– En Colombia, que vive un conflicto armado interno de 40 años, no existe reconocimiento legal de la objeción de conciencia. Pero jóvenes mujeres y hombres piden no ser forzados a integrar las Fuerzas Armadas ni ningún otro grupo armado.
Con el propósito de "generar acciones que permitan forjar alternativas éticas, políticas, jurídicas y económicas para los jóvenes que se niegan a participar en la lógica propia de la guerra", la Asamblea Nacional de Objetoras y Objetores de Conciencia de Colombia (Anooc), que agrupa a nueve organizaciones, convocó al I Encuentro Internacional de Solidaridad por la Objeción de Conciencia en Colombia.
Pese a que la Constitución Política de este país dice en su artículo 18 que "nadie está obligado a actuar contra su conciencia", la ley obliga a los varones colombianos mayores de 18 años a prestar un año de servicio militar, y la escasez de recursos y la fuerza de las armas conmina a mujeres y hombres a engrosar filas de los grupos armados ilegales, guerrilleros y paramilitares.
"En Colombia la objeción de conciencia tiene un espectro más amplio, pues no sólo se trata de objetar la prestación del servicio militar obligatorio, sino también el reclutamiento ejercido por grupos al margen de la ley", señala Anooc en el texto de la convocatoria.
Trescientos asistentes, en su mayoría jóvenes, asistieron al encuentro realizado en esta capital el 18 y 19 de este mes. La tradicional marcha de las Fuerzas Armadas del 20 de julio, día de la independencia de Colombia (1810), fue seguida en esta ocasión por decenas de simpatizantes de la objeción de conciencia.
Los pacifistas, exhibiendo pinturas en sus rostros, atuendos coloridos y pancartas con mensajes alusivos al derecho a la vida, siguieron al desfile militar. Sus danzas y cabriolas contrastaron con la solemnidad y despliegue bélico de los soldados, quienes lucían trajes de camuflaje, uniformes, moderno armamento y tanques de guerra.
El 2 de julio, el diario colombiano El Tiempo informó que diariamente 17 soldados movilizados en zonas de combate presentan solicitudes de retiro, revelación que fue confirmada por el comandante de las Fuerzas Armadas, general Carlos Alberto Ospina.
La reunión contó con la participación de representantes de Alemania, España, Serbia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos.
"El movimiento de objeción radical en Alemania se inició en los años 70, al que me uní en 1983 cuando fui llamado al servicio militar. Europa vivía la llamada guerra fría con armas nucleares y entendí que con ellas se mataría mucha gente, lo que para mí no tiene sentido. Por eso no quise pertenecer a ningún ejército, aun cuando por ello tuve que enfrentar procesos legales", afirmó a IPS Andreas Speck, coordinador del área de objeción de conciencia de la organización Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG).
Speck continuó su activismo en contra de las acciones bélicas de Alemania en las guerras de secesión de la antigua Yugoslavia en los años 90. Hoy, cuando ya no existe servicio militar obligatorio en ese país, sigue promoviendo la objeción de conciencia en otras naciones.
El pacifista alemán apoya movimientos surgidos en Corea del Sur, Turquía y América Latina. La IRG considera fundamental apoyar a los objetores de conciencia de Israel, Palestina o Iraq, donde cada vez más personas expresan su deseo de no ir a la guerra..
"En Irán no conocemos grupos de objetores, aunque es probable que existan. En Estados Unidos hay bastantes y los acompañamos con entusiasmo porque ese país ha promovido demasiados conflictos. Hace sólo 15 días, 150 combatientes en Iraq expresaron al mundo su deseo de regresar con sus familias", agregó Speck.
La situación de los soldados en Estados Unidos, particularmente de la población latina y afrodescendiente, fue expuesta en el encuentro por la activista colombiana Yeidy Rosa, radicada en Nueva York e integrante de la asociación War Resisters League.
"Ellos viven en condiciones de marginalidad, de vulnerabilidad, y muchos han caído en el imaginario del héroe de Hollywood, estilo Rambo. Esto lo saben los cuerpos castrenses y lo usan a su favor. Los atraen ofreciendo prebendas que luego no cumplen y no pasa nada. Como si fuera normal incumplirles. Otro desconocimiento a sus derechos y a su valía", aseguró Rosa a IPS.
Representantes de Ecuador, Paraguay y Colombia, presentes en el foro, denunciaron también situaciones violatorias de los derechos humanos dentro de las filas del ejército de sus respectivos países.
El ecuatoriano Javier León relató que tuvo que recurrir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver restablecidos sus derechos a trabajar, estudiar y movilizarse libremente sin el documento que expiden los militares una vez se cumple el servicio militar obligatorio.
En Colombia, apenas dos semanas atrás la prensa informó sobre el suicidio de un joven bachiller policía (prestando servicio militar al término de la secundaria) a quien no le permitieron salir durante tres meses para ver a su familia, además de tener que cumplir con oficios degradantes.
"Esta clase de situaciones son definidas por Naciones Unidas como tratos inhumanos y degradantes. Sin embargo en Colombia no se hace una revisión justa", afirmó a IPS la C consultora internacional en Derechos Humanos, Amanda Romero.
"Hace tres meses, conocimos de las torturas a las que fueron sometidos soldados en un batallón del departamento de Tolima (200 kilómetros al occidente de Bogotá), por los cuales los responsables debieron reconocer los hechos y fueron llevados a juicio. Sin embargo, y a pesar de ser este un asunto de lesa humanidad, los militares son juzgados por ellos mismos, lo que podría conllevar ciertas dudas en relación con el resultado", agregó la experta, refiriéndose a los tribunales militares competentes para los procesos contra uniformados.
El presidente Álvaro Uribe anunció, al iniciar su primer mandato en 2002, la vinculación de 100.000 jóvenes más a la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas y policía), que por entonces contaba con alrededor de 350.000 efectivos.
En el cumplimiento de ese propósito, Uribe creó el programa de soldados y policías campesinos (20.000 jóvenes) y la red de cooperantes (informantes del ejército), asimismo incrementó en 30.000 el número de soldados. Además alertó que podría llamar a filas a los 10.000 reservistas.
Según datos de la Presidencia de la República, hoy hay 372.000 hombres y mujeres, entre miembros del ejército y de la policía, pero a pesar del aumentado de los enrolamientos, ha habido retiros de muchos soldados que han solicitado la baja o salido de combate por mutilación, enfermedad física, psicológica o muerte.
"De manera adicional, los grupos paramilitares y guerrilleros reclutan jóvenes, niños y niñas, a veces por salarios con los que disminuyen la pobreza de sus familias. Pero en muchos casos son retenidos a la fuerza", afirmó Carlos Gutiérrez, un activista colombiano de la objeción de conciencia.
"Las muchachas son agredidas y violentadas. Los hombres no pueden usar aretes ni pelo largo", afirmó a su turno Sandra Piedrahita, otra activista del grupo por la objeción de conciencia de la ciudad de Cali, a 510 kilómetros al suroccidente de Bogotá.
"En el grupo de Cali decidimos apoyar a estas víctimas haciendo pintadas en las paredes, negándonos a tener cuentas bancarias (por las que se paga impuestos) y suprimiendo el uso de artículos cuyos beneficios sabemos que van para la guerra (productos de multinacionales). Para la guerra que sea".
Al respecto, Amanda Romero afirmó: "Como ha sucedido con el reconocimiento de muchos derechos en la historia de la humanidad, son las demandas de las personas y las comunidades afectadas por su vulneración, lo que hace que progresivamente se den pasos concretos para la inclusión explícita de normas y mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos".
"Para el caso particular de los retos y posibilidades para el reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho en Colombia, hallamos un dilema entre las acciones tendientes a hacer posible su práctica en relación con el servicio militar obligatorio, pero también con la consolidación de una posición sólida frente a la participación en cualquier grupo armado y frente a cualquier forma de militarismo", agregó.
El abogado Camilo Castellanos, director de la organización no gubernamental Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, afirmó "hay argumentos éticos de sobra para estar contra todos los ejércitos y contra todo militarismo. Hay razones políticas hasta el hartazgo para disentir del proyecto de la guerra en Colombia. Hay incluso razones estéticas, de buen gusto, para no andar en compañía de quienes hacen la guerra entre nosotros".
