El gobierno argentino respondió con moderado optimismo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar su pedido de suspensión de la construcción de dos plantas de celulosa sobre un río limítrofe en Uruguay. En cambio, vecinos de la zona se debaten entre la cautela, la decepción y la ira.
Los habitantes de Gualeguaychú, la ciudad de la oriental provincia argentina de Entre Ríos ubicada a unos 25 kilómetros del limítrofe río Uruguay, resisten la instalación de las fábricas de pasta para producir papel y de un puerto, porque entienden que podrían contaminar ese curso fluvial y producir otros daños ambientales.
El gobierno argentino de Néstor Kirchner recurrió a comienzos de mayo a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para pedir la suspensión de las obras de la firma finlandesa Botnia y de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE), por entender que había violado un acuerdo bilateral sobre el uso del río.
"Sabíamos que era difícil y no teníamos muchas esperanzas. Estamos desilusionados. Pero aún así, no queremos tomar ninguna medida apresurada, esta es una lucha que recién comienza", dijo este jueves a IPS Gustavo Ribollier, miembro de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Entre los pasos dados hasta ahora por los vecinos para presionar a Uruguay se cuenta el bloqueo de rutas de acceso a los puentes que unen a ambos países y que interrumpió por 43 días el tránsito en enero y febrero y luego en abril. No se descarta que la asamblea adopte de nuevo esa medida o alguna otra acción de protesta.
La resolución de la Corte "no es el fin del mundo", señaló desde Gualeguaychú la flamante secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, quien había sido integrante de la delegación que hizo la presentación ante ese tribunal.
Picolotti, antes de asumir el cargo, fue también abogada en este contenciosos del gobierno de Entre Ríos, la provincia ubicada frente del oriental departamento uruguayo de Río Negro, donde se levantan las plantas.
"Los bancos y organismos de financiamiento tienen que entender que el rechazo de la medida cautelar no significa que sean emprendimientos seguros", advirtió.
Como activista a favor del ambiente sano, la nueva funcionaria había bregado en el pasado para persuadir a entidades bancarias y financieras a que se abstuvieran de apoyar a las firmas.
Picolotti remarcó que la Corte de La Haya "responsabiliza expresamente al estado uruguayo" por el riesgo de continuar con obras que, a su criterio, en este momento no están causando un daño ambiental irreparable. Pero sí "estaría dispuesta a ordenar el desmantelamiento si se prueba ese daño más adelante", alertó la funcionaria.
"El tribunal no otorgó lo que pedíamos, pero el contenido de la resolución tiene muchos aspectos positivos", dijo a IPS el embajador Raúl Estrada Oyuela, director de Asuntos Ambientales de la cancillería argentina y miembro de la delegación que defendió el pedido de medida cautelar en la audiencia del 8 y 9 de junio ante la Corte.
"La decisión no es definitiva. La Corte considera que hasta ahora no se mostró que las obras civiles traigan un perjuicio ambiental, pero dice que habrá tiempo para suspender o desmantelar las plantas más adelante", declaró, y subrayó que el tribunal no considera las obras como "un hecho consumado".
Botnia ya tiene 25 por ciento de su planta construida, en cambio ENCE sólo ha removido tierra en el lugar. Las dos fábricas, que producirán 1,5 millones de toneladas de pasta de celulosa por año, están separadas por siete kilómetros y las dos tomarán agua y la descargarán al río Uruguay.
Ambientalistas y vecinos del lado argentino sostienen que este tipo de proyectos, por su volumen acumulado y los elementos contaminantes que utiliza, podrían afectar el agua, el aire y el suelo, y tener impacto en la economía de la región y en la salud humana.
Con su resolución, el tribunal de La Haya se pronunció en relación a la medida cautelar pero está pendiente el fallo sobre la cuestión de fondo planteada por Argentina que podría demorar años. El gobierno de Kirchner acusó a Uruguay de no pedir la conformidad de su país para autorizar la construcción de las plantas y con ello violó el Estatuto del Río Uruguay firmado en 1975.
Al respecto, Picolotti celebró que el tribunal muestre voluntad de avanzar rápidamente en el tema principal de la demanda. Este mismo jueves, tras leer el fallo, los jueces convocaron a las partes para fijar los plazos de modo de resolver con la mayor prontitud la cuestión de fondo.
Así también lo señaló la cancillería argentina en un comunicado difundido al conocer la resolución, en el que se subraya que la decisión "no prejuzga sobre la cuestión de fondo", y señala su "satisfacción" porque la Corte contempla disponer el desmantelamiento de las plantas si se demuestra el daño irreparable.
La cancillería admitió el criterio de La Haya según el cual resulta "prematuro" suspender la construcción de las obras "en esta etapa" en que las plantas "no representan una amenaza inminente e irreparable al ambiente o a los intereses económicos o sociales de los ribereños".
Empero, Estrada Oyuela explicó que su país basó su solicitud en el principio precautorio que es "clave" en el derecho ambiental. Según esa norma, el demandante no debería esperar que el daño irreversible se produzca para conseguir detener una inversión que puede causar perjuicios a la salud humana y al ambiente.
La Corte no apela a este principio en su resolución. "Con todo respeto, creo que la posición que adoptó el tribunal se basa en un criterio viejo, propio de los estrados civiles y no del derecho ambiental", criticó. El único que sí contempló el principio precautorio fue el juez que votó en disidencia.
De los 15 miembros del tribunal, 14 votaron rechazar la medida cautelar y hubo un solo voto contrario. Se trata de un juez argentino Raúl Vinuesa, quien sostuvo que el principio precautorio "no es una abstracción" sino que "está en el núcleo del derecho ambiental".
"Argentina pretendía actuar apelando a ese principio para evitarle un daño financiero mayor a Uruguay en caso de que la Corte defina en unos años que las plantas deben cerrarse. Pero el tribunal sostuvo que Uruguay es responsable de seguir adelante conociendo ese riesgo", remarcó Estrada.
Finalmente, la organización ambientalista Greenpeace de Argentina consideró "previsible" la decisión de la Corte y consideró "un grave error" haber seguido ese curso en lugar de apelar al diálogo bilateral.
Los gobiernos de ambos países habían procurado negociar, pero los intentos fracasaron este año ante la negativa de Botnia a suspender provisoriamente las obras y la persistencia de los bloqueos de ruta por parte de vecinos de Gualeguaychú que causaron un perjuicio importante a la economía uruguaya. (
