El gobierno de Néstor Kirchner anunció este lunes su voluntad de llevar ante la justicia a los responsables de la política económica de la última dictadura militar (1976-1983) que se impuso junto con una brutal represión a decenas de miles de opositores.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, informó que el Estado pidió a la justicia federal que declarara inconstitucionales los indultos concedidos al ex dictador Jorge Rafael Videla, a su ministro del Interior, el ex general Albano Harguindeguy, y a quien fue su ministro de Economía, el economista José Alfredo Martínez de Hoz.
En 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), que habían impedido la acción penal contra miles de agentes dictatoriales acusados de crímenes. Desde entonces se han reabierto muchos juicios.
Pero aún no hubo un pronunciamiento de la máxima instancia sobre los indultos otorgados en 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Menem a 1.200 agentes militares y civiles inculpados de diversos delitos cometidos durante aquel régimen.
De momento, al menos dos fiscales, tres jueces de primera instancia y dos tribunales de apelación se han pronunciado por la inconstitucionalidad de ese beneficio para delitos de lesa humanidad. Pero el asunto está pendiente de un fallo de la Cámara de Casación, máxima autoridad en materia penal de Argentina.
El pedido de anulación de indultos se efectuó en el marco de una causa en la que se investiga el secuestro extorsivo de un empresario textil y de su hijo en 1976. Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto estuvieron detenidos cinco meses por un decreto firmado por los tres acusados hasta que un segundo decreto los puso en libertad.
Las víctimas no estuvieron desaparecidas sino "a disposición del Poder Ejecutivo Nacional", como se identificaba a los prisioneros del régimen que tras un período de detención ilegal eran liberados o trasladados a una prisión regular.
Según denunció la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, los Gutheim fueron detenidos como forma de presionarlos para que enviaran un cargamento de productos textiles a Hong Kong, cumpliendo un compromiso asumido por Martínez de Hoz en una visita oficial a esa región administrativa especial china.
Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz fueron procesados en 1988 por ese delito. Pero en 1990 el indulto de Menem (1989-1999) los perdonó. Ahora el Estado reclama que se anule el beneficio por "inconstitucional".
Videla y Harguindeguy están detenidos por otras causas en su contra. Pero Martínez de Hoz goza de libertad. El economista de 81 años, ministro de la dictadura entre 1976 y 1981, fue autor del modelo de valorización financiera basado en las enseñanzas monetaristas de la Escuela de Chicago.
Según los argumentos del Ministerio de Justicia presentados por Duhalde, el pedido "está plenamente justificado en la magnitud del plan criminal de ejecución" impulsado por el régimen. En la requisitoria, el Estado señala "la unidad entre represión ilegal y proyecto económico" que imperó durante la dictadura.
"La justicia debe ahora investigar a Martínez de Hoz como representante de los beneficiarios de un modelo económico por el que se sometió a toda la población", declaró el secretario de Derechos Humanos, y se manifestó confiado en un pronunciamiento en breve plazo.
La causa había sido reabierta a pedido de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El abogado Rodolfo Yansón, de esta última organización no gubernamental, explicó a IPS que si bien las víctimas fueron indemnizadas, se pidió la reapertura del caso.
"La decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de presentarse en esta causa (à) abre la puerta al juzgamiento de los responsables de la cara civil de los crímenes cometidos durante la dictadura", opinó Yansón.
La presentación tiene como antecedente afirmaciones del presidente Kirchner en el último aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, que inició el régimen más cruento de la historia argentina, con unas 30.000 personas desaparecidas según datos de organizaciones no gubernamentales.
La persecución y el terror contra los opositores respondieron a la necesidad de "imponer un proyecto político y económico que reemplazara el modelo de sustitución de importaciones vigente por un nuevo esquema de valorización financiera y ajuste estructural", dijo el mandatario.
Ese esquema se caracterizó por la "disminución del rol del Estado, el endeudamiento externo, la fuga de capitales y, sobre todo, el disciplinamiento social", dijo Kirchner, y "tuvo un cerebro, un nombre que los argentinos no debemos olvidar, que es el de Martínez de Hoz", subrayó.
"Lamentablemente, los verdaderos dueños de ese modelo no han sufrido castigo alguno, y tal vez sea hora de desarticular la red de impunidad tejida a través de los indultos", recomendó Kirchner, aunque dijo que evitaría proceder a la anulación de esos perdones mediante un nuevo decreto.
Así como la justicia falló la inconstitucionalidad de las llamadas leyes del perdón, del mismo modo "espero que prontamente determine la validez o no de esos indultos", dijo el mandatario tres meses atrás.
El fallo sobre las leyes, el año pasado, permitió la reapertura de múltiples causas de violaciones a los derechos humanos que han ingresado a la etapa del juicio oral en la última semana.
El primer caso fue el del ex subjefe de policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz, beneficiado por las leyes de perdón, y ahora cumpliendo una condena que había quedado en suspenso y sometido a un juicio oral por nuevas denuncias de secuestros y desapariciones. (
