Organizaciones ambientalistas de Argentina reaccionaron con cautela y moderado optimismo ante la designación de una figura de sus filas para encabezar la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es que prefieren ver cómo se desempeña antes de enjuiciar.
Miembros de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales dijeron a IPS que no harían declaraciones hasta ver el trabajo de la funcionaria, mientras que la Fundación Vida Silvestre Argentina manifestó "expectativa y esperanza", pero evitó pronunciarse sobre el perfil de Romina Picolotti, la abogada de 35 años que reemplazó a Atilio Savino al frente de la Secretaría.
Tras casi dos meses de sondeos, el presidente Néstor Kirchner nombró en el cargo a Picolotti, presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y activa participante en el diferendo con Uruguay por la instalación en ese vecino país de dos plantas de celulosa en la costa de un río compartido.
Galardonada este mes con el premio de la Fundación Sofía, de Oslo, "por su contribución innovadora al desarrollo sustentable", la activista representó al gobierno y vecinos de Entre Ríos, la oriental provincia que se considera afectada por el impacto ambiental de las fábricas de pasta para producir papel de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y la finlandesa Botnia.
El premio otorga cada año 100.000 dólares y fue instituido en honor al libro "El mundo de Sofía", del escritor noruego Jostein Gaarder.
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Cedha se ha propuesto frenar la construcción de esas plantas procurando obstaculizar los apoyos financieros de bancos internacionales que Botnia y ENCE habían gestionado al respecto.
Además, la abogada se desempeñó como asesora legal de la cancillería argentina en la elaboración de la demanda cautelar presentada por el gobierno de Kirchner ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para intentar suspender las obras en la costa uruguaya hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo de las dos fábricas.
También trabajó en el área de derechos humanos y ambiente en entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. Dirigió equipos de abogados en causas ambientales en Camboya, Perú, Cuba, Guatemala, Haití y Nicaragua.
Fue asimismo directora del Departamento de América Latina del Internacional Human Rights Law Group.
La estrategia de intervención siempre tuvo el criterio de acentuar el control estatal sobre las empresas para que no contaminen, en lugar de reclamar el cierre de las firmas con su consecuente secuela de desempleo. Por caso, en La Oroya, Perú, consiguió que Estado y empresas reparen la contaminación de una metalúrgica.
Juan Carlos Villalonga, director de Greenpeace Argentina, señaló a IPS que esa organización prefiere no opinar sobre las personas sino sobre sus desempeños. De todos modos saludó la voluntad de jerarquizar el cargo, y advirtió que esperan a la nueva gestión desafíos muy importantes.
"Ojalá sea un paso adelante. Va a ser difícil. Habrá que ver si el gobierno está dispuesto a jerarquizar de verdad el área y darle ingerencia en el diseño de políticas de otras, como Obras Públicas, por ejemplo, que está planeando aumentar la inversión en la producción de energía atómica", alertó Villalonga.
La designación fue anunciada en la noche de la víspera por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien la presentó como "una especialista" que trabajó con eficiencia junto al gobierno en el conflicto con Uruguay. La nueva secretaria, por su parte, dijo sentirse "honrada" por el nombramiento.
Haga "lo que tenga que hacer" en el área a su cargo, le dijo Kirchner en la reunión que mantuvo con la activista para informarle de su decisión, según versiones de prensa.
De inmediato, la nueva funcionaria, que asumirá la semana próxima, adelantó que habrá "continuidad en las políticas" y pidió que no se esperen "soluciones mágicas" en el corto plazo. Prometió que trabajará cerca de las organizaciones sociales y con la idea de considerar los problemas ambientales como temas de derechos humanos.
El presidente había anunciado que habría cambios en el área a comienzos de mayo en un acto realizado en Gualeguaychú, la localidad de Entre Ríos en la que se concentra la mayor resistencia a la instalación de las plantas de celulosa. Kirchner anunció en esa localidad su voluntad de hacer del desarrollo sustentable una prioridad de su política.
Como primera medida, el gobierno nacional se propuso reemplazar a Savino y jerarquizar el área que hoy depende del Ministerio de Salud. Ahora la Secretaría estará bajo la órbita de la jefatura de Gabinete.
Pero el gobierno fracasó en su primer intento de designar reemplazante de Savino. El ex diputado socialista Héctor Polino declinó la oferta y para el 5 de junio, cuando se celebró el Día Mundial del Ambiente, 13 organizaciones ambientalistas recordaron al presidente su promesa de empujar estos temas.
En una declaración conjunta, las entidades reclamaron al gobierno que apurase la designación del nuevo secretario e impulse una agenda urgente de cinco puntos. En primer lugar pedían elevar la Secretaría de Ambiente a la categoría de ministerio y dale prioridad a un plan de ordenamiento territorial que frente la deforestación.
También remarcaron la necesidad de reconvertir la industria celulósico-papelera, de sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, el extremadamente contaminado sistema hídrico cuya desembocadura esta en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y de aprobar una ley de presupuestos mínimos de evaluación del impacto ambiental que sea aplicable a nivel nacional.
La nueva secretaria eludió confirmar si recogerá o no la agenda de las organizaciones. Villalonga sostuvo que la movilización social generada a raíz del rechazo a las celulosas sobre el río Uruguay creó una "oportunidad fantástica para que el Estado y la sociedad produzcan hechos a favor del ambiente".
Los vecinos entrerrianos reaccionaron con optimismo por el nombramiento. Oscar Vargas, portavoz de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, confió en que la abogada hará una buena gestión a favor del ambiente, y también de la causa por la que están movilizados en su provincia.
