En el tercer encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MVCE), reunido hasta el domingo en la capital colombiana, no hubo diagnósticos, sino propuestas. Por ejemplo, una ley para proscribir la actividad paramilitar, de vieja raigambre en el conflicto de este país.
El MVCE piensa promover un proyecto de ley que prohíba la actividad paramilitar, una iniciativa que apunta directamente a los pilares de la política de seguridad democrática del gobierno del derechista Álvaro Uribe, basada en redes de informantes civiles de apoyo a las fuerzas del Estado en su combate contra la guerrilla.
Uno de dos extensos informes entregados al fiscal general Mario Iguarán el pasado 29 de junio consigna que la creación de paramilitares en Colombia después de la guerra de mediados de siglo XX habría sido recomendada por una misión del ejército estadounidense de febrero de 1962, — conocida como Yarbourough por el apellido del general que la encabezó— y se puede rastrear en seis manuales de contrainsurgencia nacionales a partir de ese año y hasta 1987.
Por eso, el MVCE actuará además con organizaciones de la sociedad civil estadounidense para presionar por la desclasificación de archivos oficiales de ese país.
La iniciativa legislativa prevé "la interdicción de cualquier política pública tendiente a armar a civiles, o a otorgarles funciones propias de las fuerzas militares o de los cuerpos de seguridad estatales", incluyendo redes de informantes.
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Se busca tipificar el delito de alianza entre agentes estatales y grupos paramilitares, incluido el fomento de la infiltración paramilitar en el Estado y el uso de la contratación pública para beneficiar a particulares pertenecientes a estas organizaciones.
Además, se prohibiría "la planificación de operaciones encubiertas de tipo paramilitar por parte de miembros de la fuerza pública" y la conformación de mercenarios y escuadrones de la muerte.
Aunque las víctimas consideran altamente improbable que el actual parlamento, conformado en 70 por ciento por uribistas, apruebe semejante proyecto, dicen que no cejarán hasta ver esa prohibición en la Constitución.
En cierto modo, este proyecto es una alternativa a la Ley de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización paramilitar promovida por el gobierno de Uribe.
La Corte Constitucional terminó en mayo el examen de dicha norma y dispuso, entre otros aspectos, que las familias y los sobrevivientes podrán conocer todas las etapas de la investigación y tener acceso a los expedientes.
El coordinador de la unidad de justicia y paz de la fiscalía general, Luis González, anunció ante los delegados del encuentro que esa entidad está "tratando de documentar todos los hechos" y advirtió que "vamos a conocer cosas terribles".
Pero "las víctimas pensamos que la lucha contra la impunidad y por nuestros derechos no se circunscribe a la manera como sea aplicada la ley" de Justicia y Paz, dijo a IPS Iván Cepeda, uno de los portavoces del movimiento creado formalmente en junio de 2005.
El encuentro del MVCE es la reunión más grande de víctimas del conflicto colombiano de varias décadas, con más de 1.100 delegados de todo el país, entre organizaciones campesinas y ligas agrarias de regiones azotadas por la guerra, sindicalistas, comunidades negras e indígenas e individuos, así como partidos izquierdistas como la Unión Patriótica, borrado a tiros del mapa electoral en los años 90.
El MVCE agrupa únicamente a las víctimas de fuerzas estatales o paraestatales ultraderechistas, aunque apoya que los afectados por las guerrillas izquierdistas, surgidas en 1964, se asocien también, y hagan sus exigencias.
Según la Organización de las Naciones Unidas, 80 por ciento de los crímenes de guerra han sido cometidos por los paramilitares.
"Damos testimonio de que si no es por los familiares próximos de las víctimas de los responsables de las muertes violentas de la dirigencia sindical en Colombia, muy difícilmente las investigaciones judiciales hubieran llegado siquiera a la etapa de instrucción", dijo el jueves, en la instalación del encuentro, el defensor del Pueblo (ombudsman) Volmar Pérez.
Por apoyar a la justicia, los parientes "son amenazados por los responsables directos de esas muertes violentas", agregó.
Quienes en el último año recorrieron el país siguiendo la huella de los sobrevivientes, por ejemplo en el septentrional San Onofre, departamento de Sucre, en la ciudad de Cúcuta en el nororiente, en las comunidades de Jiguamiandó, Curbaradó y Cacarica, en el noroccidente, en el Alto Ariari, al sur, o en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte, hallaron signos comunes de violencia.
"Masacres públicas en las que los paramilitares asesinaron a líderes campesinos e indígenas delante de sus familiares y sus comunidades. La misma estrategia de cavar fosas comunes para enterrar y desaparecer los cuerpos. El mismo modelo de crear centros de exterminio en haciendas que han sido incautadas a familias que antes vivían en estas regiones y hoy están desplazadas", dijo Cepeda en la instalación, que fue transmitida en directo vía Internet por la naciente Coordinación Colombiana de Medios Alternativos.
Y después "hemos visto cómo los políticos locales corruptos, de la mano de las fuerzas militares, han generado poderes mafiosos en las regiones", añadió.
El gobierno sostuvo que había logrado la desmovilización de casi 31.000 paramilitares tras una negociación secreta con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Pero Cepeda replicó que "no es cierto. Lo decimos las víctimas. En Colombia no se han desmovilizado los paramilitares. En Colombia ha surgido un tenebroso poder mafioso".
El MVCE aprobó ocho directrices para su acción futura.
El movimiento exigirá, nacional e internacionalmente, en los procesos judiciales "las máximas responsabilidades" por más de 50.000 crímenes de lesa humanidad cuya documentación fue entregada al fiscal general.
La documentación hoy en manos de Iguarán comprende dos grandes investigaciones: "Nunca más", que cubre crímenes desde 1966 a 1998, y "Deuda con la Humanidad", con unos 14.400 casos documentados desde 1988 hasta 2003.
Entre los 50.000 casos no están contados doblemente los reportados por ambas investigaciones entre 1988 y 1998.
Mientras "Deuda con la Humanidad" recoge casos ordenados de forma cronológica en el ámbito nacional y analiza año a año la modalidad criminal característica del periodo, "Nunca más", iniciada hace 10 años, está hecha por regiones, de acuerdo a la división de las brigadas militares en el país.
Esta investigación hasta ahora ha entregado dos informes regionales, "Zona 14", sobre 18 municipios del nordeste del departamento de Antioquia, Boyacá y Santander, y "Zona 7", sobre denuncias de crímenes cometidos en 31 municipios de los sureños departamentos del Meta y Guaviare.
El proyecto "Nunca Más" prepara el tercer informe para la jurisdicción de la Quinta Brigada del ejército y comprende los nororientales departamentos de Santander y Santander del Norte y parte del Magdalena Medio.
Entre 1999 y 2004, hubo 5.200 asesinatos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, según el MVCE.
En cada región, los miembros del MVCE llevarán los casos locales a la fiscalía para que ésta investigue y complemente. "Ahora llega el momento de utilizar toda esa información en términos judiciales y sociales", según Cepeda.
El MCVE insistirá en que las investigaciones de la fiscalía lleguen "hasta los políticos, ganaderos y empresarios, a cómo fueron los procesos de acumulación de riqueza que hubo allí y a revelar muy claramente quiénes determinaron los crímenes".
Las víctimas apuntan "a la responsabilidad central. No a que nos digan que tal paramilitar de bajo rango fue el que mató a equis persona en tal sitio", agregó.
Además, el MCVE está capacitando a algunos miembros para actuar ante la justicia interamericana y ante la Corte Penal Internacional.
El movimiento también se propone nombrar una comisión ética internacional que acompañe a las víctimas, y que tendrá un mandato de 10 años.
Ese cuerpo estará integrado por 20 extranjeros de reconocida trayectoria internacional, encabezados por la organización argentina Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, cuyas delegadas fueron aclamadas en el encuentro, y cinco colombianos cuyo perfil aún se está definiendo.
Entre ellos habrá religiosos, juristas, académicos, parlamentarios y artistas, pero ningún ex presidente del país, pues "pensamos que todos tienen un grado de responsabilidad importante", dijeron.
"Será fundamentalmente gente que desde la sociedad civil se ha destacado en la defensa de los derechos humanos", adelantó Cepeda.
La comisión ética acompañará, en distintos momentos, a determinadas comunidades que han sufrido exterminio colectivo. También será salvaguardia de la memoria, como depositaria de ciertos objetos de las víctimas, de documentación y de información que sólo harán públicas cuando exista un organismo de esclarecimiento histórico.
