La construcción de la represa El Tigre, a un costo de 1,500 millones de dólares en la frontera que Honduras y El Salvador comparten en el río Lempa, desató una ola de opiniones encontradas.
Unos alegan pérdida de soberanía sobre los recursos naturales, otros consideran que la represa evitaría una nueva guerra entre ambos países, esta vez por agua.
Los primeros acercamientos para echar a andar este megaproyecto hidroeléctrico, que tendrá una cortina de 100 metros de alto e inundará 72 kilómetros cuadrados, comenzaron hace tres semanas. Y las comunidades fronterizas demandan mayor información y participación sobre sus alcances.
La idea de construir esta obra que abastezca de energía a 70 por ciento de la población salvadoreña se gestó en 1991, pero recién el 18 de abril de 2006 los presidentes de Honduras y El Salvador —Manuel Zelaya y Antonio Saca, respectivamente— formalizaron la decisión.
Carlos Orbin Montoya, representante hondureño ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cree que el proyecto llega "en un buen momento, porque ya finalizó la demarcación fronteriza" entre los dos países, "y con la represa se busca producir nuevas formas de energía limpia".
"Ambos países debemos llegar a consensos. Yo les digo a las voces disonantes que no se opongan por oponerse. Este proyecto estará terminado en un par de años; hay tiempo para dialogar", dijo Orbin Montoya a Tierramérica.
En 1969, Honduras y El Salvador mantuvieron una guerra de 100 horas por problemas fronterizos, dejando pérdidas económicas del lado hondureño superiores a los 20 millones de dólares, según cifras oficiales. Se le llamó "la guerra del fútbol", pues se produjo en el marco de un partido entre las dos selecciones.
Ese litigio llevó a ambos países a dirimir sus diferencias ante el Tribunal de la Haya, en Holanda, que en 1992 falló a favor de Honduras, concediéndole dos tercios de los territorios en disputa y garantizándole su salida al océano Pacífico.
Desde entonces, el proceso de demarcación fronteriza fue lento, y sólo concluyó el mismo día en que los gobernantes anunciaron su disposición de iniciar las obras de El Tigre.
La represa estaría ubicada en los departamentos que comprenden la región occidental de Honduras, y del lado salvadoreño abarcaría al septentrional departamento de San Miguel, según proyecciones preliminares.
Los primeros sorprendidos por el anuncio de la construcción de la planta fueron los poblados limítrofes de los occidentales departamentos hondureños de Intibucá, Lempira y La Paz, que protestaron públicamente en la frontera y en Tegucigalpa, la capital. Se estima que el embalse afectaría al menos a seis comunidades hondureñas. Nadie sabe qué pasará con ellos.
Según Salvador Zúñiga, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el proyecto desplazará a unas 20.000 personas, aunque el gobierno estima que serían unas 5.000.
"Estamos dispuestos a dialogar, vamos a indemnizar, pero ahora estamos en los estudios preparatorios que nos lleven a una consulta permanente con las poblaciones afectadas de ambos países y demás líderes sociales", explicó Jacobo Hernández, comisionado hondureño para implementar el proyecto, junto a su homólogo salvadoreño, Eduardo Zablah.
En El Salvador, organizaciones sociales como el Consejo Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), indicaron que la represa traerá a sus poblados inseguridad alimentaria, migraciones y desempleo.
Víctor Rivera, integrante del Consejo, afirmó que la construcción de El Tigre es una afrenta a los derechos humanos de hondureños y salvadoreños.
Los potenciales efectos negativos en el entorno derivados de la central hidroeléctrica también están en el centro de las preocupaciones. "Los únicos dos estudios de impacto ambiental que existen los tiene El Salvador y nadie los conoce aquí", dijo a Tierramérica Rigoberto Sandoval, ecologista hondureño.
Pero Sandoval cree que no se debe satanizar de entrada el proyecto. "El Salvador tiene fuertes problemas hídricos y esa represa no sólo va a resolver ese problema, sino que nos puede evitar a nosotros una guerra por agua", dijo.
El especialista sostiene que se debe conseguir la documentación que tiene El Salvador. "Los más interesados en el proyecto deben propiciar un estudio de impacto ambiental y hacer una buena negociación donde las instalaciones de la represa no queden del lado salvadoreño sino del nuestro", señaló.
Mario Ponce, experto hondureño en temas agrícolas, coincidió en que los problemas de agua son tan fuertes en El Salvador que hay que "pensar en cómo evitar futuros conflictos" por este tema.
Para el embajador salvadoreño en Honduras, Sigifredo Ochoa, la represa es una oportunidad que incluso reivindicará "el espíritu integracionista que caracterizó" a ambos países. "Es un esfuerzo que permitirá borrar obstáculos, incluso los existentes en las líneas fronterizas", acotó en declaraciones a la prensa local.
Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de Honduras, afirmó que esa entidad apoya la construcción de la represa. "Se debe debatir más, obtener toda la información posible y conocer experiencias similares en otros países sudamericanos, porque la represa El Tigre es, por ahora, la mejor opción para los salvadoreños", opinó.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Este artículo fue publicado originalmente el 10 de junio por la red latinoamericana de Tierramérica.
