La OIT volverá a considerar este viernes en Ginebra la explotación del trabajo forzado a manos de la dictadura militar de Birmania, y se prevé que en esta ocasión la agencia internacional tomará medidas contundentes.
Se prevé que los casi 3.000 delegados de gobiernos, trabajadores y empresarios reunidos en Ginebra, en la 95 Conferencia Internacional del Trabajo, emitan una señal inequívoca contra la persistencia de condiciones casi de esclavitud en ese país del sudeste asiático.
El director general de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Juan Somavia, puso a circular una carta entre los delegados en vísperas del debate sobre las opciones para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y laborales en Birmania.
"En la sesión, la Conferencia tendrá ante sí un análisis de todas las opciones que se deberían considerar para asegurar el cumplimiento de la Convención" internacional de 1930 contra el trabajo forzado "o determinar, de algún otro modo apropiado, las consecuencias de la situación", anotó Somavia.
Este "ítem adicional de la agenda" de la Conferencia, que comenzó el 31 de mayo y concluirá este viernes, considerará "acciones de la OIT" para acabar con el trabajo forzado en Birmania y "asegurar que (el régimen) no tomará acciones contra los denunciantes o sus representantes", advirtió Somavia.
El representante de la OIT en Birmania, Richard Horsey, pintó un panorama desolador.
"La Oficina de Enlace de la OT continúa recibiendo denuncias de trabajo forzado. Aunque no se le ha posibilitado verificar los detalles, hay preocupación sobre los persistentes y detallados relatos de fuentes en Myanmar y del otro lado de la frontera con Tailandia", sostuvo Horsey.
El funcionario afirmó que las denuncias se refieren a trabajo forzado impuesto por el ejército "en el contexto de operaciones en el septentrional estado de Kayin (Karen)".
"El ejército obliga a los aldeanos y a propietarios de carros con bueyes a acompañar las columnas armadas para que les carguen alimentos y otros suministro a las tropas en el frente", añadió.
Además de asegurar que está comprometida con el fin de los trabajos forzados, la junta militar birmana ha recurrido a las amenazas para silenciar a quienes la acusan. Entre agosto y septiembre pasados, el propio Horsey recibió 21 amenazas de muerte por carta.
"Si interfiere en nuestros asuntos internos, su cabeza rodará y nuestro pueblo lo aplastará y envenenará. Cuídese, todo lugar es peligroso para usted", indica una de las cartas.
Civiles birmanos que han denunciado los trabajos forzados o a quienes se les halla la tarjeta de un funcionario de la OIT entre sus pertenencias han sido detenidos e incluso condenados a prisión.
El ejército birmano, que llegó al poder por un golpe de Estado en 1962, es acusado de numerosas violaciones de derechos humanos, como supresión de los derechos políticos y civiles, en especial de la libertad de expresión, y violación sistemática de mujeres en el marco de conflictos étnicos.
Cualquier esperanza de transición de la dictadura a un sistema más abierto y democrático se debilita por el maltrato prodemócrata y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, mantenida en arresto domiciliario durante 10 de los últimos 16 años.
Al mismo tiempo, Rangún continúa arrestando a quienes considera una amenaza política. Cerca de 1.400 presos políticos se encuentran hoy en las cárceles birmanas, entre ellos periodistas, escritores, parlamentarios, monjes budistas y activistas estudiantiles.
Tan generalizado es el trabajo forzado en Birmania que pocos esperan que acabe algún día.
"Los militares impusieron su poder en muchas áreas, particularmente las fronteras, mediante el trabajo forzado. Hubo muy pocas señales de cambio en los pasados seis años", dijo a IPS Sein Tan, ex profesor del Instituto de Economía de Rangún.
La junta también apeló a los trabajos forzados para sus proyectos de desarrollo. "Le dejan poca opción a los pobladores, que son obligados a obedecer", añadió Sein Tan.
De hecho, Birmania está en el tope de la lista de países asiáticos por la práctica de trabajo forzado dentro de sus fronteras, según la OIT. En el área Asia-Pacífico viven 9,5 millones de personas atrapadas por ese flagelo, casi tres cuartas partes de los 12,3 millones de personas de todo el mundo.
Birmania ratificó las dos convenciones internacionales aprobadas por la OIT para poner fin al trabajo forzado. Pero sólo comenzó a tomar medidas al respecto en 1998, cuando salió a la luz pública las condiciones rayanas en la esclavitud sufridas por millones de aldeanos en áreas fronterizas.
La OIT adoptó sanciones en junio de 2005 sanciones económicas por primera vez en su historia, luego de practicar una política expectante desde 2001.
La agencia había constatado que aldeanos son obligados a transportar a pie cargas para el ejército, a construir carreteras, puentes y edificios y a cultivar haciendas militares. Gran parte de las víctimas pertenecen a minorías étnicas.
Las sanciones implicaron el congelamiento de la inversión extranjera, el aval de la OIT a los boicots a la economía birmana por parte de los sindicatos y la reconsideración de actividades por parte de agencias de la ONU y organizaciones multilaterales.
De todos modos, las amenazas no se tradujeron en acciones. Estados Unidos impuso sanciones económicas y la Unión Europea prohibió algunas importaciones desde el país asiático.
"El año pasado fue para la junta un año de aprendizaje sobre diplomacia. Parecen confiar en que la OIT no les causará daño alguno y que podrán continuar con el trabajo forzado", dijo a IPS un activista humanitario radicado en Birmania.
