El gobierno boliviano decidió expulsar a la siderúrgica brasileña EBX esfumando el riesgo de que los bosques del oriental departamento de Santa Cruz se conviertan en carbón. Pero la medida enturbió las relaciones con Brasil y exacerbó los ánimos de pobladores locales que defienden a la empresa.
EBX inició en 2005 la construcción de dos hornos de fundición en el pequeño municipio santacruceño de Puerto Suárez, 1.800 kilómetros al sudeste de La Paz y en la frontera con Brasil, con el fin de producir arrabio (materia prima en la industria del acero) con base en carbón vegetal.
Según el gobierno de Evo Morales, la firma comenzó a construir los dos hornos sin licencia ambiental y violó la Constitución Política del Estado que prohíbe a extranjeros establecerse dentro de los 50 kilómetros de la frontera.
Con esos argumentos, las autoridades anunciaron el 24 de abril la salida de EBX y dos días después su exclusión del proceso de licitación del yacimiento de hierro El Mutún, uno de los más importantes de la región con reservas de 44.000 millones de toneladas del metal.
Se trata de la primera expulsión de un inversionista extranjero del país desde que Morales asumió la presidencia en enero.
Organismos ambientales apoyaron la retirada de la firma al considerar que unas 250.000 hectáreas de bosques estaban en riesgo de ser deforestadas.
De acuerdo con las autoridades, la significativa demanda de carbón vegetal de la empresa (450.000 toneladas al año) ocasionaría una fuerte presión sobre las áreas boscosas de la región, elevando los riesgos sobre los recursos forestales actuales y potenciales.
Eike Batista, dueño de EBX y considerado el "barón de la energía" en Brasil, negó todas las acusaciones, pero anunció el 25 de abril su decisión de retirar sus inversiones del país y de desmontar en una semana los dos hornos en construcción.
"No me quieren en Bolivia", argumentó, dejando constancia de que este país perderá 450 millones de dólares de inversión y la creación de 620 empleos en 282 hectáreas que obtuvo en la zona franca de Puerto Suárez, asociándose, con un contrato de riesgo, con la empresa boliviana Zoframaq.
"Como boliviano creo que el país pierde la oportunidad de desarrollar la siderurgia a corto plazo", dijo a Tierramérica Fernando Tuma, presidente de Zoframaq.
"En 12 meses la planta podría estar produciendo 800.000 toneladas de arrabio y 300.000 de acero de construcción, 200.000 de ellas para exportación y 100.000 para reemplazar las importaciones que realiza Bolivia, generando un ahorro de divisas de 60 millones de dólares anuales y 280 millones de dólares por exportaciones", señaló Tuma.
En Brasil, legisladores y columnistas de los principales rotativos expresaron malestar por lo que consideraron "maltrato" a una firma de su país, y señalaron que Morales está amenazando los intereses brasileños.
"No puedo creer que el presidente Lula y el embajador de Brasil defiendan a empresas que no respetan las leyes ni la Constitución", había declarado el 24 de abril Morales, cuyo gobierno nacionalizó los hidrocarburos el 1 de mayo, afectanco otras importantes inversiones de Brasil.
Entretanto, grupos de pobladores de Puerto Suárez, que hace una semana llegaron a secuestrar a tres ministros en protesta por la salida de EBX, dijeron que seguirán movilizándose para proteger sus fuentes de trabajo.
El Comité Cívico de Santa Cruz, el polo de mayor desarrollo económico del país, también anunció un paro para el 4 de mayo en demanda de atención por parte del gobierno central a una serie de demandas, entre ellas la agilización de la licitación del yacimiento de El Mutún.
EBX opera en varios países desde 1983 con diferentes proyectos a través de su grupo empresarial, que incluye a MPX (energía), AMX (recursos hídricos) y MMX (siderurgia).
En junio de 2005 la empresa brasileña se registró en Bolivia con el objetivo de producir arrabio y acero, con base en carbón vegetal, pero según el gobierno, no identificó en su proyecto las áreas boscosas de donde lo extraería.
La empresa alega que se proveería únicamente de desmontes autorizados con certificación de la Superintendencia Forestal.
Pero según datos proporcionados a Tierramérica por el Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, con los desmontes únicamente se podría cubrir un pequeño porcentaje de la demanda anual de carbón vegetal en la primera fase del proyecto.
"De esta forma, se afectaría la conversión de suelos y se alteraría el régimen hídrico de la zona, con los consecuentes impactos negativos en áreas no autorizadas para el desmonte, es decir deforestación, pérdida de hábitat, impacto sobre ecosistemas frágiles cercanos, como los parques nacionales de San Matías y Otuquis", señaló el organismo.
El no gubernamental Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) dijo a Tierramérica que EBX requeriría no sólo deforestar todo el Pantanal boliviano (el pantano de agua dulce más grande del mundo) y toda la provincia Germán Busch, al sudeste de Santa Cruz, sino todo el bosque nativo de ese departamento, a unas 12.750 hectáreas por año, revelando, además, que la empresa se proponía sembrar eucaliptos.
El influyente analista Carlos Valverde denunció la siembra de 100.000 eucaliptos que consumirían toda el agua del Pantanal.
Fernando Tuma, de Zoframaq, desmintió tales denuncias: "EBX ya desmontó el vivero que estaba preparando para 13 millones de plantines anuales, no sólo de eucalipto sino de todas las especies del lugar. También aseguró que las zonas para forestar no estaban en el Pantanal, sino en áreas degradadas y abandonadas".
"La provisión de carbón vendría del aprovechamiento de los residuos forestales de más de dos millones de hectáreas forestales certificadas que tiene Santa Cruz y de todos los residuos de los desmontes agrícolas y ganaderos autorizados", aseguró Tuma * El autor es colaborador de Tierramérica. Este artículo fue publicado originalmente el 29 de abril por la red latinoamericana de Tierramérica.