Vecinos de la oriental ciudad argentina de Gualeguaychú, que resisten la instalación de dos plantas de celulosa en la costa uruguaya de un río limítrofe, desbloquearon este martes el puente binacional de la zona satisfechos por el respaldo popular del domingo, pero se mantienen escépticos.
"Somos conscientes de que esto llegó a su límite, pero hubiéramos querido irnos con algo en la mano", admitió a IPS Alejandra Crimella, residente en esta localidad de la provincia de Entre Ríos e integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental que resiste la puesta en marcha de las fábricas.
El camión atravesado desde el 5 de abril en la ruta de acceso al puente General San Martín, sobre el río Uruguay, se hizo a un lado para dejar libre el tránsito de vehículos, pero un grupo permaneció al costado del camino. Esas personas se quedarán hasta el domingo próximo, cuando una nueva asamblea decida los pasos a seguir.
Los activistas contrarios a la puesta en marcha de dos fábricas de celulosa, que comenzaron a bloquear esa ruta de ingreso a Uruguay de modo intermitente desde fines de 2005, lograron convocar el domingo una marcha sin precedentes en el país por lo masiva para manifestar por un tema ambiental.
En Gualeguaychú viven 85.000 personas y en el recorrido hasta el puente internacional los organizadores calcularon la presencia de unas 100.000. Es que llegaron de otras localidades de Entre Ríos, del resto de Argentina y también había delegaciones de Brasil, Chile y hasta de Uruguay.
"Todas nuestras expectativas fueron superadas. Hubo gente que no llegó al acto y que seguía caminando hacia el puente cuando todo había terminado", relató Crimella. La marcha fue convocada para conmemorar otra manifestación similar hace justo un año, cuando se movilizaron unas 40.000 personas.
Esta asociación de vecinos y ambientalistas dio visibilidad a los reclamos contra las fábricas que levantan en el occidental departamento uruguayo de Río Negro, a unos 25 kilómetros de distancia de Gualeguaychú, la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y la finlandesa Botnia, con una inversión acumulada de 1.800 millones de dólares.
Desde 1975, rige un tratado bilateral que administra y regula las actividades en torno al compartido río Uruguay. Sin embargo, para la radicación de estas dos fábricas y de un puerto privado, el gobierno uruguayo de Jorge Batlle (2000-2005) otorgó los respectivos permisos en 2003 y 2004 sin esperar la aprobación de la parte argentina.
Empero, en medio de la disputa, el gobierno uruguayo señala una negociación posterior que habría corregido esa falta en acuerdo con las autoridades de Argentina, que lo niegan.
El aducido incumplimiento de Uruguay y la resistencia de los vecinos de Gualeguaychú hicieron que el gobierno de Néstor Kirchner reclame la suspensión de las obras hasta que se realice un estudio de impacto ambiental independiente, en el que se despejen dudas sobre el eventual efecto negativo de estos proyectos.
Un análisis sobre los riesgos ambientales de las dos plantas de pasta para fabricar papel, encargado por la Corporación Financiera Internacional (miembro del Grupo Banco Mundial) a un panel de expertos independientes, sugiere numerosas correcciones a los estudios anteriores.
Los especialistas Wayne Dwernychuk y Neil McCubbin, de la consultora canadiense Hatfield, indicaron que las firmas deberían revisar y ajustar sus proyectos, lo que podría alterar los plazos de las obras.
También concluyeron que las afirmaciones de que los estudios "no han suministrado suficiente información sobre la propuesta de diseño, procedimientos de operación y monitoreo ambiental de las plantas son en general válidas". En cambio, consideran que las preocupaciones sobre "daños ambientales catastróficos carecen de sustento y son irracionales".
Argentina, que reclama más información de las empresas para hacer un estudio acumulado, anunció que apelará por primera vez ante el Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, encargada de dirimir conflictos entre países.
Para Osvaldo Moussou, otro de los integrantes de la Asamblea, la marcha fue "espectacular" por el "acompañamiento" de organizaciones de otras provincias y por "el comportamiento respetuoso de los vecinos", dijo a IPS. "Cuando se cantó el himno nacional uruguayo no hubo un sólo silbido", destacó.
Sin embargo, a la hora de analizar los pasos a seguir, el futuro se vislumbra sombrío. "Recibimos con agrado la decisión de ir a La Haya, pero creemos que es un poco tarde. Si el gobierno hubiera apelado a ese tribunal cuando lo pedimos, hace dos años y medio, quizás las pasteras no se estarían construyendo", reflexionó Moussou.
El gobierno prevé presentar este jueves la demanda, en la que se acusa a Uruguay de violar tres veces el Estatuto del Río Uruguay y se pide una medida cautelar para que, en el menor plazo posible, el tribunal ordene suspender las obras hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que puede demorar años.
"Los abogados nos dicen que no hay antecedentes de medidas cautelares en estos casos", declaró Moussou. De todos modos, consideró que el tribunal de La Haya "es el único camino que prevé la ley y nosotros queremos que el conflicto se dirima en el marco de la racionalidad y la legalidad", remarcó.
En cambio para Crimella, hubiese sido mejor mantener el corte de la ruta internacional, si no hasta conseguir la medida cautelar al menos hasta que se haga la presentación en La Haya. "Siempre dijimos que para suspender la medida de fuerza necesitábamos algo más concreto, y aún no tenemos nada", definió.
La vecina, que en la asamblea del lunes votó por mantener el corte, también se refirió al acto que realizará el presidente Kirchner este viernes en Gualeguaychú con gobernadores provinciales e intendentes en apoyo a la presentación ante La Haya. "Esperamos que eso no sea sólo un acto político más", expresó Crimella.
