Vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú, que se consideran afectados por la instalación de dos plantas de celulosa en la costa oriental de un río limítrofe con Uruguay, expresaron este jueves su satisfacción por el expreso apoyo del gobierno de Néstor Kirchner a su reclamo.
En un gesto inusual, el canciller argentino Jorge Taiana viajó a Gualeguaychú, la ciudad situada 300 kilómetros al norte de Buenos Aires y a unos 25 kilómetros de donde se levantan las procesadoras de pasta para fabricar papel, río Uruguay de por medio.
Taiana dialogó con cerca de un millar de integrantes de la llamada Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, la organización que lucha por evitar que prosigan las obras de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y de la firma finlandesa Botnia por entender que su puesta en marcha tendrá un impacto ambiental negativo.
En ese escenario, el funcionario reafirmó que el gobierno de Argentina "no aceptará plantas de celulosa que contaminen el medio ambiente", y que por eso "no se dudará en hacer uso de todos los medios posibles" para hacer efectivas las responsabilidades de Uruguay sobre los eventuales riesgos por la instalación de las plantas.
"Quedamos muy conformes con la visita", resumió a IPS Osvaldo Moussou, coordinador de la Asamblea. "Para nuestro reclamo, la sola presencia del canciller aquí representa un apoyo muy fuerte", añadió.
Taiana dejó claro que Argentina rechaza la propuesta uruguaya de hacer un seguimiento ambiental conjunto de la futura actividad de las dos fábricas, ubicadas a unos 10 kilómetros una de la otra y cuya producción sumada se calcula en 1,5 millones de toneladas de celulosa al año a partir de 2007.
El gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez se manifestó sorprendido tras conocer el fuerte pronunciamiento de Taiana en Gualeguaychú, porque en los últimos días había observado un ambiente de diálogo con Buenos Aires.
Vázquez mantuvo un breve encuentro con Kirchner el 20 de este mes en la central ciudad argentina de Córdoba en paralelo a la cumbre de Mercosur (Mercado Común del Sur), en el cual estos dos países son socios junto a Brasil, Paraguay y ahora Venezuela.
"El diálogo está abierto y la posibilidad de continuar con el intercambio de opiniones se hará a través de las cancillerías", dijo entonces en ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, al confirmar que se había vuelto a plantear el "monitoreo conjunto de las plantas".
"El río Uruguay nos debe unir, no separar", sostuvo, a su vez, Vázquez en tono conciliador ante la atenta mirada de Kirchner en la rueda de discursos de la cumbre. "Debemos encontrar los caminos de entendimiento", agregó y pidió "el beneficio de la duda" respecto de los temores de contaminación de las fábricas.
Sin embargo, los vecinos de Gualeguaychú no parecen tener ninguna duda.
Los pobladores de esta ciudad de la oriental provincia de Entre Ríos se mostraron conformes con el ofrecimiento del gobierno de Kirchner de integrar a dos abogados de la Asamblea al equipo de la cancillería, para que participen en la preparación de la memoria a presentar en enero ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, donde se dirime este conflicto desde marzo.
Argentina presentó ante esa instancia judicial una demanda, en la que acusa a Montevideo de violar el tratado bilateral de 1975 que regula el uso y cuidado del río Uruguay. Allí se establece que cualquier iniciativa que tenga impacto en ese curso fluvial debe ser consultada y acordada entre ambos países.
El alto tribunal decidió el 13 de este mes, casi por unanimidad, no dar curso a la demanda cautelar pedida por Buenos Aires de suspender la construcción de las fábricas, con el argumento de que no hay daño inminente e irreversible probado. No obstante, el proceso de fondo sigue su curso y los jueces pueden volver a estudiar el caso si se presenta documentación en ese sentido.
"El gobierno demostró que está a favor de esta causa", dijo a IPS Daniel Pérez Molemberg, otro integrante de la Asamblea que participó de la reunión con el canciller Taiana realizada en el Teatro Municipal de Gualeguaychú.
"Buscábamos un compromiso contundente del gobierno para seguir con este reclamo a pesar de la respuesta de la Corte a la medida cautelar, y creo que lo tuvimos", subrayó.
"Ahora sabemos que el gobierno argentino va a trabajar para lograr que las plantas no se levanten aquí, frente a nuestra ciudad", agregó.
Las fábricas se están construyendo en la ribera uruguaya, cerca de la ciudad de Fray Bentos, capital del occidental departamento uruguayo de Río Negro. Pero desde Gualeguaychú, desde donde se alcanzan a ver las obras y el puerto de Botnia, sus habitantes temen que las plantas contaminen el agua y el aire, con consecuencias nefastas para la salud humana y para la economía.
Otros vecinos, como José Gómez, expresaron cierta desilusión por la falta de respuesta frente a reclamos de sanciones más duras contra Uruguay, tales como el retiro del embajador de Buenos Aires en Montevideo o el relevo del vicecanciller argentino Roberto García Moritán.
Este funcionario formó parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay y, en función de ello, es acusado por los vecinos de haber desatendido los problemas en la cuenca.
Sobre estos puntos, el canciller fue más cauteloso y no brindó respuestas concretas.
En su discurso ante los asambleístas, Taiana recordó que Uruguay "incumplió" la promesa de hacer llegar información sobre el impacto ambiental de las plantas de celulosa. "Sólo encontramos respuestas evasivas y silencio", sostuvo, para luego afirmar que las obras avanzaron en forma "ilegal".
Taiana comentó que Argentina sigue abierta al diálogo, pero "siempre y cuándo se incluya el qué, el cómo y el dónde" se levantarán las plantas, precisó.
Por su parte, los vecinos se comprometieron, por el momento, a no repetir el bloqueo de rutas de acceso a los puentes que unen Argentina con Uruguay, como los realizados de modo intermitente y luego de modo total durante la temporada turística del pasado verano austral.
Por esa protesta, Montevideo presentó una demanda ante el tribunal de controversias del Mercosur por lo que entiende "omisión del Estado argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación derivados de los cortes en su territorio de vías de acceso a puentes internacionales", derecho contemplado en los estatutos del bloque.
El miércoles, la cancillería argentina respondió esa demanda con argumentos que defienden la medida de fuerza. Para el gobierno de Kirchner, "la libertad de expresión constituye un derecho humano fundamental" y los bloqueos de las vías terrestres hacen parte de este derecho.
