Financiado por corporaciones estadounidenses de agronegocios, como Cargill, el cultivo de soja es uno de los principales causantes de la deforestación en la Amazonia brasileña, denuncian activistas de Greenpeace, que lidera una campaña internacional contra la siembra de esta oleaginosa.
Esta y otras organizaciones ecologistas rechazan la construcción de carreteras, vías férreas y canales para transportar la soja a puertos como Santarem, de Cargill, sobre el río Amazonas.
La polémica aumentó tras el anuncio del gobierno de Brasil el 5 de junio de que se pavimentará la carretera amazónica BR-163 que unirá Santarem con el estado de Mato Grosso a lo largo de 1.700 kilómetros, y dará salida rápida a la producción de los cultivadores de soja.
"El Amazonas es una de las áreas más biodiversas de la Tierra y la necesitamos para estabilizar el clima del planeta, pero (Cargill) está destrozando la selva para cultivar soja que alimente a los animales de granja europeos", dijo Thomas Henningsen, coordinador de la campaña global de Greenpeace para el Amazonas.
Activistas de la organización clausuraron la principal planta exportadora europea de soja de Cargill, en el Amazonas, y bloquearon sus instalaciones en el Reino Unido y Francia en protestas realizadas del 19 al 22 de mayo contra el rol de la compañía, a la que responsabilizan por la destrucción de 1,2 millones de hectáreas de selva tropical para cultivar soja.
Buena parte de la financiación del cultivo de soja procede de firmas comercializadoras fuera de Brasil. Cargill y otros dos gigantes de los agronegocios, Archer Daniels Midland (ADM) y Bunge, son responsables de 60 por ciento de las inversiones financieras en la producción de soja allí, asegura Greenpeace. Estas tres empresas controlan casi 80 por ciento del procesamiento de soja de la Unión Europea.
Cargill también posee la avícola Sun Valley en Francia, que suministra millones de pollos a supermercados y restaurantes de comida rápida de toda Europa, que son alimentados con base en soja cultivada ilegalmente en la región amazónica, según Greenpeace.
El grupo denuncia, además, que varios de los grandes establecimientos que proveen de soja a Cargill están "vinculados al uso de mano de obra esclavizada, apropiación ilegal de tierras y deforestación masiva".
Brasil es el segundo mayor productor de soja, detrás de Estados Unidos, suministrando más de 30 por ciento de los cultivos mundiales.
"Cargill reconoce la importancia del Amazonas, pero rechaza la demanda de Greenpeace de prohibir la agricultura comercial en la región", explicó a Tierramérica Afonso Champi, director de relaciones públicas de la firma en la sudoriental ciudad brasileña de Sao Paulo.
Con sede en el septentrional estado estadounidense de Minnesota, Cargill es una de las mayores empresas privadas del mundo. El año pasado facturó 71.000 millones de dólares. "Comenzando con el próximo cultivo, solamente compraremos soja a los productores que cumplen con el Código Forestal de Brasil", aseguró Champi. Bajo ese código, 80 por ciento de la selva debe mantenerse.
Cargill se alió con la no gubernamental Nature Conservancy, que ayuda a los propietarios de tierras a cumplir con esa norma, dijo.
"Brasil tiene buenas leyes ambientales, pero las aplica muy pobremente", señaló a Tierramérica Bill Laurance, ecologista del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en Balboa, Panamá.
"La deforestación fue la peor de los últimos años, con una reducción anual de entre dos y 2,4 millones de hectáreas", dijo Laurance. Más grande que Europa, la selva amazónica alberga a casi 10 por ciento de los mamíferos del mundo y a 15 por ciento de las especies vegetales terrestres conocidas. Una sola hectárea puede contener 300 especies de árboles.
Brasil es el cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero, causantes del recalentamiento planetario, principalmente por la deforestación amazónica, según Greenpeace. Los expertos coinciden en responsabilizar al cultivo de soja.
La soja se cultiva principalmente en las praderas de la región y en ex establecimientos ganaderos, afirmó Laurance. Tras vender su tierra, los productores a menudo pasan a deforestar nuevas áreas para continuar criando ganado.
Con el anuncio de construcción de nuevas carreteras "enormes franjas de selva serán despejadas. Es casi una invitación a la tala y la especulación", advirtió.
Pero el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que la pavimentación de la carretera amazónica BR-163 no provocará deforestación, ya que cuenta con un plan de sustentabilidad que garantizará todos los controles ambientales.
Según Adalberto Veríssimo, investigador del Instituto del Hombre y Ambiente de Amazonia, la llamada "carretera verde", que se completará en un lapso de dos a tres años a un costo de 450 millones de dólares, depende del éxito en fomentar una "economía de los bosques en pie", obteniendo apoyo de buena parte del mercado.
"Es imposible mantener el control sólo por inspección gubernamental", señaló.
Laurance sostuvo que la necesidad de cumplir con enormes pagos de deuda externa está fomentando la exportación de soja. "Brasil está desesperado por exportar para sacar su cabeza a la superficie, y eso da a quienes presionan por la soja una enorme influencia política en los ámbitos regional y nacional", argumentó.
Según Greenpeace, no será extraño que multinacionales como Cargill aporten parte del financiamiento para la pavimentación de la carretera BR-163.
* El autor es colaborador de Tierramérica. Con aporte de Mario Osava (Brasil). Este artículo fue publicado originalmente el 10 de junio por la red latinoamericana de Tierramérica.
