Los trabajadores colombianos verán disminuida su capacidad adquisitiva de ser aprobada la reforma de tributaria que presentará el gobierno de Álvaro Uribe al Congreso legislativo este jueves 20 de julio, fecha conmemorativa de la independencia de Colombia en 1810.
Esta, la cuarta reforma tributaria del primer periodo de gobierno de Uribe (2002 -2006), ha sido llamada "reforma estructural", porque a diferencia de las anteriores que se limitaban a hacer modificaciones parciales de la normativa establecida en 1970, la nueva propuesta plantea cambios sustanciales.
Uribe asumirá como presidente por segunda vez consecutiva el 7 de agosto, tras haber ganado las elecciones el 28 de mayo con 62 por ciento de los votos. La reelección fue aprobada mediante una reforma a la Constitución promovida por el mandatario.
"Esta es una reforma (tributaria) muy fuerte que sólo puede presentar un gobierno como el de Uribe, dado el respaldo con el que cuenta, y que favorece a los grandes capitales, mientras amplía la base de tributo y aumenta considerablemente los impuestos a la canasta familiar de las clases populares", aseguró a IPS Jorge Robledo, senador de la izquierdista agrupación política Polo Democrático.
Este respaldo, según Robledo, se basa en que "la gente tiene en la cabeza 'Uribe o los grupos guerrilleros', y en esa lógica piensan '¡con Uribe como sea!' Claro que esto también tendrá un límite y ese va a ser la pobreza que se avecina".
Conocido el resultado de las elecciones, Uribe y su equipo económico promovieron la reforma, que entraría en vigor tras ser aprobada por el Congreso, donde el oficialismo cuenta con la mayoría de los escaños.
Sin embargo, algunos sectores aliados del gobierno, encabezados por el senador Germán Vargas Lleras, se han separado del texto presentado por Uribe y han anunciado la redacción de una contrapropuesta.
La propuesta del régimen impositivo de Uribe aumentaría la carga tributaria, principalmente de la población de ingresos bajos y medios, dado que pretende gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) a cerca de 70 por ciento de los alimentos incluidos en la canasta familiar.
El gravamen se impondría específicamente a los alimentos, pues los demás rubros de la canasta básica, como la salud, fueron gravados en reformas anteriores del actual presidente.
"Por definición, los más pobres o indigentes son quienes no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta de alimentos que les permita un mínimo nutricional. Mientras que pobre es quien no tiene el ingreso necesario para adquirir la canasta básica de bienes, que incluye alimentos, vivienda, servicios públicos, educación y medicamentos".
La explicación la hizo a IPS Ricardo Bonilla, coautor del informe "Bien-Estar: Macroeconomía y Pobreza", que se lanzó este mes en Bogotá y fue realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia y la Contraloría General de la República.
El CID calculó que el costo de la canasta familiar fue en 2005 de 290.000 pesos (116 dólares) por persona, mientras que el gubernamental Departamento Nacional de Planeación lo estimó en 225.000 (90 dólares).
Para 2006 se acordó un salario mínimo mensual de 408.000 pesos (163,2 dólares) y aunque aún no se cuenta con una cifra actualizada del valor de la canasta familiar, se calcula en seis puntos porcentuales por encima del costo del año pasado.
Según el censo de población 2005, las familias de los estratos bajos y medios se componen por cuatro personas, que con frecuencia subsisten con un solo salario mínimo más ingresos por trabajos en el sector informal.
El IVA tiene actualmente nueve franjas o tarifas diferentes, que se aplican según el producto, siendo la de 16 por ciento la más generalizada.
La reforma propone tres tarifas diferenciales. Una baja, de 10 por ciento, que recaería en la canasta de alimentos. Una media, de 17 por ciento, que se aplicaría a la mayoría de los productos de consumo general y que sería un punto porcentual más alta que la actual. Y una alta, de 25 por ciento, para los llamados artículos suntuarios, en los que se incluyen los carros, como le dicen en este país a los automóviles.
"No todo el que tiene carro es rico, pero aun con esta excepción, la reforma sin duda afectará a los más pobres que pagarán impuestos a los alimentos", agregó Bonilla.
Los promotores de la reforma aseguran que el IVA no afectará la economía de los más pobres por cuanto el impuesto será devuelto a los contribuyentes de los estratos económicos uno y dos, es decir las clases más bajas según el sistema de clasificación socioeconómico colombiano, y que representan algo más de veinte millones de personas.
El proceso devolutivo se realizaría a través de cuentas o cajas de ahorro en las entidades bancarias, o de corresponsales no bancarios, ubicados en tiendas, farmacias y comercios pequeños, mecanismos que serían reglamentados mediante un programa estatal denominado "banca de oportunidades".
"Esta debe entenderse como una nueva oportunidad para que el capital financiero gane más dinero. Porque quienes pueden acceder a una cuenta bancaria asumirán los gastos de manejo que éstas representan y los que no, estarán sujetos a los políticos de las localidades quienes decidirán arbitrariamente a quién les devuelven y a quienes no", afirmó Robledo.
"Pensar en la devolución del impuesto es demasiado complicado" complementó Bonilla.
"Tendrían que ir de tienda en tienda recogiendo los recibos de venta. Y sabemos de la extensión del país y de su geografía, que incluye poblaciones en donde el Estado no hace presencia", agregó el investigador.
"Aun suponiendo que lograran éxito en la devolución de un porcentaje del dinero recaudado, este es un instrumento clientelista perverso. No es una estructura tributaria democrática", agregó el parlamentario de la oposición.
Por su parte, el procurador general Edgardo Maya Villazón, a cuyo cargo está la entidad que vela por la transparencia de la gestión pública, le recordó al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que el impuesto a los alimentos fue declarado inexequible en 2002 por la Corte Constitucional, responsable de la revisión jurídica de las leyes frente a la Constitución.
Uribe había incluido el IVA a los alimentos en el texto de su primera reforma tributaria, en la cual se aprobó el "impuesto de seguridad" del 1,2 por ciento a los patrimonios superiores a 169,5 millones de pesos (67.800 dólares). Pese a haber sido declarado incompatible con la Carta Magna, Uribe vuelve a plantearlo en esta "reforma estructural".
En la segunda reforma, se impuso un IVA de siete por ciento a los alimentos empacados y a la medicina prepagada, que hoy es ya de 10 por ciento.
En 2003 se gravaron los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos (1.200 millones de dólares). Se aumentó el número de obligados a declarar renta, y el impuesto a las transacciones bancarias subió del tres por mil a cuatro por mil.
"Hay que decir que las reformas económicas desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) han tenido un rumbo claro: reducir el impuesto de renta y aumentar el aporte del IVA. Con una mano bajan el aporte de renta a las sociedades, a los monopolios y a las trasnacionales, y con la otra aumentan el impuesto de venta a las capas bajas y medias", afirmó el senador Robledo. "Pero en el caso de Uribe es demasiado contundente", agregó.
La afirmación de Robledo se basa en que contrario a las alzas en los productos básicos, la reforma pretende disminuir el impuesto a la renta que pagan las empresas, de 38,5 a 33 por ciento en el primer año y a 32 por ciento en el segundo, con la perspectiva de disminuirlo a 30 por ciento en años posteriores.
Actualmente, estos impuestos cuentan con deducciones sobre la tarifa plena cuando el contribuyente hace donaciones a entidades sin ánimo de lucro, promueve la cultura o el deporte, o apoya la reforestación. Así como cuando invierte en investigaciones científicas, mejoramiento del ambiente, activos fijos reales, proyectos cinematográficos, o cuando emplea trabajadores con limitaciones físicas.
"También eliminarán un impuesto que se llama de remesas, que sólo pagan las trasnacionales cuando sacan sus utilidades de Colombia. Así estamos ante el hecho monstruoso en el que la comida y los servicios públicos serán gravados, mientras le rebajan los impuestos a los más ricos de Colombia y del mundo, porque acordémonos que cada vez Colombia pertenece más a los ricos del mundo", aseveró Robledo.
La afirmación hace referencia al ingreso de capital extranjero por venta de bancos y empresas públicas y privadas realizadas durante el gobierno Uribe, como sucedió con la empresa nacional de telecomunicaciones y el Banco Granahorrar.
La "reforma estructural" se presenta en un momento en que si bien el crecimiento del producto interno bruto ha sido ascendente, (3,9 en 2003, 4,8 en 2004 y 5,1 en 2005) "los resultados podrían haber sido mejores. Nuestros vecinos crecieron en seis por ciento", afirmó el economista Bonilla.
"El precio internacional del petróleo, el aumento del precio del café, el carbón y el ferro-níquel favorecieron la expansión de la economía. El Banco de la República mantuvo una política expansiva, todo lo cual favoreció al crecimiento con resultados que pudieron ser similares a los registrados en Chile y Argentina", afirmó Bonilla.
Se desaprovecharon circunstancias de la economía mundial, pero además, y lo más grave, agrega Bonilla, es que factores positivos, como las reservas de petróleo en Colombia, podrían agotarse en cinco años o menos, en caso de no encontrarse nuevos pozos.
"Si la política económica se basa en la inequidad, y el crecimiento no va de la mano de medidas de redistribución, la pobreza no se reducirá sustancialmente", concluyó el economista.
El título de la investigación de Bonilla alude a la premisa de que "si el bienestar es la felicidad que resulta de las opciones que como agentes hacen los individuos, la economía debe estar al servicio de la felicidad".
Sin embargo, lo que sirve a la felicidad de unos y otros no es lo mismo. "El gobierno afirma que el impacto de la reforma será neutro, que no va a aumentar ni a disminuir la masa total de lo recaudado. Pero si espera una contribución de 4,2 billones de pesos (1.680 millones de dólares) por concepto de IVA, y el final es neutro, es evidente que lo que le suben a los pobres se lo rebajan a los ricos", concluyó el senador Robledo.
