China, una de las grandes fabricantes de armas del mundo, ha bloqueado la imposición de sanciones económicas y militares a Birmania, Irán y Sudán, para enojo de Estados Unidos.
"Las razones son obvias", dijo un diplomático de Asia sudoriental. "China protege sus intereses políticos y militares del mismo modo que Estados Unidos y otras potencias occidentales." La exportación de equipamiento bélico es uno de los grandes motivos de esa actitud.
China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir con derecho a veto sobre las decisiones del cuerpo.
Valiéndose de esa carta como amenaza, Beijing expresó fuertes reservas sobre los recientes intentos estadounidenses y occidentales de imponer sanciones contra Sudán, Birmania e Irán por varios motivos políticos.
Pero el Consejo de Seguridad, de 15 miembros, no tomó ninguna medida contra ninguno de esos tres países a causa de la oposición de China o Rusia, o de los dos.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional consideró este lunes que China es un proveedor clave de armas a países como Sudán, Birmania y Nepal.
Irán también es un receptor de larga data de armas chinas, incluidos aviones de combate Shenyang, tanques de batalla T-59, misiles tierra-a-tierra HY-2 Silkworm y lanzamisiles. China tiene fuertes intereses económicos tanto en Sudán como en Irán, que, a cambio de armas, le suministran petróleo.
"Las exportaciones de armas de China, estimadas en 1.000 millones de dólares anuales, a menudo involucran el intercambio de armas por materias primas para alimentar el rápido crecimiento económico del país", advirtió Amnistía.
Pero es un comercio envuelto en un manto de secreto, según la organización, porque Beijing no publica ningún dato sobre transferencias de armas al exterior y en los últimos ocho años no elevó ningún informe al Registro sobre Armas Convencionales de la ONU.
"Como importante exportador de armas y miembro permanente del Consejo de Seguridad, China debería cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional", dijo Helen Hughes, investigadora sobre control de armas de Amnistía.
"China es la única potencia exportadora de armas que no suscribió ningún acuerdo multilateral con criterios para impedir exportaciones de armas que probablemente sean usadas para cometer serias violaciones a los derechos humanos", dijo en una declaración escrita difundida en la ONU.
Frida Berrigan, investigadora del Centro de Recursos sobre Comercio de Armas del centro académico neoyorquino World Policy Institute, dijo que China es la mayor y más flagrante violadora de las normas internacionales sobre transferencias de armas.
Pero ése no es un problema que un país pueda resolver por sí mismo, agregó.
"En este mundo globalizado, los camiones militares de China son puestos en marcha por motores estadounidenses y los aviones de combate de Estados Unidos pueden tener componentes fabricados en Israel o Corea del Sur", explicó Berrigan.
"No se puede culpar a un solo país de las transferencias de armas a países en conflicto o con antecedentes de atrocidades contra los derechos humanos", dijo Berrigan a IPS.
La única solución real, destacó, es fabricar menos armas y venderlas a menos naciones.
"Desafortunadamente, todas las señales señalan la tendencia opuesta: hacia una mayor proliferación de armas y herramientas más sofisticadas para librar una guerra y reprimir", agregó Berrigan.
Según el informe de Amnistía, titulado "China: Manteniendo el conflicto y los abusos de derechos humanos", más de 200 camiones militares chinos —que normalmente usan motores diesel estadonidense Cummins— fueron embarcados a Sudán en agosto de 2005.
No fue un obstáculo para esa transferencia el embargo de armas impuesto por Estados Unidos sobre ambos países, ni el involucramiento de vehículos similares en la matanza y secuestro de civiles en la occidental región sudanesa de Darfur.
El estudio también cita embarcos militares regulares de China a Birmania, incluido el suministro, en agosto de 2005, de 400 camiones militares a pesar de la participación del ejército en torturas, matanzas y desalojo forzado de cientos de miles de civiles.
Amnistía también cuestionó la venta de casi 25.000 rifles y 18.000 granadas de fabricación china a fuerzas de seguridad nepalesas, entre otras operaciones. En el momento de la entrega, "Nepal estaba involucrado en la brutal represión de miles de manifestantes civiles", indicó.
China también es cómplice en un comercio cada vez más ilícito de pistolas Norinco, de manufactura china, en Australia, Malasia, Tailandia y particularmente Sudáfrica, donde comúnmente son usadas para cometer robos, violaciones u otros delitos.
El informe también indica cómo las armas chinas ayudaron a mantener conflictos brutales, violencia criminal y graves violaciones a los derechos humanos en países como Sudán, Nepal, Birmania y Sudáfrica.
Pero también revela la posible participación de empresas occidentales en la manufactura de algunas de estas armas.
"China describe su enfoque sobre los permisos para exportar armas como 'cauto y responsable', aunque la realidad no podría estar más lejos", señaló Hughes, de Amnistía Internacional.
"Ellos deben introducir leyes y regulaciones efectivas que prohíban todas las transferencias de armas que podrían ser usadas para serias violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho humanitario internacional", agregó.
Amnistía también exige a China que informe anual y públicamente sobre todas las licencias de exportación de armas, así como las entregas, y que apoye un tratado sobre comercio de armas que sea duro, exhaustivo y aplicable, dijo Hughes.
Ann-Louise Colgan, directora de análisis político y comunicaciones de la organización Africa Action, con sede en Washington, afirmó que tanto Rusia como China continúan oponiéndose a las sanciones, por sus propios intereses económicos y políticos.
"China es el mayor inversor individual en la industria del petróleo en Sudán, y Rusia también tiene interés en continuar vendiendo armas y otro equipamiento militar al régimen", agregó.
Pero ni China ni Rusia desean antagonizar con el gobierno de Sudán, ni sentar un precedente para una intervención o sanciones internacionales por violaciones de derechos humanos, a causa de su propia represión interna de las comunidades étnicas, dijo Colgan a IPS.
