Poco más de 18 años después de haber sido promulgada, el gobierno argentino reglamentó la ley de Defensa, que establece como exclusiva función de las Fuerzas Armadas la de enfrentar agresiones de otro u otros estados, quitándoles toda posibilidad de actuar en seguridad interior.
El decreto firmado este lunes por el presidente Néstor Kirchner, respecto de la ley aprobada en abril de 1988, otorga contenido específico a una norma que era blanco de debates y se prestaba a interpretaciones disímiles en torno a la función de los militares desde la recuperación de la democracia en 1983.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, explicó al término del acto con el mandatario que la reglamentación "determina con absoluta precisión" la responsabilidad primaria de los militares, que es la de conjurar la agresión externa de fuerzas armadas de otro estado, tal como establecen los principios en los que se fundamenta la ley.
"Quedan fuera de su responsabilidad las cuestiones de seguridad interior y las llamadas 'nuevas amenazas', entre las cuales se puede mencionar el terrorismo o el narcotráfico", declaró Garré. Las Fuerzas Armadas no están preparadas profesionalmente para esos desafíos", aseguró.
La reglamentación, entre otras cuestiones, hace efectiva la unificación del mando militar en la nueva figura del Jefe del Estado Mayor Conjunto, cuerpo sobre el cual recae la responsabilidad de la composición, dimensión y despliegue del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Pero, además, el decreto permite recuperar para el poder civil la capacidad de conducción de las Fuerzas Armadas.
"El control político-democrático sobre los asuntos militares y de Defensa es fundamental para la paz y para una integración subregional sobre bases sólidas y duraderas", afirmó Garré.
La defensa regional es definida en el decreto como un asunto de política que deben asumir los gobiernos civiles de la región. El sistema ampliado de defensa debe "fomentar y consolidar la interdependencia, la interoperabilidad de los integrantes, la confianza mutua y las condiciones políticas para asegurar la paz".
"El decreto reglamentario de la ley de Defensa Nacional era una asignatura pendiente desde hace casi dos décadas y, desde esta perspectiva, es conveniente que se haya elaborado y firmado", opinó el director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga.
Para este politólogo, "la iniciativa —hasta donde se conoce— que otorga mayores atribuciones al Estado Mayor Conjunto, con competencias que hasta ahora retenían los estados mayores de cada fuerza, es razonable".
La guerra de las Islas Malvinas, librada contra Gran Bretaña en 1982, mostró el costo de no tener una doctrina, entrenamiento y conducción conjunta militar, recordó a IPS Fraga.
"Los países más ricos avanzan en esta dirección en materia de organización militar y naciones como Estados Unidos han sido pioneras en ese tipo de doctrina que ahora asume Argentina", añadió.
También el experto consideró correcta la decisión, ya establecida en la ley, de dejar a las Fuerzas Armadas ajenas de las posibles acciones contra las llamadas "nuevas amenazas", como "el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado".
Empero, entiende que no se puede quitar la potestad a la Fuerza Aérea de controlar el espacio aéreo para impedir los vuelos clandestinos que pueden transportar droga, por ejemplo.
Fraga concluyó, de modo primario hasta conocer su texto completo, que es una reforma necesaria, pero "que no debe presentarse como una acción para reducir el poder de los militares, como algunos trascendidos oficiales lo pretendieron".
La reglamentación de la ley de Defensa, considerada por otros observadores clave para consolidar el poder civil sobre el militar, aparece en un momento de tensión entre el gobierno centroizquierdista de Kirchner y sectores minoritarios del Ejército, con nostalgia de las dictaduras que se sucedieron durante el siglo XX.
El 24 de mayo, un grupo de militares, en actividad y en retiro, realizó un acto en el que se reivindicó el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura (1976-1983), cuya maquinaria represiva dejó miles de muertos y 30.000 personas desaparecidas de modo forzoso, según datos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Kirchner sancionó a los uniformados en actividad que participaron del acto, en correspondencia con la ley que les prohíbe expresamente ese tipo de expresión a los militares, y advirtió en discurso público que "no les tenía miedo".
En este marco, la cúpula de la Iglesia Católica pidió el fin de semana que pasó "una reconciliación" basada en "la verdad, la justicia y el perdón" entre el gobierno, los militares y los familiares de las víctimas.
Como antecedente inmediato de esta situación se destaca la denuncia realizada en marzo por un militar en actividad, patrocinado por el no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales, que se negó a participar en tareas de espionaje ilegal contra dirigentes políticos y sociales desde una base de la Armada, en la austral provincia de Chubut.
Los militares tenían registros fotográficos y archivos de sus seguimientos.
En ese contexto, la ministra declaró este lunes que las autoridades civiles que gobernaron el país desde la sanción de la ley de Defensa, durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), "tuvieron desinterés en asumir su responsabilidad en esta materia" y de ahí la demora en reglamentar la norma que fija el rol para los uniformados.
La ley no había sido reglamentada hasta ahora porque las funciones acotadas a los militares eran consideradas negativas por administraciones pasada, como lo admitió en 2002 Horacio Jaunarena, quien fue ministro de Defensa del socialdemócrata Alfonsín y de parte de los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), justicialista de derecha, y del frustrado de Fernando de la Rúa (1999-2001), de la Alianza centroizquierdista.
Otro ex ministro de Defensa, el economista Ricardo López Murphy, también cree que entre las amenazas a las que deberían dar respuesta los militares se debía contar el "terrorismo internacional", la pobreza extrema, el narcotráfico, el tráfico de armas, y el fundamentalismo religioso, entre otros desafíos. Esta es una tesis recomendada por Estados Unidos para los demás países, aunque no para sí.
En cambio, el gobierno de Kirchner defendió siempre el espíritu de la ley. Con esa postura, el entonces ministro de Defensa, José Pampuro, convocó en septiembre de 2004 en Buenos Aires a sus pares sudamericanos a fin de fijar una posición común de cara a la IV Cumbre Hemisférica que reunió ese mismo año a ministros de Defensa de América.
En la cita previa, Pampuro declaró que Estados Unidos y Canadá consideraban que las fuerzas armadas debían tener un accionar policial vinculado a la seguridad interior, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero que la visión de la región era opuesta a ese tipo de intervención.
"Para nosotros, los militares están para la defensa del territorio nacional", dijo entonces el ministro argentino, y dejó en claro la posición del gobierno que ahora se refleja en la reglamentación de la ley de Defensa. (
