Los gobiernos de Portugal y de Brasil acordaron políticas de prevención del tráfico de personas y de protección de víctimas, en el marco de la guerra sin cuartel declarada contra este tipo de ataque a los derechos humanos.
Este convenio es el principal alcanzado durante los tres días de trabajo del Primer Seminario Luso-Brasileño sobre Tráfico de Personas e Inmigración Ilegal, que concluyó este miércoles en la localidad de Cascais, en la desembocadura del río Tajo, a 20 kilómetros de Lisboa.
El encuentro fue inaugurado por el ministro de Interior de Portugal, Antonio Costa, y por la directora general del Departamento de Extranjeros de la cancillería de Brasil, Izaura Soares Miranda, en representación del titular brasileño del Ministerio de Justicia, Marcio Thomaz de Bastos, quien a última hora debió suspender su viaje por razones de política interna.
Entre otros participantes al seminario, que tendrá su segunda edición en noviembre en Río de Janeiro, se contó con António Vitorino, ex comisario de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE), el secretario de Estado (viceministro) de Interior de Portugal, José Magalhães, delegados de Brasilia y la catedrática Adriana Piscitelli, de la universidad brasileña de Campinas.
La denominada "Declaración de Cascais" reconoce que "es necesario un abordaje más especializado para la identificación y prevención del tráfico de personas y la protección de las víctimas", así como promover campañas de información sobre migraciones, con la participación de la sociedad civil y de las universidades.
También se recomienda la creación de "una red luso-brasileña de entidades e instituciones públicas y privadas que intervengan en la prevención, apoyo y represión del tráfico de personas para fines de explotación", a la vez que declara una lucha sin tregua "a las redes criminales de inmigración ilegal/irregular".
Entre las medidas anunciadas por Costa se cuenta la concesión de autorizaciones de residencia para los inmigrantes que denuncien a los jefes de las redes, prometiendo a los declarantes ante un tribunal "un programa de protección especial de testigos", así como apoyo social, económico, médico y psicológico, que incluiría a sus familias.
Uno de los problemas más difíciles a la hora de afrontar esta problemática es la falta de datos coincidentes sobre las verdaderas cifras de la inmigración ilegal.
Según estimaciones de la Casa de Brasil de Lisboa, la organización más representativa de los inmigrantes del vasto país sudamericano, además de las 80.000 personas con autorización de residencia en Portugal, otras 40.000 viven en esta nación europea sin los documentos requeridos.
En el otro extremo se coloca el investigador João Peixote, del Instituto Superior de Economía, quien afirmó en el encuentro que la inmigración ilegal brasileña en Portugal, tanto para la actividad laboral o la llamada "industria del sexo", alcanzaría un universo de unas 250.000 personas. Estos datos se basan en las cuentas abiertas en bancos lusos.
En una nota divulgada a inicios de este mes, la organización no gubernamental Linha SOS Inmigrante, con sede en Lisboa, calculó en 2,4 millones las víctimas del tráfico humano en el mundo.
Las mujeres, las niñas y los niños en esa situación alimentan sobretodo las redes de prostitución y el comercio de pornografía, mientras que los hombres adultos constituyen la mano de obra para trabajo esclavo, añadió la entidad.
La utilización de los términos también fue debatida en este primer seminario luso-brasileño. En los países europeos es usado el concepto de "inmigrante ilegal", mientras que las asociaciones de extranjeros residentes se refieren a "indocumentados".
"Ni ilegales ni indocumentados. El concepto correcto es el de irregular, porque no se trata de personas que han cometido crímenes, sino que deben regularizar su situación de permanencia", respondió a IPS Soares Miranda.
La directora general del Departamento de Extranjeros de Brasil recordó la diferencia de las legislaciones al subrayar que ser "ilegal" en su país es merecedor de proceso criminal, mientras que en Portugal es sólo objeto de una acción administrativa o de una multa.
Sin embargo, muchas veces los trabajadores extranjeros son tratados como criminales, apuntó Carlos Vianna, ex presidente y actual director de la Casa do Brasil.
"Miles de inmigrantes indocumentados que viven en Portugal, pagan impuestos y aportan a la Seguridad Social, pero son objeto de humillantes persecuciones policiales por no tener su permiso de residencia al día", comentó a IPS durante un intervalo de los trabajos del seminario. Esa es "la máxima hipocresía de Portugal y de otros países industrializados", apuntó.
Otra es la visión del director general del Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal (SEF), Manuel Jarmela Palos.
Ante la consulta de IPS, indicó que "una persona que recibe dinero en un país, sea este cual fuere, debe pagar impuestos, pero eso no le autoriza a vivir sin regularizar su situación de residencia".
En una de las más atendidas conferencias del seminario, la profesora Piscitelli no se inhibió en acusar al SEF de "tratar a todas las brasileñas como si fuesen prostitutas", conclusión a la que llegó tras realizar un prolongado estudio sobre mujeres de su país residentes en Portugal.
En efecto, en las frecuentes redadas policiales en bares y clubes nocturnos, la mayoría de las presuntas prostitutas detenidas son brasileñas, seguidas de rusas y ucranianas, lo cual lleva a una generalización injusta por parte de inspectores del SEF en los aeropuertos. Piscitelli dijo que eso convierte a Portugal en "el país de la UE donde más brasileñas son impedidas de entrar".
Jarmela Palos, moderador del seminario durante la intervención de Piscitelli, alabó a la investigadora al reconocer que la académica "alertó sobre una generalización, que en efecto puede ocurrir y que tanto afecta a las inmigrantes".
El tráfico de personas para fines de explotación sexual o laboral, según el director general del SEF, es de carácter organizado y transnacional, cuyo volumen de negocios ilegales "se coloca en tercer lugar en el mundo, tras el comercio de drogas y de armas".
La lucha contra este flagelo "debe ser asumida no sólo por las instituciones internacionales, por los Estados o por las organizaciones no gubernamentales, sino también por la sociedad civil en general", añadió Costa, de quién depende el SEF.
Por su parte, el ex comisario Vitorino desmitificó la idea de que los grandes flujos migratorios son entre el Sur pobre y el Norte. "Un tercio de los 200 millones de inmigrantes en el mundo nacieron en países ricos y otro tercio migra entre países en desarrollo", aseguró a IPS.
Respecto de la UE, señaló que anualmente entran en su territorio "medio millón de ilegales, 120.000 de los cuales son mujeres y niños", por lo que recomienda que el combate contra el tráfico se realice "a través de la inmigración legal, clara y transparente, con programas de integración y acogida".
Vitorino opinó que, inclusive, los inmigrantes indocumentados son discriminados cuando acuden a los servicios públicos, como la atención de salud.
Su experiencia en el área de Interior y Justicia de la UE le indica que hay que perder las ilusiones sobre una política de puertas abiertas, porque la ausencia del control de fronteras "acabaría por fomentar sentimientos racistas y xenófobos".
Pero según Vianna, existe una gran contradicción en lo que plantea Vitorino, "pese a su reconocida sabiduría, pues no ve al inmigrante como un elemento importante en el mundo del trabajo, de la economía".
Los países de acogida, Portugal y los otros europeos "defensores de la globalización, son de economía capitalista-liberal, partidarios de la libre circulación de bienes y la practican, pero olvidan que la fuerza de trabajo es también un bien esencial para la formación de valor", sostuvo.
Vianna concluyó deplorando que, "en el caso de los seres humanos, se verifica un abandono total del discurso liberal y se abraza el de la reglamentación excesiva". "Seria bueno ser más coherente con la globalización y que, con alguna reglamentación, los europeos permitiesen también la libre circulación de personas", a favor de una mayor justicia social mundial, agregó.
En efecto, el semanario Sabiá, de Casa do Brasil, publicó que cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que los dos millones de brasileños residentes en el exterior enviaron a sus familias el año pasado 6.411 millones de dólares, el segundo mayor volumen de remesas de este origen después de los mexicanos, que remitieron 20.000 millones de dólares a su país.
La publicación afirma, además, que "por tercer año consecutivo en América Latina y el Caribe las remesas de los emigrantes fueron más altas que la suma de toda la inversión extranjera directa y la ayuda económica para la región".
Un comunicado divulgado esta semana por el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa, con sede en Lisboa, entre 175 millones y 200 millones de personas viven fuera de su país de origen.
La nota lamenta "la inexistencia, en los países europeos, de políticas integradas sobre la migración a largo plazo", calificando de "fundamental la inclusión de los inmigrantes en la gestión de proyectos para la manutención de una colaboración de las entidades del Norte y del Sur". (
