La confusión domina a gran parte de los 3,7 millones de bolivianos que votarán este domingo para elegir a 255 miembros de la Asamblea Constituyente y para aceptar o rechazar la autonomía de los nueve departamentos que conforman este país..
Los expertos consultados por IPS advirtieron de la desinformación sobre el papel de los asambleístas y sobre el proceso de descentralización que se definirá en el Referéndum Nacional Vinculante, demandado por líderes regionales de algunos departamentos con posibilidades de generar recursos para su desarrollo económico.
El democrático y pacífico camino a las urnas podría ser el punto final de tres años de turbulencia política impulsada por la insatisfacción de sectores empobrecidos e inspirada en una corriente de defensa de la tierra, recursos naturales y demanda de mayor participación en las decisiones del Estado.
Pero la finalidad y objetivos de la Asamblea Constituyente son sólo de dominio de los sectores de decisión política, mientras el electorado participará de la votación sin la información necesaria, dijo a IPS el abogado y constitucionalista Benjamín Miguel.
"Gran parte de la ciudadanía votará sin saber para qué sirve la Asamblea Constituyente e ignorando el proceso de autonomía regional y descentralización", declaró.
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Del total de 255 asambleístas, 210 serán elegidos de manera directa en 70 circunscripciones territoriales que comprenden toda la geografía nacional, y 45 serán designados a razón de cinco por departamento, de acuerdo con una fórmula de reparto entre las cinco fuerzas políticas más votadas.
Los representantes elegidos tendrán atribuciones para reformar la Constitución Política del Estado en un plazo no menor a seis meses ni mayor a un año, y sesionarán desde el 6 de agosto en la capital, Sucre, según indica la Corte Nacional Electoral.
Un total de 26 partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas presentaron candidatos. Entre ellas se destaca el partido liderado del presidente Evo Morales, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), el frente de derecha Poder Democrático (Podemos), dirigido por el ex mandatario Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002), y la centro-izquierdista Unidad Nacional (UN), del empresario del cemento Samuel Doria Medina.
El propio presidente Morales es el impulsor del proceso constituyente y asevera que la etapa iniciada el primer día de su mandato, el 22 de enero, pretende cambiar pacíficamente la estructura del Estado, recuperar los recursos naturales y las tierras usadas para fines especulativos.
Para Morales, la Asamblea Constituyente es una refundación de la república y un acto de reivindicación de las mayorías nacionales de origen indígena que no participaron en la creación del Estado en agosto de 1825.
En esa línea, el mandatario promulgó el 1 de mayo el decreto de nacionalización de los hidrocarburos que recuperó la propiedad del recurso energético de manos de empresas transnacionales. El gobierno pretende obtener un ingreso anual de 600 millones de dólares por la producción y comercialización de carburantes, con una participación estatal en toda la cadena industrial del sector.
El frente Podemos postula una "inalienable e imprescriptible" soberanía del pueblo, con mayor efectividad a través de sus delegados en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial bajo el principio de independencia. Proclama a Bolivia como un país libre, independiente, soberano, multiétnico y pluricultural, bajo una forma de gobierno democrático, representativo y participativo.
Unidad Nacional (UN) propone un plan de industrialización de los recursos naturales, generación de empresas populares, el uso honesto de los recursos generados por los hidrocarburos en programas de salud y la lucha contra la corrupción bajo un Poder Judicial independiente.
El jurista Miguel estima que un grupo de asambleístas conducirá las transformaciones constitucionales en medio del desorden, pero reclamó un anteproyecto gubernamental que trace la línea de debate que —en su opinión—, se concentrará en problemas de ambiente, economía y demandas sociales.
El coordinador de posgrado en ciencias políticas de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, Franklin Pareja, dijo a IPS que en medio de la expectativa de la gente, los candidatos presentan propuestas distorsionadas sobre generación de empleo, proyectos de turismo, salida al mar y otros que no son propios de un proceso fundacional.
Además, las visiones de la zona andina y del próspero oriente (donde se concentra la riqueza agropecuaria y energética) son diferentes, y se anticipa que los ejes del debate desde la instalación de la asamblea, estarán alrededor de la propiedad de la tierra, la explotación de los recursos naturales y el Estado laico, opinó.
Pareja prevé una constituyente de carácter "instrumentalizado" en la que los asambleístas carentes de bagaje conceptual seguirán la orientación y tendencias trazadas por los partidos políticos y las fuerzas sociales que se movilizarán durante el período de debate.
En opinión del experto, la Asamblea Constituyente representa el efecto de décadas de políticas erráticas y proyectos económicos que dejaron una deuda social impaga y la exclusión de las mayorías.
La lucha por la Asamblea Constituyente nació en 1990, con una caminata de 600 kilómetros desde la ciudad de Trinidad (en el nororiental departamento de Beni) hasta la sede de gobierno, protagonizada por indígenas amazónicos que arrancaron del gobierno el derecho de propiedad sobre sus tierras comunitarias para preservar su medio de vida y cultura frente al avasallamiento de empresas madereras y agrícolas.
Pero el proceso cobró mayor impulso en los últimos años.
Tres presidentes democráticos pagaron la factura de una presión social fortalecida por la pobreza de 67,3 por ciento de la población que, en 22 años de democracia, no ha conseguido beneficiarse de la estabilidad económica que mantiene un Índice de Precios al Consumidor de cuatro por ciento anual y un crecimiento del producto interno bruto de magnitud similar.
Las tensiones sociales alcanzaron su máximo grado en octubre de 2003, cuando sectores empobrecidos de la ciudad de El Alto (cercana a La Paz) y campesinos del occidente, protagonizaron un levantamiento popular contra la exportación de gas natural a Estados Unidos y México, a través de territorio chileno, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), y en el que murieron 67 personas, según familiares de las víctimas.
Reemplazado por la vía constitucional por el entonces vicepresidente Carlos Mesa (2003-2005), Sánchez de Lozada huyó del país y buscó refugio en Estados Unidos. Pero su sucesor también interrumpió su mandato ante una férrea oposición de partidos de derecha y empresarios de la región oriental, y asediado por sectores populares que cuestionaron su debilidad frente al poder de empresas petroleras extranjeras.
En junio de 2005, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, asumió el mando de la nación y convocó a elecciones generales que favorecieron con un histórico 53,7 por ciento a Morales, el líder aymara de los cultivadores de hoja de coca, quien asumió las reivindicaciones populares de mejores condiciones de vida y mayor participación en las decisiones políticas.
Resta ver si la Asamblea Constituyente se convierte o no en caja de resonancia de esos postulados.
