La querella entre Argentina y Uruguay por la construcción de dos fábricas de celulosa a la vera de un río compartido arrastró a Calyon, un banco privado francés que financia a una de las plantas, cuando ecologistas acusaron a la institución de romper su promesa de proteger el ambiente.
Las fábricas, Orion, propiedad de la empresa finlandesa Botnia por 1.200 millones de dólares, y Celulosas de M'Bopicua, de la firma española ENCE, por 600 millones de dólares, están siendo construidas cerca de la occidental ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, limítrofe con Argentina.
Las autoridades argentinas, preocupadas por el impacto ambiental en la zona, presentaron una queja a inicios de este mes en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Buenos Aires quiere que se detengan las obras pues acusa a Montevideo de haberlas autorizado unilateralmente.
Según documentos de la Corte, Argentina sostiene que las fábricas "dañarán el ambiente del río Uruguay y su área de influencia".
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En el proceso de obtención de pulpa de celulosa a partir de la madera se emplean, además de grandes cantidades de agua, varias sustancias químicas, como cloro o dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno o peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio, que generan organoclorados (dioxinas y furanos), muy tóxicos, persistentes y con capacidad de acumularse en organismos animales.
Las empresas aseguran que usarán la tecnología más avanzada para reducir los riesgos de contaminación, pero Argentina exige estudios independientes e insiste en que no ha recibido toda la información necesaria de Uruguay.
Buenos Aires argumenta que el proyecto afectará a más de 300.000 residentes de la fronteriza ciudad argentina de Gualeguaychú, epicentro de un amplio movimiento de vecinos que pretenden impedir la instalación de las dos fábricas de pulpa de papel.
Estos ciudadanos están preocupados por los "significativos riesgos de la contaminación del río, el deterioro de la biodiversidad, los dañinos efectos en la salud y los perjuicios a los recursos pesqueros", señala la demanda, la primera de una nación latinoamericana contra otra ante un tribunal internacional sobre asuntos ambientales.
Argentina, que apela a la Corte por primera vez en su historia, sostiene que Uruguay violó tres veces el Estatuto del Río Uruguay, de 1975, al autorizar las obras sin cumplir los requisitos de los instrumentos firmados para reglamentar el uso racional del recurso compartido.
Buenos Aires además alerta sobre las "extremadamente graves consecuencias para el turismo y otros intereses económicos" en la zona.
Estas mismas preocupaciones han sido manifestadas por organizaciones ambientalistas internacionales, que acusan de hipocresía a los bancos privados involucrados en el proyecto, sobre todo aquellos que han sido destacados antes por su conciencia ambiental.
Un comunicado de prensa conjunto de Calyon y del grupo financiero sueco Nordea señala que 60 por ciento del financiamiento de la fábrica de Botnia provendrá de capital invertido por los accionistas de esa firma finlandesa, mientras que el 40 por ciento restante será obtenido mediante préstamos externos.
Varios grupos ambientalistas criticaron esta semana a Calyon, el brazo financiero internacional de Crédit Agricole de Francia, y lo acusan de haber roto los Principios de Ecuador, un acuerdo entre decenas de bancos privados para hacer inversiones con responsabilidad social y ambiental.
Calyon se precia de estar entre los bancos europeos más "responsables socialmente" y de haber sido uno de los primeros en firmar los Principios de Ecuador.
Las organizaciones Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra Uruguay, el Centro para los Derechos Humanos y el Ambiente, de Argentina, BankTrack, de Holanda, Guayubirá, de Uruguay, y World Rainforest Movement (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales) anunciaron que presionarán a la entidad bancaria francesa para que se retire del proyecto.
Nordea también es objeto de críticas por su participación.
Los ambientalistas se sienten confiados en su campaña sobre todo luego de que el banco holandés ING desistió de considerar un préstamo de 480 millones de dólares a Botnia.
Las compañías que construyen las plantas esperan todavía más de 400 millones de dólares de parte del Banco Mundial, que aún no ha aprobado el financiamiento.
La producción combinada de las fábricas, de 1,5 millones de toneladas, las convierte en una de las mayores iniciativas de producción de pulpa de papel en el mundo, además de ser la mayor inversión extranjera directa en la historia de Uruguay.
"Es lamentable que Calyon, otro banco con los Principios de Ecuador, se haya atascado en este acuerdo. ING hizo lo correcto y retiró sus inversiones", dijo el coordinador de BankTrack, Johan Frijns.
Residentes de Gualeguaychú presentaron quejas contra el proyecto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Oficina del Ombudsman y Asesor en materia de observancia, el órgano auditor para la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo de inversión privada del Banco Mundial.
En marzo, la auditoría reveló que los Procedimientos de Revisión Ambiental y Social de la CFI —el proceso a seguir cuando se inicia el estudio de un proyecto de financiación— no fueron "lo suficientemente completos ni rigurosos" en este caso.
Ambientalistas citan esto ante la Corte Internacional de Justicia como evidencia de la gravedad de la situación, y afirman que si Calyon le asegura financiamiento a Botnia será cómplice de "violaciones a los derechos humanos y a la ley ambiental".
Grupos ambientalistas y defensores de los derechos humanos señalan que las empresas internacionales están trasladando sus operaciones a los países pobres debido a que la legislación en Europa se ha vuelto más rigurosa en sus controles sobre la producción de pulpa de papel.
"La transferencia de las industrias de la pulpa de papel al Sur es algo que ocurre desde hace varias décadas", dijo a IPS Jorge Daniel Taillant, del Centro para los Derechos Humanos y el Ambiente, en contacto telefónico desde Argentina.
"Se están mudando a lugares como Uruguay, donde hay leyes ambientales menos estrictas", añadió.
