Los bolivianos se miraban aún sorprendidos este martes al observar en las fachadas de las gasolineras de la firma brasileña Petrobras un gran letrero con la palabra «Nacionalizada», junto al emblema de la casi extinguida empresa estatal YPFB.
Son los signos visibles del proceso de nacionalización de los hidrocarburos que el presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, le dio señal de largada en la víspera con el anuncio del decreto correspondiente, como un "regalo por el Día Internacional de los Trabajadores".
Petrobras es el emblema de la incidencia extranjera en el principal recurso natural de Bolivia, donde invirtió 1.500 millones de dólares y es la única firma con fuerte participación en toda la cadena productiva de petróleo y gas natural, desde la exploración a la refinación, el transporte y la comercialización, con 64 gasolineras en las principales ciudades.
Además, el gasoducto construido y controlado por empresas de Petrobras permite llevar a Brasil 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día, 67 por ciento del consumo de ese país y, por tanto, asunto central en las relaciones bilaterales.
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Por eso la reacción desde Brasil no se hizo esperar. Un portavoz del Ministerio de Minas y Energía de Brasil calificó de "gesto no amistoso, que puede ser entendido como una ruptura de los entendimientos que venían siendo mantenidos con Bolivia".
Además de la declaración de Brasilia sólo se ha conocido hasta ahora en La Paz un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en defensa de la firma Repsol-YPF, que aparece entre las principales operadoras en el sector de hidrocarburos junto a las británicas British Gas y British Petroleum y la francesa Total.
El texto señala "la más profunda preocupación de la administración del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y expresa la esperanza de que el gobierno boliviano abra un proceso de auténtica negociación y diálogo donde se respeten los intereses de unos y otros".
El primer artículo del decreto 28701, dado a conocer el lunes por Morales, da cuenta de la recuperación del petróleo, gas natural y derivados para el Estado boliviano y convierte a las firmas transnacionales en operadoras transitorias de los procesos de producción, transportes, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de este sector energético.
La resolución indica que YPFB deberá en el futuro recibir la producción de hidrocarburos, dirigirá la comercialización y fijará volúmenes de industrialización y los precios para el mercado interno y la exportación.
Bolivia posee la segunda mayor reserva de gas natural de América del Sur, después de Venezuela, con 53 trillones de pies cúbicos, cuyo valor estimado es de 100.000 millones de dólares. Sus ingresos anuales por impuestos fueron en la gestión 2005 de 250 millones de dólares.
A pesar de ello, la economía boliviana es deficitaria en unos 400 millones de dólares, que son cubiertos con donaciones y créditos externos. Según los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas, la pobreza alcanza a 67,3 por ciento de los 9,2 millones de habitantes.
La nacionalización de los hidrocarburos fue anunciada por Morales en el sureño campo petrolero de San Alberto, cercano a la población de Yacuiba, en la zona fronteriza con Argentina, hasta donde llegó tras un viaje de 1.200 kilómetros a bordo de una aeronave militar Hércules y acompañado de varios de sus ministros.
Tras el anuncio, un militar se encargó de colocar una bandera boliviana en lo alto de las instalaciones de este centro de producción, el más importante del país y hasta la víspera bajo control de Petrobras, mientras que batallones de ingeniería del ejército tomaban posesión de los demás campos petroleros, lugares de distribución, gasoductos y las estaciones de servicio.
Esta medida marca el comienzo de la reversión del proceso privatizador lanzado en 1996, dijo Morales en la noche del lunes ante una multitud frente a la sede de gobierno, tras un agitado día en que recorrió unos 2.500 kilómetros entre La Paz, Yacuiba, la región central y tropical de Carrasco (Cochabamba) y La Paz, en actos simbólicos de toma de posesión de campos de producción.
"Llegó la hora de acabar con los subastadores y llegó la hora de recuperar los recursos naturales. Hoy nacionalizamos los hidrocarburos, 10 años después de la capitalización (privatización)", dijo el mandatario, el primero de origen indígena en ser elegido en la historia de Bolivia.
La legislación en materia de hidrocarburos aprobada en la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) dejó en propiedad del Estado el petróleo sólo en las profundidades de los pozos y tras su extracción pasaba a poder de las firmas transnacionales que reemplazaron a la estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos).
Desde 1996 y hasta el año pasado, las empresas privadas pagaron un impuesto de 18 por ciento, pero tras la realización del referéndum del 18 de julio de 2004, que aprobó por mayoría la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, los movimientos sociales lograron tras presionar al Congreso legislativo que ese porcentaje aumentara hasta el 50 por ciento.
"Es una nacionalización irresponsable", sostuvo ante IPS Samuel Doria Medina, líder de la centroizquierdista Unión Nacional y ex ministro de Planificación del gobierno Jaime Paz Zamora (1989-1993), tras conocer la decisión en un día feriado por la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.
Dora Medina entiende que la decisión fue tomada por razones políticas, tras la caída de la popularidad del presidente Morales de 80 a 63 por ciento de los consultados, según datos de un diario local, Añadió que el decreto adolece de claridad y coherencia, dejando muchas interrogantes en un ambiente de excesivo show.
La nacionalización iniciada el lunes es la tercera que se adopta en Bolivia. La primera fue dictada en 1937 por el gobierno nacionalista del general David Toro, quien anuló las concesiones petroleras y ordenó la entrega de los bienes de la firma estadounidense Standard Oil al Estado a cambio de una indemnización de 1,7 millones de dólares.
En 1969, el gobierno del general Alfredo Ovando Candia (1969-1970) nacionalizó los bienes y concesiones de la también estadounidense Gulf Oil Company, bajo el impulso del líder socialista y entonces ministro de hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien el 17 de julio de 1980 fue asesinado por la dictadura de Luis García Meza.
Desde el central departamento de Cochabamba, el dirigente de los cultivadores de hoja de coca y consejero departamental, David Herrera, aplaudió la medida y la reivindicó como una iniciativa de los sectores empobrecidos y pueblos originarios.
"Bolivia sufre de pobreza y sumisión al capital extranjero. Es momento de que los beneficios lleguen a todos y no sólo a los empresarios", declaró a IPS.
El decreto de Morales llegó con una sentencia: las empresas petroleras deben adecuarse a las nuevas condiciones en un plazo de 180 días y la negativa a someterse a los requisitos legales y constitucionales determinará que "no podrán seguir operando en el país".
"Algunas empresas petroleras dijeron que no invertirían, y los que no desean invertir que se vayan. Si quieren continuar, deben subordinarse a la voluntad del pueblo boliviano, las leyes y el decreto de nacionalización. Bienvenidos a ellosà", puntualizó Morales en su discurso de anoche.
Hasta ahora no se mencionó la posibilidad de otorgar compensaciones económicas a las empresas extranjeras.
Desde la privatización de la industria petrolera, las inversiones suman unos 3.500 millones de dólares. El presidente Carlos Mesa (2003-2005) se resistió a nacionalizar el sector porque estimaba una compensación de unos 8.000 millones de dólares, apenas unos 800 millones de dólares menos que el producto interno bruto del país.
Bajo el decreto de nacionalización, los grandes campos de producción que el año pasado registraron una producción de 100 millones de pies cúbicos por día o más, pagarán el Estado 82 por ciento del valor de la producción. Los pozos de menor capacidad a ese techo continuarán bajo la legislación vigente hasta el lunes.
Además, la petrolera YPFB será la nueva empresa asociada a las transnacionales al tomar el control de las acciones pertenecientes a los ciudadanos bolivianos y administradas actualmente por fondos privados de pensiones. En el decreto no existen expropiaciones.
La falta de dinero para invertir de YPFB, la ausencia de un plan que genere empleo y las difíciles relaciones con Brasil, el principal comprador, tras las medidas que afectan a Petrobras, representan un conjunto de problemas inmediatos, a juicio de Doria Medina.
En tanto, Herrera informó de la decisión de las bases sindicales de movilizarse ante un llamado del presidente Morales frente al permanente temor de una conspiración o sabotaje de las empresas petroleras extranjeras.
