La sociedad civil guatemalteca ya no es el adolescente contestatario que creció con el conflicto armado. Diez años después de los Acuerdos de Paz, las organizaciones y movimientos sociales se disponen a dar el paso hacia la madurez. La colaboración con el Estado y las propuestas sustituyen al acné rebelde.
"Se ha pasado de luchar contra el Estado a tener que trabajar de forma conjunta con el gobierno y proponer soluciones", explicó a IPS Sandino Asturias, director del instituto de investigación política Centro de Estudios de Guatemala.
Esta transformación es el reto que la sociedad civil afronta desde que en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, que pusieron fin a una guerra civil de 36 años que cobró más de 200.000 víctimas, la mayoría indígenas.
"La transición de movimiento contestatario a constructivo se está logrando", opinó Asturias. Sandra Morán, responsable de la organización feminista Sector de Mujeres, coincide en el análisis: "Ahora se elaboran propuestas, antes se pensaba en la confrontación y en escapar del Estado represor".
La verdadera capacidad de incidencia política de las organizaciones sociales y su grado de coordinación se ponen en evidencia cuando éstas se ven ante desafíos como la reciente oferta gubernamental de un Acuerdo Nacional, que ha abierto una fisura dentro de los movimientos sociales.
En el desarrollo del Acuerdo Nacional, el gobierno puso en marcha el 18 de mayo las mesas temáticas sobre transparencia en la gestión pública, y sobre salud y nutrición, con la presencia de diversas asociaciones de estudiantes, trabajadores, mujeres e indígenas. Para el 16 de este mes se planea abrir el diálogo sobre la inclusión de los pueblos indígenas y el desarrollo rural.
Pero algunas de las organizaciones más representativas, como la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), han rechazado la oferta de diálogo.
"El gobierno sólo pretende darse un respiro con el diálogo ahora que se siente aislado", aseguró Carlos Pérez, secretario ejecutivo de la CNOC, mientras que Roberto Dueñas, director adjunto de la CGTG, apuntó que "los procesos de diálogo con el gobierno están desprestigiados porque no se aplican los acuerdos que se alcanzan".
La división no es nueva en el seno de la sociedad civil. "No existe la madurez del Cono Sur, donde los movimientos tienen un programa unitario: aquí no podría pasar lo que en Bolivia", señaló a IPS Mario Polanco, analista y director de la agrupación de defensa de los derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo.
Polanco se refería a que los reclamos de los últimos años de movimientos bolivianos, de distinto origen y orientación, cuajaron en una plataforma común con la que se ha comprometido el gobierno del indígena Evo Morales, iniciado en enero.
En Guatemala, "el protagonismo de cada organización prevalece sobre el interés común", estimó Asturias.
Hugo Ayala, coordinador del programa de fortalecimiento de la sociedad civil del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), localiza los focos de la división en dos ámbitos: el territorial y el temático.
Por un lado, las organizaciones de la capital tienden a menospreciar a las locales, "pese a que las locales trabajan mejor". Por el otro, cada organización se centra en un problema y excluye el resto, "pese a que algunos están muy relacionados, como indígenas y derechos humanos", sostuvo Ayala.
La receta para conseguir la unidad sigue siendo la piedra filosofal de la sociedad civil. No obstante, se han logrado avances significativos, como la creación en 2004 del Movimiento Indígena Campesino Sindical y Popular (Micsp) formado por organizaciones como CNOC y CGTG, y la constitución del Colectivo de Organizaciones Sociales, que a su vez integra grupos progresistas y de defensa de los derechos humanos.
"No es fácil coordinarse de forma unitaria, pero el Micsp quiere plantearse objetivos concretos e incidir en lo que nos une", afirmó Pérez. El próximo 8 de junio, el movimiento celebrará una asamblea nacional a la que se espera que acudan 300 delegados de todo el país.
En lo que suelen estar de acuerdo las organizaciones sociales es en la necesidad de reactivar la agenda de los Acuerdos de Paz, que apenas se ha puesto en práctica tras 10 años de vigencia.
En los Acuerdos de Paz se recoge desde el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que representan alrededor de la mitad de la población, hasta la reforma agraria para acabar con la situación de pobreza y exclusión en que viven 54 por ciento de los guatemaltecos.
El grado de "madurez" de la sociedad civil guatemalteca es monitoreado por la organización no gubernamental Instituto de Asuntos Culturales (ICA) a través de la aplicación del Índice de la Sociedad Civil.
Este Índice está construido por cuatro dimensiones: contexto, estructura, valores e impacto de la sociedad civil, con datos recabados en encuestas e información pública.
El ICA, que desde 1979 promueve el desarrollo y la participación comunitaria, hace parte de Civicus, una alianza mundial para la participación civil.
Según el Índice, 38,5 por ciento de las organizaciones sociales guatemaltecas califican de limitado el éxito obtenido en las campañas de derechos humanos, y 32,1 por ciento de moderado. Asimismo, en la cuestión del impacto de la sociedad civil en el presupuesto público, 59 por ciento lo consideraron poco o nada relevante.
La legitimidad es otro asunto pendiente. "La sociedad civil no la conforman únicamente las organizaciones no gubernamentales, es cuestión de toda la población, pero ésta ha decidido delegar en los colectivos", sostuvo Ayala. "Así que las organizaciones han conseguido la legitimidad de la representación por omisión, ya que no cuentan con una gran base social", agregó.
Sólo siete por ciento de los encuestados por el ICA juzgaron que existía una representación equitativa de mujeres, hombres, indígenas y jóvenes en las organizaciones, si bien 43 por ciento de los puestos de dirección están ocupados por mujeres.
Apenas 1,8 por ciento de la población económicamente activa está sindicalizada.
Estas cifras ponen en evidencia las debilidades que perciben las propias organizaciones sociales. Precisamente, la segunda fase del programa del PNUD está dedicada a mejorar la capacidad de incidencia de estos grupos en las políticas públicas.
"Las instituciones del Estado no están receptivas a las iniciativas de la sociedad civil", señaló el funcionario del PNUD. Por ello, se hace necesaria una doble presión sobre "las instituciones (oficiales) locales y no sólo sobre las estatales", comentó Ayala.
A estos obstáculos se suman las difíciles circunstancias en que trabajan algunas organizaciones sociales, particularmente en el terreno de la defensa de los derechos humanos, que continúan siendo blancos de intimidaciones.
En 2005, 193 activistas fueron víctimas de ataques, según la Procuraduría de Derechos Humanos. La mayoría eran personas vinculadas a movimientos sociales, seguidas de operadores de justicia y periodistas. Casi 72 por ciento de los agresores no han sido identificados, pero entre los presuntos atacantes se destacan elementos de la Policía Nacional Civil.
Luis Felipe Polo, asesor de la Vicepresidencia de la República, admitió a IPS que los activistas necesitaban mayor protección del Estado, y aseveró que "se está trabajando el tema de seguridad, de manera integral".
En estas circunstancias, el trabajo de la sociedad civil se complica, pero las organizaciones no gubernamentales y sociales están dispuestas a perseverar. "Las grandes movilizaciones todavía son necesarias para que se nos escuche", aseveró Pérez, en nombre de los campesinos organizados.
