Los comicios presidenciales del 28 de este mes en Colombia tienen sabor a referendo sobre la gestión de Álvaro Uribe, presidente derechista y aspirante a repetir mandato. Ese día se sabrá también si los colombianos quieren que se redoble la guerra interna o prefieren dar prelación a la solución política.
Curiosamente, ese dilema no se plantea en las preguntas que sondean las preferencias electorales o, al menos, no se divulgan las respuestas, como sí se hacía en el pasado.
Si las encuestas resultan acertadas, no habrá segunda ronda, y el hacendado presidente que promueve la guerra total contra la insurgencia campesina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) arrasará con cerca de 55 por ciento de los votos.
Se repetiría así el escenario de las elecciones de 2002, cuando Uribe ahorró una segunda vuelta al obtener 53 por ciento de los sufragios, en medio de una abstención de casi 54 por ciento, blandiendo como bandera de campaña la derrota de esa guerrilla, que lleva 42 años en armas, en apenas dos.
Aunque cuatro años después, las FARC parecen continuar fuertes militarmente, la mayoría de quienes apoyan a Uribe argumentan que le hace falta "más tiempo" para mostrar resultados en la persecución de guerrilleros.
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"Uribe representa la mano dura. Entonces, si la gente vota por Uribe, está votando por la mano dura", dijo a IPS Ana Fernanda Urrea, experta en investigación política y electoral.
Con todo, la preferencia por el mandatario se erosiona lentamente, al parecer debido a crecientes escándalos que relacionan a altos funcionarios de su gobierno y a responsables de su campaña electoral con paramilitares ultraderechistas íntimamente ligados con el narcotráfico.
Pero, de dar crédito a los sondeos realizados mediante entrevista cara a cara en al menos 30 de los 1.098 municipios de este país andino, ni siquiera la unión inmediata de todos los demás candidatos presidenciales lograría abatir a este coloso cuyos seguidores obtuvieron en las parlamentarias de marzo 70 por ciento de los escaños del Senado y otro tanto en la cámara baja.
Con Uribe compite por segunda vez el ex ministro Horacio Serpa, por el opositor Partido Liberal (socialdemócrata), quien aceptó ser su embajador ante la Organización de los Estados Americanos y ahora marca cerca de 15 por ciento de intención de voto, con tendencia a bajar.
Por el izquierdista Polo Democrático Alternativo aspira el ex presidente de la Corte Constitucional y senador Carlos Gaviria, liberal de izquierda, cuya intención de voto está en ascenso, pero es de 13 por ciento.
Las preferencias por los demás candidatos se mantienen por debajo del margen de error: quien fue dos veces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, y el ex ministro Enrique Parejo.
El también ex ministro Álvaro Leyva, que proponía una estrategia para lograr el cese de hostilidades en seis meses, renunció el domingo a su candidatura aduciendo falta de garantías para financiar su campaña y "amedrentamiento" de las autoridades en lugar de protección.
"Técnicamente es imposible invertir la balanza. Tendrían que estar sumamente mal hechas las encuestas" como ocurrió en otras elecciones, según Urrea, en las que, sin embargo, la diferencia entre el puntero y el segundo con más intención de voto no era tan abismal como hoy.
Con todo, "no sabemos qué va a suceder", advirtió Urrea.
Mientras la población rural "se mueve todavía mucho por las 'maquinarias' (el clientelismo de los políticos) y tiene miedo" a los actores armados ilegales, "en el electorado urbano hay mucha desidia y eso es lo negativo, pero por el lado positivo es muchísimo más independiente".
Para la analista, Gaviria puede dar una sorpresa debido al voto de opinión en las grandes ciudades, que las encuestadoras difícilmente pueden calibrar.
En enero de 2002, los colombianos vieron naufragar tres años de negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998- agosto de 2002), actual embajador en Washington.
Al tiempo que dialogaba con las FARC, Pastrana gestionó la cooperación militar estadounidense a través del Plan Colombia —estrategia para combatir la producción de drogas ilícitas y mermar así uno de los ingresos de la guerrilla, afectando a parte de su población de apoyo— y que terminó en diciembre de 2005 su diseño inicial por cinco años.
En ese mismo cuatrienio, las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, comandadas por capos del narcotráfico, se opusieron y dieron al traste con incipientes diálogos de paz con el izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en importancia, surgida también a medidos de los años 60.
Acaballado sobre la decepción generalizada y el hastío de la guerra, Uribe lanzó la apuesta ganadora: su política de la "seguridad democrática".
Según Uribe, ésta se diferencia de la doctrina de seguridad nacional —que plagó de violaciones de derechos humanos a muchos países latinoamericanos bajo dictaduras en el siglo XX—, en que toda la población ha de plegarse a cooperar activamente con las Fuerzas Armadas y demás autoridades para derrotar a los "terroristas", como se refiere a la guerrilla.
La "seguridad democrática" prevé el monopolio estatal de la fuerza y el copamiento, por fuerzas del Estado, de las regiones controladas por la insurgencia.
Aunque el gobierno reconoce que "todavía falta mucho", las cifras oficiales muestran reducciones importantes en indicadores de violencia, sobre todo a partir de que las AUC decretaron el cese del fuego en diciembre de 2004.
La polémica negociación secreta del gobierno con esas milicias ultraderechistas, que están en fase de culminar su supuesta desmovilización total, logró, al menos, que los capos del narcotráfico y líderes de las AUC deban cuidarse de cometer crímenes, so pena de ser extraditados a Estados Unidos.
El hecho es que, durante la Presidencia de Uribe, los secuestros se redujeron en 73 por ciento, según cifras oficiales hasta fines de 2005, y los homicidios en 40 por ciento.
Pero algunas encuestas muestran que lo que más importa a los ciudadanos no es la guerra sino el bolsillo.
"Según el coeficiente Gini (que mide la curva de la desigualdad), el 20 por ciento de la población pertenece al estrato más alto y recibe 80 por ciento de los ingresos totales del país (mientras) la clase media está en un proceso de pauperización", dijo a IPS el economista César González, ex presidente de la Asociación Bancaria, entidad del sector financiero colombiano.
Quizás el gran secreto de la popularidad de Uribe resida en que su mandato coincidió con la reactivación económica tras una crisis iniciada en 1998, justo con el gobierno de Pastrana.
La postración de entonces quebró empresas, disminuyendo la inversión privada a una proporción de siete por ciento del producto interno bruto (PIB), disparó la emigración y el desempleo y se reflejó en retrocesos en desarrollo humano, especialmente en 1998, 1999 y 2002.
La disminución de ingresos en los hogares durante la crisis fue tal que muchos "se vieron obligados a retirar a sus hijos de los establecimientos educativos, especialmente en educación superior", según el Programa Nacional de Desarrollo Humano, que sigue el cumplimiento colombiano de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El repunte de la economía, iniciado a comienzos de 2002 y relacionado en parte con efectos externos, resultó en beneficios políticos para Uribe, que puede mostrar ahora una expansión del PIB de 5,75 por ciento en 2005.
Según recordó Uribe el domingo, durante su gobierno la inversión privada aumentó a 15 por ciento del PIB. En ese cálculo se incluye la compra de grandes empresas nacionales, como la de la fabricante de cervezas Bavaria por la británica SABMiller o la de la Compañía Colombiana de Tabaco por la estadounidense Philip Morris.
El desempleo se redujo de 15,7 a 11,8 por ciento aunque, según muchos expertos, el gobierno alteró sobre la marcha el modo de calcularlo. La proporción de subempleados llegó a trepar a 36 por ciento en 2005 para bajar luego a 29, según el mandatario.
A su gobierno se lo señala también por alterar la forma de calcular la pobreza. En todo caso, Uribe aduce que la población pobre se redujo de 60 a 49 por ciento, y la afectada por la indigencia de 20 a 14 puntos porcentuales del total.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) pactado en febrero con Estados Unidos, y cuyo texto completo aún se desconoce, produjo euforia de las áreas productivas que resultarán beneficiadas, y rechazo de las afectadas, en especial de grandes sectores del campo.
Está por verse cuánto incidirá en la reelección de Uribe la correlación de fuerzas de apoyo o rechazo al TLC. Este lunes se inició la Cumbre Nacional Itinerante, convocada por indígenas de todo el país y a la que se sumó el Congreso Nacional Agrario, que reúne al campesinado organizado.
La Cumbre —una variedad de actividades y movilizaciones en todo el territorio— se manifiesta contra la reelección de Uribe, el TLC, la guerra, la militarización y el desplazamiento forzado que afecta a entre dos y más de tres millones de colombianos, según cifras oficiales o independientes.
La movilización está a favor de "la solución política y negociada del conflicto social y armado" y contra la impunidad de la desmovilización parcial de paramilitares, al tiempo que reclama la devolución de unos cuatro millones de hectáreas de tierra usurpadas por esas milicias, entre otros puntos.
