Las consignas de algunas marchas actuales en Chile no se parecen a las de los años 70. Entonces se pedía respeto a los derechos humanos, hoy un grupo de ciudadanos reclama endurecer el sistema penal, tal como lo ha planteado el gobierno, sin reparar en las condiciones de hacinamiento y malos tratos en que viven los reclusos de este país.
El Movimiento Ciudadano Antidelincuencia, nacido a mediados de junio en la capital chilena, tiene programada para este sábado 15 su segunda marcha de protesta.
Sus principales peticiones son el aumento de las penas en los casos de delincuentes reincidentes, así como para los encontrados culpables de robo con homicidio y robo en lugar habitado. Además, piden que se mantengan en prisión preventiva los imputados cuando sean un "peligro para la sociedad" y que se incremente el sueldo de la policía uniformada y de investigaciones.
A mediados de junio, unas 2.000 personas "víctimas de la delincuencia" adhirieron al llamado formulado por el líder de esta agrupación, Gonzalo Fuenzalida, un joven profesional chileno que acababa de sufrir un violento asalto en su hogar, donde se encontraba su pequeña hija de ocho meses de edad.
Primero marcharon en las céntricas calles de la capital y ahora lo harán en la costera ciudad de Viña del Mar, ubicada a 112 kilómetros de Santiago. Después de sufrir traumáticas experiencias de violencia delictiva, a los integrantes del grupo poco les preocupan las condiciones carcelarias para los delincuentes.
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Según explicó a IPS Felipe González, director del Programa de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales (UDP), "los mayores problemas del sistema carcelario son el hacinamiento, la falta de atención médica adecuada, las muertes, la tortura y los malos tratos a internos, la corrupción de gendarmes y la falta de transparencia y control en la gestión de los recintos".
Además, "actualmente no hay programas de rehabilitación amplios y serios, sólo unas pocas iniciativas. De ninguna de las cárceles vas a salir rehabilitado y preparado para insertarte adecuadamente a la sociedad", agregó González.
Precisamente, estos problemas fueron destacados en el último Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, publicado por esta universidad, y refrendados por la propia Corte Suprema de Justicia.
Según la UDP, actualmente hay 39.000 internos en las prisiones, cuya capacidad acumulada es de 24.000 personas. Setenta por ciento de las prisiones están sobresaturadas, y la población penal sigue creciendo a una tasa de ocho por ciento anual.
Aunque no existen cifras oficiales sobre la violencia registrada en los recintos carcelarios, según la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confapreco), en 2005 se registraron 41 muertes de reclusos.
Además, el informe señala problemas de corrupción entre los gendarmes (policía carcelaria), e indica que su dotación no ha aumentado proporcionalmente al número de reclusos.
Otro factor que ha influido en esta situación es el retraso en la entrega de los 10 nuevos penales, que desde el año 2000 están siendo construidos en distintas regiones del país, a través de un sistema de concesiones a empresas privadas. Los centros carcelarios, que debían estar terminados durante primer semestre de este año, serán entregados en 2009, según las últimas estimaciones.
Pese a estas denuncias, el gobierno ha enfocado sus esfuerzos al combate de la delincuencia, como respuesta a la ola de robos a joyerías y viviendas particulares de los últimos meses, y que han tenido gran eco en los medios de comunicación.
Acogiendo propuestas de la oposición derechista y de la coalición de centroizquierda, que gobierna desde 1990, el Poder Ejecutivo presentó los proyectos de "suma urgencia" al Congreso legislativo para reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Las reformas buscan endurecer las sanciones a las personas reincidentes, permitir a la policía el ingreso a recintos cerrados sin orden judicial previa cuando hay evidencias de que se está cometiendo un delito, y concentrar la labor de la policía uniformada a las acciones represivas.
"Pese a que las cifras en materia de delincuencia no han aumentado, la ciudadanía evidencia un mayor temor. Esto hace necesario introducir mejoras a nuestro actual sistema legislativo, que nos permitan reprimir con mayor energía el delito y, de esta forma, otorgar una mayor sensación de seguridad a las personas", arguyó el ministro del Interior, Andrés Zaldívar.
El 6 de este mes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la II Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, realizada en 2005, la cual revela que casi la mitad de los chilenos (48,6 por ciento) tiene temor a ser víctima de la delincuencia, a pesar de que los hogares víctimas de delitos bajaron de 43 por ciento a 38,3 por ciento.
Según el mismo sondeo, más de 50 por ciento de los chilenos ha dejado de utilizar dinero en efectivo y joyas para evitar la delincuencia, 63,8 por ciento no deja su casa sola y 60,7 por ciento evita salir de noche.
De igual forma, las ventas de las empresas de seguridad privada crecieron 29 por ciento en dos años, llegando a 711 millones de dólares en 2005. De acuerdo con estas estimaciones, cada chileno gastó en vigilancia un promedio de 25.350 pesos, es decir casi 50 dólares, el año pasado.
"Como toda reforma (procesal penal), puede tener modificaciones y uno debe estar abierto a hacerlas. Ahora, creer que el problema de la seguridad ciudadana se va a superar con algunas modificaciones al Código Penal es equivocarse de medio a medio", dijo a IPS Jorge Burgos, diputado del gobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC).
A su juicio, se debe prestar atención a asuntos como la drogadicción, deserción escolar y violencia intrafamiliar.
Entre los asaltos a figuras públicas, se destaca el perpetrado el 24 de junio al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, y unos días después, el 1 de julio, a la senadora y presidenta del PDC, Soledad Alvear, mientras se encontraba en su domicilio.
Alvear fue ministra de Justicia durante el gobierno de Eduardo Frei-Ruiz Tagle (1994-2000) y una de las impulsoras del actual sistema procesal penal, que se implementó gradualmente en el país entre 2000 y 2005.
En los últimos cinco años se cambió de un sistema inquisitivo, donde un solo juez investigaba y dictaba sentencia, a uno preocupado por la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas, incluidos los imputados, y que además, contempla un juicio oral y público.
A pesar del gran porcentaje de sentencias condenatorias logradas hasta ahora, el nuevo procedimiento es criticado por ser "blando" con los delincuentes, dado que los fiscales suelen otorgar libertad provisional mientras se realiza la investigación en los casos que no revisten extrema gravedad.
"Lo que uno observa a través de los medios de comunicación, y de los discursos que cada día se están dando sobre esta materia, es una histeria colectiva creciente, que tiene por objeto ir construyendo un enemigo interno (que estaría constituido por) delincuentes y la gente pobre", afirmó José Bengoa, vicepresidente de la no gubernamental Corporación Ciudadanía y Justicia.
A comienzos de este mes, el estatal diario La Nación realizó un estudio sobre los contenidos de los noticiarios centrales de los distintos canales de televisión (emitidos a las nueve de la noche), el cual concluyó que dos señales privadas ocupaban casi 50 por ciento de su espacio informativo a temas relativos a la violencia y la delincuencia.
En conversación con IPS, Andrea Correa, coordinadora de la Corporación Caleta Sur, centro especializado en rehabilitación de jóvenes drogadictos y en riesgo social, afirmó que antes de pensar en más prisiones es necesario detenerse en un sinnúmero de situaciones que generalmente se pasan por alto.
"Claramente faltan recursos para la rehabilitación, pero el problema en sí no tiene que ver solamente con que las personas pasen por las cárceles, sino con la forma en que se mira la pobreza y la marginalidad en este país. Es la inequidad la que produce muchas veces este circuito de violencia, que se da tanto en la calle como en los propios hogares", apuntó Correa.
