«Hemos resistido 500 años de despojos, desprestigio, desalojos y masacres ¿cómo no vamos a resistir el frío y el hambre?», pregunta a IPS Orlando Charole, líder de los indígenas que desde hace más de un mes reclaman tierras en la nororiental provincia argentina de Chaco.
Miles de nativos finalmente llegaron ante la sede del gobierno provincial en Resistencia, la capital provincial ubicada 700 kilómetros al norte de Buenos Aires, se estacionaron en el lugar y bloquearon las calles adyacentes. Charole, que es presidente del gubernamental Instituto del Aborigen Chaqueño, está al frente de la protesta.
Los manifestantes exigen que el gobernador de Chaco, Roy Nikisch, los reciba y responda a sus denuncias sobre la entrega irregular de tierras fiscales a grandes productores, que habría comenzado hace una década, en lugar de transferirlas a las comunidades indígenas y otros agricultores pobres, tal como lo manda la Constitución provincial.
Con estas demandas, más de 3.000 indígenas del interior del distrito caminaron hasta Resistencia y, al no conseguir la entrevista con Nikisch, resolvieron el martes quedarse frente a la sede del gobierno.
Nikisch se niega a recibirlos y este viernes presentó una denuncia acusándolos de obstaculizar el paso de funcionarios hacia su oficina.
El improvisado campamento se levantó en la plaza 25 de Mayo, justo frente a la casa de gobierno, donde los indígenas cortaron además el tránsito en calles cercanas. "Están allí en condiciones infrahumanas, algunos están enfermos y con sus niños desnutridos", señaló a IPS Rolando Núñez, del Centro de Estudios Nelson Mandela, de Chaco.
Núñez afirmó que ningún miembro del Ministerio de Salud Pública se presentó para informarse de las condiciones sanitarias de los manifestantes, todos ellos viviendo en la pobreza. "Fuimos con médicos voluntarios porque muchos están estresados, con cefaleas, y hay niños con problemas respiratorios por el frío", explicó.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indican que en Argentina hay una veintena de etnias que suman unos 400.000 indígenas, 56 por ciento de los cuales se distribuyen entre los pueblos mapuche, kolla, toba y wichí.
En Chaco viven cerca de 60.000 aborígenes y corresponden a los pueblos toba, mocoví y wichí.
El movimiento sumó este viernes el respaldo de organizaciones sociales, sindicales y de defensores de los derechos humanos de la provincia. Entre todos convocaron para el 14 de este mes a una jornada provincial de protesta social, con eje en los reclamos indígenas y la petición de mayor apertura al diálogo por parte del gobierno estadual.
"Vamos a permanecer en el campamento por tiempo indeterminado y, si es necesario, vamos a profundizar las medidas de fuerza", advirtió Charole.
Este dirigente fue elegido en 2005 para presidir el instituto gubernamental que representa a los aborígenes, pero, en lugar de seguir la línea de sus antecesores y ser un funcionario más del gobierno, se puso del lado de sus representados y a la cabeza de los reclamos por tierras.
La protesta comenzó hace más de un mes a raíz del impacto de las inundaciones sobre las comunidades que viven a las puertas de la región selvática denominada El Impenetrable. Los indígenas acusaron al intendente de la localidad de esa zona Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, de retener alimentos enviados por el gobierno nacional para su asistencia.
Es que los aborígenes, que requerían la ayuda con urgencia, encontraron un depósito de alimentos perecederos a 300 metros de la sede comunal en condiciones de ser repartidos desde hacía días. El 1 de mayo último sacaron esa mercadería de allí y la colocaron frente a la sede gubernamental para hacer pública la manipulación política de la ayuda.
Las familias campesinas iniciaron entonces una protesta exigiendo la renuncia de Heffner, quien además es acusado de tener reacciones discriminatorias contra las comunidades, y está procesado por la justicia federal en una causa por estafa contra el organismo nacional encargado de la seguridad social.
"En mi gobierno participan todos los que trabajan", respondió Heffner a los reclamos. Y añadió sugestivo: "si empiezo a aflojar va a haber un contagio colectivo en todos los municipios del Chaco y esta provincia va a ser un desastre". El vaticinio no tardó en cumplirse a pesar de que el intendente "no aflojó".
Comunidades del resto de la provincia realizaron también bloqueos de ruta a mediados de mayo en solidaridad con los aborígenes de Villa Río Bermejito, pero añadiendo nuevas demandas al movimiento. Planten que desde hace una década en la provincia hay un manejo fraudulento de las tierras fiscales que les corresponden.
En diálogo con IPS, Núñez explicó que de las 3,9 millones de hectáreas de tierras fiscales que había en Chaco en 1995 quedan apenas unas 660.000 hectáreas sin entregar. Pero los nativos, que deberían ser los principales beneficiarios según la ley, se quedaron fuera de ese generoso reparto.
La normativa establece que las tierras públicas deben ser cedidas a aborígenes o a pequeños productores en parcelas de tamaño familiar —entre 650 y 1.200 hectáreas, según se destinen a agricultura o ganadería— acompañadas de políticas de fomento para iniciar una actividad productiva.
"Nada de eso ocurrió", afirmó Núñez. Hubo cesión de reservas indígenas a privados, y transferencia de parcelas de hasta 10.000 hectáreas a un solo particular, principalmente a grandes productores de otras provincias, según demostró su organización. También se registraron entregas a pequeños agricultores, pero sin la ayuda financiera correspondiente.
"En poco tiempo, los productores, ahogados por falta de capital, vendieron las tierras a propietarios más grandes", remarcó Núñez. Todo ese manejo irregular provocó una enorme concentración de tierras en pocas manos.
Según el Centro de Estudios, apenas siete por ciento de los propietarios tienen 70 por ciento de las parcelas productivas de Chaco.
El organismo encargado de administrar los predios es el Instituto de Colonización, que tiene una gerencia estable y un directorio que cambia con cada gobierno de turno. El Centro de Estudios denunció que esta entidad funciona como "una inmobiliaria rural" y sus administradores se están enriqueciendo con la venta de ese patrimonio.
Por eso los reclamos de los indígenas ya no se limitan al pedido de renuncia del alcalde de Villa Río Bermejito, sino que exigen además la intervención del Instituto de Colonización, el congelamiento de la cesión de tierras fiscales, el inventario de las existentes y aún sin repartir, además de la nulidad de las adjudicaciones realizadas de modo irregular.
El gobierno de Nikisch admitió suspender la cesión de tierras por 180 días y reconoció que quedan 680.000 hectáreas en manos del Estado, apenas un poco más de lo que indicó el Centro de Estudios. Pero no aceptó reunirse con los delegados comunitarios indígenas. Por eso el campamento se mantiene y el conflicto se tensa.
Los reclamos cuentan con el apoyo de la Federación Agraria Argentina, reúne a pequeños y medianos productores agropecuarios de todo el país, de otras organizaciones sociales, de religiosas, sindicales y de derechos humanos de Chaco. Consiguieron además el respaldo de legisladores y funcionarios nacionales.
Los manifestantes aseguran que van a resistir en la plaza del centro de la capital chaqueña aunque no tengan alimentos suficientes, sin abrigo y sin baños, pero con la certeza de que los asiste el derecho. "Nos denuncian por cortas calles ¿pero acaso no tenemos derecho a reclamar lo que nos pertenece?", preguntó Charole.
