La última propuesta de la Unión Europea (UE) para controlar la presión que ejercen las corporaciones sobre los gobiernos no es suficiente para dar transparencia a las decisiones institucionales, alertaron organizaciones de la sociedad civil.
En un esfuerzo por hacer más claras las relaciones entre las instituciones europeas y el lobby (cabildeo, en inglés) de las empresas privadas, la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, publicó este miércoles una serie de propuestas para una Iniciativa de Transparencia Europea (ETI, por sus siglas en inglés).
Las propuestas cubren asuntos como acceso a documentos sobre políticas de la UE y sobre la responsabilidad de los gobiernos sobre el dinero que gastan.
La ETI —cuyo lema es "El público tiene derecho a saber"— propone también fortalecer las sanciones para actos de corrupción. Los grupos de presión serán estimulados a registrarse ante la Comisión Europea, y se les proporcionarán "avisos automáticos de las consultas (en el órgano ejecutivo) sobre asuntos de conocido interés" para ellos.
El vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Siim Kallas, señaló en una declaración este miércoles que las medidas incrementarán la apertura y la accesibilidad a las instituciones europeas, crearán conciencia sobre el uso del presupuesto del bloque y harán que las instituciones sean más responsables ante el público.
"Con la cooperación de los Estados miembros, podemos mostrar mucho mejor cómo se gastan los fondos de la UE. Hacer lobby es perfectamente legítimo. Pero como el fenómeno crece, tenemos que garantizar que haya claridad en lo que representan los grupos de presión, cuál es su misión y cómo son financiados", sostuvo.
Sin embargo, la iniciativa no obliga a los cabilderos a registrarse en una base de datos ni a revelar sus intereses o en qué invierten su dinero.
Un acuerdo sobre ese tipo de reglas, según la Comisión, implicaría una discusión demasiado larga y afrontaría dificultades legales, especialmente en el caso de profesiones reguladas como la abogacía.
El enfoque de la Comisión es "totalmente insuficiente", sostuvo la Alianza para la Transparencia de los Lobbies y la Regulación Ética en la UE (Alter-EU, por sus siglas en inglés), instalada en julio pasado por Greenpeace y el Observatorio Europeo de Corporaciones (CEO) con el fin de promover un sistema obligatorio de registro e informe de todos los grupos de presión europeos.
"El 'documento verde' (no definitivo) de la ETI traza un inadecuado enfoque voluntario. Una lista de mensajes electrónicos anunciando las próximas consultas de la Comisión no es un incentivo creíble para garantizar un completo registro e informe de los lobbies de la UE", dijo a IPS el activista Erik Wesselius, del CEO, grupo con sede en Amsterdam que sigue de cerca la influencia política de las corporaciones y sus grupos de presión.
"Esos grupos que quieren permanecer en las sombras y no revelar su actividad al público, continuarán haciéndolo con esta iniciativa", añadió.
Por su parte, el director de la oficina europea de Greenpeace, Jorgo Riss, señaló que "hacer lobby es un negocio próspero y desregulado" en Europa.
"Sin reglas, la presión con mucho dinero socava la democracia. Grandes corporaciones invierten muchos recursos para acceder a quienes toman las decisiones en la UE, y el interés público sale perdiendo", añadió.
Alter-EU sostiene que los grupos de presión de las corporaciones, que incluyen asociaciones industriales y consultores políticos, entre otros, están ganando "mucha más influencia política" en la toma de decisiones en la UE, en detrimento del proceso democrático y la legitimidad del bloque.
El debate sobre la transparencia de los grupos de presión y el acceso a documentos de la UE aumentó en el último año, sobre todo ante el rechazo de los lobbies vinculados al comercio a nuevas reglamentaciones.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil piden reglas sobre ética para los miembros de la Comisión Europea y el registro e informe financiero obligatorio de todos los grupos de presión.
Los activistas están en particular preocupados por las llamadas "puertas giratorias", los casos en los que ex altos funcionarios de la UE terminan en la nómina de los cabilderos industriales.
Bruselas, sede de la mayoría de las instituciones de la UE, atrae la segunda más grande comunidad de grupos de presión del mundo después de Washington. Pero los grupos de presión europeos se desarrollan en un ambiente menos regulado que el estadounidense.
El sitio web del Parlamento Europeo incluye una lista de 5.039 miembros de grupos de presión acreditados, que trabajan para una amplia gama de firmas con presencia internacional, como la cadena de comida rápida estadounidense McDonald's o la de crédito Visa.
Pero el CEO calcula que el número total de cabilderos está entre 15.000 y 20.000, y estima que en la UE se gastan entre 72 y 108 millones de dólares al año en las actividades de presión.
En su informe "Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices" ("Hacer lobby en la Unión Europea: Reglas y prácticas actuales"), publicado en 2003, el Parlamento Europeo señaló que más de 70 por ciento de los grupos de presión trabajan para intereses privados, y sólo 20 por ciento representan a agrupaciones civiles como sindicatos, organizaciones de salud pública o ambientalistas.
El 10 por ciento restante son grupos que representan intereses sectoriales, de regiones, ciudades o instituciones internacionales.
Alter-EU aseguró que continuaría exigiendo un "régimen de transparencia significativo" e instando a la Comisión a presentar propuestas más efectivas a corto plazo.
"Para Alter-EU, la publicación del documento verde de la ETI significa el inicio de una campaña paneuropea para evitar que la Comisión deje a un lado estos asuntos y asegure una transparencia efectiva de los grupos de presión y la adopción de reglas éticas", dijo a IPS el activista Ulrich Mueller, del grupo alemán LobbyControl.
