El gobierno español anunció este jueves el comienzo del diálogo con el grupo terrorista ETA en busca de la paz, aunque no logró el apoyo del Partido Popular (PP) ni despejó totalmente el riesgo de que el final de este proceso sea marcado por el estallido de bombas y disparos de pistolas.
El presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió de que no se pagará "ningún precio político por la paz", se mantendrá vigente la ley de Partidos en base a la cual se proscribió a Batasuna, el brazo político de ETA, y que respetará "la memoria y el honor de las víctimas del terrorismo".
Todos los partidos políticos manifestaron de inmediato su apoyo al anuncio gubernamental ante el parlamento, excepto la principal fuerza de oposición, el centroderechista PP.
También fue respaldado por la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Jueces para la Democracia, que a través de un comunicado emitido este jueves destacaron que "el mejor apoyo que se puede ofrecer a las víctimas del terrorismo es que nunca más haya otra víctima".
ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence), creada en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) cumplió el 24 de febrero 1.000 días sin matar a nadie y el 22 de marzo anunció "un alto al fuego permanente", respondiendo así a la decisión del Parlamento español de autorizar al gobierno a negociar.
El mandato parlamentario tiene como condición expresa la de que previamente ETA renunciase a la violencia.
Ninguno de los grupos políticos, sea el gobernante Partido Socialista Obrero Español o los de oposición, interpretaron que el "alto el fuego permanente" equivaliera a una renuncia expresa y definitiva al uso de las armas, aunque pudiera ser el paso previo.
Pero un alto miembro del gobierno, que pidió no ser identificado, señaló a IPS que ETA está tan debilitada que no le queda otro camino que renunciar a la violencia.
Esa debilidad le llegó por la firme actuación policial con absoluto respeto de la legalidad, que comenzó con el gobierno del centroderechista José María Aznar (1996-2004) y continuó con el de Zapatero.
Esas actuaciones llevaron a la detención de decenas de miembros del grupo, a allanar refugios y depósitos y a descabezar a su cúpula.
Una de las más llamativas y significativas acciones ocurrió el 20 de junio, cuando fueron detenidas 12 personas, cinco de ellas en España y el resto en Francia, quienes estaban a cargo de la recaudación del dinero cedido por empresarios vascos extorsionados con amenazas de muerte a ellos y a sus familias. Así se desarticuló lo que quedaba del "aparato" etarra en el país vecino.
Precisamente esa actuación policial hispano-francesa motivó que ETA emitiese un comunicado en el cual alertaba sobre "los entorpecimientos" que, a su entender, se producían contra el proceso de paz al que consideraba ya iniciado con su declaración de alto el fuego permanente.
En ese comunicado, ETA instó al gobierno de Zapatero a cumplir con los compromisos del alto el fuego, a desactivar "todas las medidas represivas" considerando que "la paz aquí y ahora es posible".
También dejó abierta la puerta para dejar sin efecto el alto el fuego porque, dijo, "las decisiones y pasos del futuro serán consecuencia de la actitud que mantenga a partir de ahora el gobierno español".
En uno de los párrafos del texto de entonces se da a entender cuáles serían los temas objetos de negociación, pues allí se exige que el gobierno "acabe con la represión, los ataques contra el colectivo de presos políticos vascos a través de la aplicación de leyes de dispersión y de la presión, chantaje y extorsión contra las actividades de la izquierda independentista" pues eso, concluye, "es absolutamente incompatible con un proceso de paz".
La situación y el futuro de los presos y exiliados etarras serán, sin duda, los temas clave de las negociaciones que, según fuentes gubernamentales, se llevarán a cabo con discreción y mesura.
En las negociaciones anunciadas este jueves no habrá discusión política, si por ello se entiende hablar del futuro del brazo político de ETA y de su reivindicación del derecho de autodeterminación e independencia del País Vasco.
Aunque las asociaciones de víctimas del terrorismo y el PP se pronunciaron claramente en contra de conceder ningún beneficio a los presos y exiliados, dirigentes de los demás partidos coinciden en que, si el precio final de la paz incluye disminuir las sentencias y dar un plazo escalonado para que puedan regresar los exiliados, habría que pagarlo.
En cuanto al futuro de Batasuna, tampoco caben dudas. Si ese partido fue ilegalizado por apoyar la violencia y negarse a condenar el terrorismo, una vez que se disolviese ETA quedaría legalizado de hecho, además de que entonces con seguridad condenaría la violencia.
Lo que se puede convertir en el problema que eche a pique las negociaciones son las reivindicaciones políticas etarras, que reclaman la autodeterminación del País Vasco en su conjunto, entendiendo por tal las tres provincias que en la actualidad conforman esa comunidad autónoma española más Navarra y tres departamentos franceses.
Navarra se constituyó en una de las 17 comunidades autónomas que integran España después de que sus ciudadanos rechazaran en referéndum ser parte del País Vasco.
En cambio, en los tres departamentos franceses ni siquiera se planteó el tema, aunque es muy minoritario allí el sentimiento nacionalista vasco y totalmente contrario a la posibilidad de plantear una separación de ese país.
Sobre la posición del PP, es ilustrativo el intercambio de declaraciones registrado este jueves en Navarra. Allí el presidente de esa Comunidad y miembro del PP, Miguel Sanz, tras escuchar las declaraciones de Zapatero afirmó que no se dan las condiciones para negociar con ETA.
Sus palabras fueron respondidas por el delegado del gobierno en esa Comunidad, Vicente Ripa, quien recordó a Sanz que las condiciones que él exige ahora a Zapatero no se daban en 1998, "cuando Aznar se refirió a ETA como movimiento nacional de liberación vasco, acercó a más de 130 presos de ese grupo y habló con ETA en Suiza y con Batasuna en (la ciudad española de) Burgos".
Además, le preguntó "si se daban entonces las condiciones, por qué no ahora, cuando llevamos tres años sin asesinatos y nos encontramos ante un alto el fuego de ETA y un hastío evidente incluso de las propias bases de Batasuna respecto de la violencia".
La negociación entre el gobierno de Zapatero y ETA comenzará formalmente en los próximos días, con discreción, con previsiones oficiales de que puede durar muchos meses y con el compromiso de informar al parlamento en septiembre sobre su desarrollo.
El peligro, señalan fuentes policiales, está en que se repita lo ocurrido en oportunidades anteriores, cuando sectores de ETA disconformes con los acuerdos registrados con el gobierno optasen por cometer atentados. Esas fuentes agregaron, no obstante, que esa posibilidad es "absolutamente mínima", según los informes de que disponen.
