasado se notó un cambio de actitud tanto del presidente como de las FARC, han variado algunas condiciones que permiten pensar que a mediano plazo se sienten las bases de un acuerdo humanitario", afirmó Zuluaga a IPS.
Después de esos comicios, que dieron a Uribe un segundo mandato presidencial, el mandatario dijo que un posible proceso de paz con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (segunda guerrilla rural) desembocaría en una Asamblea Nacional Constituyente.
Uribe agregó que la radicalidad las FARC parece haber cedido, dado que afirmaron tener disponibilidad para el intercambio humanitario de rehenes por guerrilleros presos y de negociación política a condición de que el presidente ordenara retirar a las Fuerzas Armadas de los municipios de Pradera y Florida, en el departamento del Valle del Cauca, sur-occidente del país.
Colombia lleva 23 años de intentos de negociación para lograr la paz entre las guerrillas y el Estado.
Zuluaga matizó, sin embargo, que los cambios de tono no significan alivio a la presión militar ni el desmonte total de sus estrategias, ni control al resurgimiento paramilitar o al fortalecimiento y la legitimación del narcotráfico.
"Pero en medio de todo este escenario complejo, mi impresión es que el presidente sabe que si avanza en esa dirección, los cuatro años de su segundo periodo no le alcanzarán para resolver el conflicto por la vía militar. Por lo tanto buscará el camino de la negociación", estimó Zuluaga.
"Sin resultados contundentes en el campo militar, perderá respaldos económicos y políticos que el presidente no pondrá en juego", agregó Zuluaga, quien también es profesor e investigador.
Fisas, quien realiza el seguimiento de 30 conflictos en el mundo entero, concluyó en su Anuario 2006 de Procesos de Paz, que en el año pasado se inició una etapa de diálogos con resultados positivos en varios lugares del mundo, que alcanzaría incluso al conflicto colombiano que junto con el palestino-israelí son los más antiguos del mundo.
